Equipo Nizkor - Acoso a la Justicia.

Pedro Sánchez, en campaña electoral, declaró tajantemente que le resultaría imposible incorporar a su gobierno a alguien que sostuviese que en España hay presos políticos. Debemos reconocer que no le faltaba razón. No se puede ser sistema y antisistema a la vez. Bien es verdad que no he entendido nunca demasiado bien qué significa ser antisistema. A veces es tan solo un título en el que empaquetar todo tipo de proposiciones utópicas e irrealizables, pero que reconforta a quien lo usa. En otras ocasiones, es un intento de tirar el agua sucia, sin preocuparse de no tirar también la palancana y el niño. Lo más frecuente es que se identifique con el anarquismo, el caos y la repulsa de toda ley, excepto la propia. Las posiciones antisistema suelen resultar inocentes, carecen de importancia, hasta pueden ser positivas, si permanecen recluidas en los movimientos sociales, o incluso en la oposición, pero tienen efectos muy negativos cuando se instalan en el poder y en el Gobierno.

El otro día, el actual vicepresidente segundo, siendo ya claramente sistema y casta, no tuvo ningún impedimento en hacer de pirómano, poniéndose una vez más del lado de los sediciosos y de los que proclaman sin tapujos que proyectan la desintegración del Estado. Ha pretendido, de forma gratuita y mal intencionada, desprestigiar a los tribunales españoles. Lo ha hecho de modo torticero, imitando las falsedades de los independentistas y trastocando los hechos.

Afirmó, refiriéndose al procés, que "los tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español". Siguiendo la estrategia de los secesionistas, deja en el aire una acusación que presupone toda una serie de supuestos falsos. Primero, el mantenimiento de la ambigüedad en la delimitación de lo que se entiende por tribunales europeos. Una cosa son los órganos jurisdiccionales europeos -el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)- y otra cosa distinta los tribunales de los diferentes países europeos. Solo los dos primeros pueden denominarse en sentido estricto tribunales europeos.

Antes que nada, hay que dejar constancia de que no constituye ninguna humillación para un tribunal ser corregido por otro de una jurisdicción superior, pues en esa posibilidad se encuentran las garantías procesales derivadas de la pluralidad de instancias. En este sentido no es, por tanto, un desdoro que tanto el TJUE como el TEDH fallen a veces en contra de los estados miembros. De hecho, todos los países acumulan múltiples sentencias desfavorables, al igual que también almacenan otras muchas con resultado positivo.

Pero es que, además, en los escasos pronunciamientos realizados por estos dos tribunales sobre el procés, el resultado ha sido más bien contrario a los sediciosos. Ha sido el TEDH, con sede en Estrasburgo, el que hasta ahora se ha acercado más al fondo del tema. En una sentencia dictada en mayo del 2019, rechaza por unanimidad la demanda presentada por la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros 75 diputados independentistas contra la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender el pleno del Parlament del 9 de octubre de 2017, en el que Carles Puigdemont iba a proclamar la independencia. La sentencia declara inadmisibles todos los puntos de la demanda y rebate todos los argumentos de los independentistas. Este tribunal rechazó también una demanda contra la prisión preventiva de Carme Forcadell por un tema procesal, al no haber agotado las instancias nacionales. Y tema menor pero significativo fue la confirmación por el TEDH de la multa de 6.000 euros que el TC había impuesto a uno de los miembros de la ilegal Sindicatura Electoral constituida de cara al referéndum del uno de octubre.

