Equipo Nizkor - Interior fabricó el informe policial del Orgullo que Marlaska oculta por "seguridad".

El Ministerio del Interior fabricó un informe policial para tratar de ocultar las coacciones a dirigentes de Ciudadanos en la marcha del Orgullo LGTBI de Madrid del pasado 6 de julio. El supuesto atestado concluyó que no se produjeron "agresiones" a los políticos del partido naranja y acusó a estos de haber intentado provocarlos desobedeciendo las "instrucciones" y "consejos" de la Policía como parte de una "acción mediática y publicitaria". Sin embargo, según han precisado a El Confidencial fuentes próximas al dispositivo, ese informe habría sido cocinado en la estructura del ministerio sin recoger el testimonio de ni uno solo de los agentes que escoltaron aquella tarde a los dirigentes de Ciudadanos. Es decir, que su relato de los hechos es ficticio.

La sombra de la sospecha gravita sobre las seis hojas del documento, que casualmente fue filtrado solo dos días después de la marcha a algunos medios de comunicación. El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez aprovechó rápidamente su contenido para desacreditar las denuncias de Ciudadanos y apuntalar su tesis de que no se produjo ningún incidente reseñable. Pero el Ejecutivo se opone ahora a facilitar más información. La Dirección General de la Policía Nacional acaba de rechazar una petición de transparencia que solicitaba una copia del atestado y otros posteriores. Alega que no puede entregarlas porque su contenido está supuestamente "limitado" por motivos de "seguridad pública", según adelantó Colpisa y han confirmado a este diario fuentes de Interior.

Con todo, el verdadero problema para el departamento de Fernando Grande-Marlaska es que el documento no es fiel a lo que pasó. La Jefatura Superior de Policía de Madrid movilizó a ocho agentes de la Brigada Provincial de Información para que acompañaran aquella tarde a los políticos y simpatizantes de Ciudadanos que decidieron participar en la manifestación del Orgullo, pero pronto se demostró que el número de policías era muy inferior al necesario. Según fuentes próximas al despliegue, durante más de cinco horas, esos ocho efectivos fueron testigos directos de empujones, lanzamiento de objetos y líquidos, insultos y amenazas a los dirigentes de la formación naranja.

La situación fue tan crítica en algunos momentos que los policías se vieron obligados a solicitar refuerzos en repetidas ocasiones ante el temor a no poder garantizar ni siquiera su propia integridad. Los policías llegaron a reclamar la presencia de compañeros de las Unidades de Intervención Policial (UIP), pero la sala de coordinación del dispositivo, que aquella tarde estaba comandada por la delegada del Gobierno en Madrid, María Paz García-Vera, rechazó recurrir a los antidisturbios para crear un cordón de seguridad en torno a los manifestantes de Ciudadanos. Los ocho agentes de la Brigada Provincial de Información tuvieron que hacer frente a la situación en solitario. Solo al final de la tarde apareció un subgrupo de UIP --una docena de efectivos--, pero fue para sacar a Inés Arrimadas y otros políticos del recorrido y alejarlos de la zona.

Contra toda lógica, Interior optó por omitir la versión de estos agentes para confeccionar un informe alternativo. Su documento, filtrado en tiempo récord y que carece de firma y número de carné, lleva membretes erróneos y omite el nombre de la unidad que supuestamente lo redactó, asegura que los 200 seguidores de Ciudadanos solo tuvieron que soportar un "nivel de agresividad y violencia mínimo" y sostiene que, en realidad, los problemas fueron ocasionados por la propia formación. Así lo considera, por ejemplo, cuando acusa a los políticos de no querer "sortear por los laterales" a un grupo de manifestantes que se plantó frente a la pancarta del partido para impedir su avance. "Los dirigentes de Ciudadanos se negaron a seguir las indicaciones policiales", sostiene el atestado.

El informe admite que minutos después se produjo un nuevo bloqueo "que duró aproximadamente una hora y 20 minutos" y que en ese momento se "incrementaron los gritos e insultos al grupo de Ciudadanos" en medio de una acumulación cada vez mayor de asistentes al Orgullo, pero a continuación resta importancia a estos hechos y asegura que solo se les lanzó "agua con pistolas de juguete y alguna botella de plástico vacía, que no llega a impactar en nadie, ni causar lesiones". En otro punto, el informe 'fake' directamente miente. Asegura que había 20 agentes de la Brigada Provincial de Información protegiendo a Ciudadanos cuando nunca llegó a haber más de ocho.

Otros pasajes del informe fabricado por Interior incluyen incluso valoraciones de carácter político. En las conclusiones, asegura que, "desde un inicio, la pretensión de que el grupo Ciudadanos cuente con un cordón policial para asistir a una manifestación se interpreta como una maniobra para catalizar la acción mediática y publicitaria del MADO-19 [Manifestación del Orgullo 2019]". "Es evidente, ya que se disponía de una protección de paisano suficiente y adecuada para garantizar la seguridad", afirma, antes de reiterar en otro párrafo que "el grupo de Ciudadanos no ha seguido en ningún momento las instrucciones policiales, ni sus consejos".

El atestado escondido ahora en un cajón por motivos de "seguridad pública" no tardó en ser desmentido por la propia Policía Nacional. Como adelantó este diario el pasado sábado, los agentes de la Brigada Provincial de Información que dieron escolta al partido naranja aquella tarde de julio entregaron a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid una semana después de la marcha el auténtico atestado policial. Este documento relata con todo lujo de detalles las agresiones, insultos y amenazas que se registraron en la zona del paseo del Prado en un contexto que fue especialmente crítico durante un periodo de al menos dos horas, según las fuentes consultadas. Niega que los efectivos fueran suficientes y subraya que se desatendieron sus peticiones de refuerzos.

El relato es tan pormenorizado que la Fiscalía concluyó la semana pasada que, efectivamente, los dirigentes de Ciudadanos fueron objeto de un presunto delito de "coacciones", aunque, en una decisión también controvertida, apostó por el archivo de las actuaciones al no haberse podido identificar a ninguno de los agresores. Lo cierto es que el atestado facilitado por la Brigada Provincial de Información hace seis meses sí identificó al menos a un militante del PSOE y dos plataformas LGTBI como supuestos autores de los hechos.

No obstante, según fuentes jurídicas, la Fiscalía está dispuesta a reactivar el caso si aparecen nuevas pruebas incriminatorias. Se da la circunstancia de que el Ministerio Público no entró en la autoría del informe sin firma ni membrete porque Ciudadanos no se refirió al documento en su denuncia, porque pretendía dejar claro primero que fue víctima de un delito de coacciones. El fin de las diligencias de Fiscalía provocará que la causa pase ahora a manos de un juez, que podrá acordar la práctica de nuevas pruebas y extender el foco de las pesquisas.

Un portavoz oficial de Interior ha negado a preguntas de este diario que el informe sin firma sea irregular. Asegura que el formato entra dentro de lo común y que fue redactado por la Jefatura Superior de Policía, aunque rechaza desvelar quién fue su autor. En todo caso, mantiene que se confeccionó de forma libre y sin recibir indicaciones de ningún tipo por parte del ministerio. Sobre la negativa a facilitar el documento, explica que se trata de un decisión de la Dirección General del cuerpo y que no está prevista ninguna gestión para que ese organismo cambie de criterio.

17dic19

Interior fabricó el informe policial del Orgullo que Marlaska oculta por "seguridad"

[Fuente: Por José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 17dic19]

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