Equipo Nizkor - Sánchez e Iglesias pasan de los funcionarios: el Ejecutivo bate récord de directores a dedo.

El primer Gobierno de coalición no solo ha disparado el número de ministerios, altos cargos y asesores sino que es el Gobierno con mayor número de directores generales no funcionarios. Un total de 23 directores generales (nueve de ellos de Podemos, a pesar de tener solo cuatro ministerios y una vicepresidencia) no son funcionarios. La ley establece que ese rango está reservado a funcionarios salvo que el Ejecutivo motive que no hay nadie en los altos cuerpos que cumpla el perfil. El aumento de la política de partido y la falta de cuadros formados en la Administración de Unidas Podemos explica este récord.

Los directores generales son en teoría los más altos cargos en la pirámide de funcionarios. Aunque en la práctica responden a los ministros y a la política del Gobierno, la ley establece que "los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales". Sin embargo, permite que el Gobierno pueda pescar fuera de los cuerpos de la Administración "debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional".

La tendencia a politizar lo que en teoría es la cúpula de la Administración ha ido creciendo en las últimas legislaturas, pero ningún Gobierno de la democracia ha tenido tantos altos cargos elegidos a dedo como el de la coalición de Unidas Podemos y el PSOE. Un total de 23 cargos serán ocupados por personas de confianza de cada partido: 14 en el caso de Sánchez y nueve en el de la formación liderada por Pablo Iglesias.

Sánchez se supera a sí mismo en esta legislatura, al sumar seis cargos más sin carrera pública respecto a su anterior Gobierno. Rebasa también a Rajoy, que en su primer y segundo mandato nombró a 12 y seis cargos respectivamente; a Zapatero, que nombró a nueve en el primero y a seis en el segundo, y a Aznar, el primero que abrió la veda en su segundo Gobierno, con dos direcciones generales elegidas.

"Llama la atención que si nombrar a un cargo de confianza está justificado una vez, no lo esté siempre. No es normal que, según el Gobierno, unos no encuentren a nadie capaz en la Administración y otros sí", explica Jordi Solé, presidente de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca). "Pero cuando vemos el perfil que eligen, entendemos lo que pasa, que primero se elige a la persona y luego la justificación. Si al menos fueran profesionales indiscutibles para el puesto... Pero su experiencia es la que tienen con el partido".

El Gobierno emite informes muy genéricos para justificar las excepciones. En la última legislatura, la dirección del Instituto de la Mujer recayó en la socialista Silvia Bauvent, que venía de ser concejala socialista en Fuenlabrada. La excepción se justificaba en un largo informe sin contenido. "La Dirección del Instituto debe encargarse de canalizar la colaboración del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en estas materias con otras administraciones públicas y con las entidades representativas del sector, todo lo cual aconseja que el titular de este órgano directivo reúna una amplia experiencia de relación con los ámbitos universitario, asociativo (ONG) y fundacional, así como con los medios de comunicación".

Y añadía: "Las funciones que deberá desempeñar van más allá de las funciones técnicas o de gestión administrativa habituales en la mayor parte de los departamentos de la Administración General del Estado, y que, en consecuencia, deben ser desempeñadas necesariamente por funcionarios de carrera. Cabe destacar a este respecto que no existe un cuerpo de funcionarios cuyo perfil pueda relacionarse específicamente con este ámbito de la actividad pública".

El Centro de Investigaciones Sociológicas era otro ejemplo. El nombramiento de José Félix Tezanos, catedrático jubilado, lo justificó alegando que la contribución de el puesto requería de "un profesional de un perfil con amplios conocimientos, experiencia previa con la Administración Pública y el sector privado y relación profesional en los diferentes ámbitos de la sociedad española".

Los últimos presidentes del Gobierno han aprovechado la ambigüedad de la excepción para colocar a sus cargos de confianza. Tanto, que en 2010 el Tribunal Supremo ya emitió una sentencia que anulaba seis de los nombramientos del Gobierno de Mariano Rajoy. "Por aquel entonces no se motivaba, pero ahora sí, y el Supremo ya no entra a valorar si está fundamentado o no: si hay escrita una justificación de equis número de palabras, les vale", añade Solé.

En teoría, el Ejecutivo debe primero acudir a la reserva de funcionarios de categoría A1, a no ser que la especificidad del puesto requiera alguien de fuera (por ejemplo, experiencia en el sector privado), procedimiento que no se ha llevado a cabo esta vez, para descontento del cuerpo de funcionarios, que considera estos nombramientos un "botín electoral": "Es un nuevo ataque, una demostración de falta de credibilidad en una Administración profesional. Nos preocupa, porque llevamos muchos años oyendo hablar de la regeneración y la transparencia en la Administración, y no la vemos".

En esta ocasión, se suma además que Podemos no tiene banquillo entre los altos funcionarios. El PP suele tirar de abogados del Estado, mientras que tradicionalmente el PSOE tiene técnicos de la Administración Civil (TAC). Son funcionarios que pasaban a los altos cargos cuando llegaba un Gobierno de ese color y volvían a su plaza si pasaba a la oposición.

Pero la mayoría de altos funcionarios recela de Podemos. Uno de ellos, que ha tenido entrevistas con cargos de Podemos, explica que le han trasladado su problema para captar esos perfiles. Además, al buscar perfiles muy políticos para marcar la agenda de medios, Podemos ha puesto a sus diputados como altos cargos sin renunciar al acta. Tampoco ayuda la creación de nuevas carteras como Igualdad, que no tenía un ministerio único desde Bibiana Aído, con Zapatero. A Irene Montero le está costando encontrar empleados públicos que trabajen con ella, por tratarse de un ministerio sin complemento de productividad y, por tanto, con mucha menos retribución que otros destinos.

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Sánchez e Iglesias pasan de los funcionarios: el Ejecutivo bate récord de directores a dedo

[Fuente: Por R. Méndez, El Confidencial, Madrid, 30ene20]

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