Ha sido la sentencia dictada por el TJUE 19 de diciembre pasado la que ha levantado más revuelo y ha sido aireada por los golpistas y sus simpatizantes como una desautorización del Tribunal Supremo. De ninguna manera se puede interpretar así, cuando ha sido el propio tribunal español el que planteó la cuestión prejudicial al tribunal de Luxemburgo. Se trata de un aspecto tangencial al proceso -- el momento en el que se adquiere la condición de eurodiputado. Nada que ver con el fondo del asunto. No hay por qué negar, sin embargo, que está creando problemas procesales a la justicia española, pero también los va a generar a toda la UE en el futuro. La sentencia no solo ha ido en contra de la opinión que en principio mantenía el Tribunal Supremo español, sino también de lo que defendían la Comisión, el Parlamento Europeo, e incluso de la teoría sustentada hasta entonces por el propio TJUE, y propuesta seis meses antes en el auto por el que rechazaba las medidas cautelares reclamadas por Puigdemont y Comín para poder acudir al Parlamento Europeo.

A la vista de todo esto, no se puede decir precisamente que los tribunales europeos hayan dado la razón a los golpistas y mucho menos que hayan humillado a los jueces españoles. Lo que sin embargo sí puede ser cierto es que los criterios sentados en la última sentencia del TJUE van a crear, al margen del procés, un sinfín de dificultades y conflictos tanto a las instituciones europeas como a los países miembros (véase mi artículo del pasado 26 de diciembre).

En cuanto a los tribunales de los otros Estados europeos, su comportamiento (aunque solo uno de ellos, el Tribunal Superior Regional de Schleswig-Holstein de Alemania llegó a pronunciarse), en lugar de ser expresión de los posibles fallos de los tribunales españoles lo es de la inoperancia del sistema de la euroorden y de la falsedad que se comete al hablar de integración europea. El tema penal no iba a ser la excepción en una Unión Europea llena de chapuzas y contradicciones.

No deja de resultar curioso que aquellos que se definen como herederos del movimiento 15-M, surgido de los desastres sociales causados por la política impuesta desde Europa, vuelvan la mirada a la misma Unión Europea como modelo a seguir y canon de comportamiento del Estado español. No es que la justicia española esté libre de defectos. Como toda institución social, no está inmaculada y tiene muchos aspectos perfectibles, pero es seguro que no tiene nada que envidiar a los tribunales de otros Estados europeos, y mucho menos cuando lo que se está comparando es el Tribunal Supremo español con jueces de cuarta división de otros países. En cualquier caso, el sistema judicial no se perfecciona prescindiendo de la ley y del derecho, tal como pretenden los sediciosos y aquellos que ingenua o maliciosamente les apoyan en el resto del Estado.

Los ataques al poder judicial del vicepresidente segundo parecen inscribirse en una operación mucho más amplia comenzada por los sediciosos catalanes, aceptada con gusto por el nacionalismo vasco y pactada en los momentos actuales con el Gobierno de la nación, tendente a lo que la llaman desjudicialización (un barbarismo mal sonante) de la política, que no es algo distinto a crear un espacio de impunidad en el que los hombres públicos resultan intocables y se sitúan al margen de la ley. En ese camino, el Gobierno Sánchez no dudó en manejar en el pasado a la Abogacía General del Estado, y al serle imposible hacer lo mismo con la Fiscalía se han apresurado a cambiar al Fiscal General, buscando para el cargo a quien se plegase plenamente a la voluntad del Gobierno. Ya es negativo que cada vez que se produce una alternancia en el poder se reemplace al Fiscal General del Estado, pero lo que rompe todos los cánones es que sin haber cambiado el partido en el gobierno y tan solo a un año de haber sido nombrado se cesa a la Fiscal General del Estado para poner en su lugar a alguien más complaciente.

Lo malo del momento presente es que los políticos pueden desdecirse totalmente de lo que dijeron ayer sin sentirse obligados a dar explicaciones. Si no, que se lo digan a Pablo Iglesias y a Alberto Garzón, que pasan de reprobar a la ministra de Justicia a ensalzar sus virtudes para el cargo de Fiscal General del Estado. Claro que a menudo es mejor no dar explicaciones. Es lo que le ha pasado al actual coordinador de IU (si es que queda algo que coordinar) que, al querer justificar su conducta, ha mostrado su gran ignorancia acerca de la estructura del Estado.

Lo que llaman la desjudicialización de la política remite a la politización de la justicia. De ahí que Pedro Sánchez mire con ojos golosones la renovación del Consejo del Poder judicial y del Tribunal Constitucional, y haya iniciado una campaña para presionar a la oposición acusándola de bloquear la justicia. Desde luego nada de cambiar el procedimiento de elección, tal como defendía cuando Rajoy estaba en el gobierno. Pero también preconizaba el concurso para nombrar al presidente de Radio Televisión Española y, sin embargo, designó por el procedimiento digital una administradora única a su medida. El peligro de la renovación de estos organismos no está en la renovación en sí misma, sino en el sectarismo con el que es previsible que se quiera actuar, teniendo en cuenta el que se ha utilizado en el nombramiento de la Fiscal General del Estado.

Para que la operación sea perfecta y la impunidad completa se ha pensado darle carácter retroactivo, y de este modo librar a los condenados del procés de las consecuencias de la política represiva, según dicen, del Estado español. El indulto resulta demasiado burdo y está sometido a toda una serie de informes que podrían resultar incómodos. Por otra parte, se precisaría que los indultados mostrasen arrepentimiento y la promesa de no incurrir en el futuro en el mismo delito. Es notorio que los golpistas no estan dispuestos a ello, pues no se privan de afirmar una y otra vez que van a repetir el golpe.

En vista de todo esto, se busca otro medio de llegar al mismo fin. Los sanchistas se sacan de la manga -o compran a los secesionistas- la propuesta de reformar el delito de sedición en el Código Penal reduciendo la cuantía de la pena, lo que sería de aplicación inmediata a los condenados. El hecho desde luego es muy burdo, y la relación de causa-efecto con el apoyo de los golpistas a la investidura de Sánchez es incuestionable, por muchos esfuerzos que haga Carmen Calvo en echar balones fuera. El relato empleado por la vicepresidenta es tan tosco que no puede engañar a nadie, excepto a ella misma. Afirma que no se va a tratar en la mesa de negociación con la Generalitat, lo que puede ser totalmente cierto porque ya se acordó, y se supone que como condición necesaria de la investidura.

Más grosera aún pero también más peligrosa es la pretensión de recurrir a la Unión Europea, "Europa nos ha lanzado un mensaje" afirmó de forma tramposa la vicepresidenta. Debe de ser la consigna dada a todo el Gobierno. Carmen Calvo, al igual que Pablo Iglesias y que el novísimo ministro de Justicia, deforma totalmente la realidad de la relación de Europa con la justicia española. La falsedad es tan palmaria que no merece que nos detengamos en ella. Diré tan solo que lo único que en realidad hacen es asumir ese discurso que los independentistas vienen repitiendo desde el comienzo, y con el que, mintiendo como bellacos, intentan desacreditar, fuera y dentro de España, nuestro Estado de derecho. Lo que era difícilmente imaginable es que el Gobierno de la nación se lo arrogase y lo refrendase.

No es preciso gastar demasiada masa gris para llegar a la conclusión de que la reforma del Código Penal tiene como única finalidad pagar peaje a los golpistas. Iluso de mí, pensé que después de varios años con las cuentas de Montoro a Pedro Sánchez le faltaría tiempo para, una vez terminada la investidura, enviar a las Cortes un nuevo presupuesto. Era de prever que el Ministerio de Hacienda lo tendría ya preparado y con los pocos reajustes necesarios para adaptar la estructura al nuevo Gobierno podría entrar en el Parlamento en seguida. Pues no, he aquí que nos anuncian que no llegarán al Congreso hasta el verano, como las bicicletas.

No es difícil descubrir la razón. El Gobierno, al mismo tiempo que con los presupuestos, precisa presentarse ante sus socios con las labores hechas, es decir con las promesas cumplidas, la modificación del Código Penal entre ellas.

30ene20

Acoso a la Justicia

[Fuente: Por Juan Francisco Martín Seco, República de las ideas, Madrid, 30ene20]

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