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01dic18
Niegan al abogado del Estado purgado por la rebelión la plaza que solicitaba
La máxima responsable de la Abogacía del Estado, Consuelo Castro, ha denegado al hasta hace unos días jefe de Penal, Edmundo Bal, la plaza que solicitaba. Tras el cese desencadenado por su postura en la causa en la que el Tribunal Supremo investiga el 'procés', en la que era partidario de acusar por rebelión y no por sedición como finalmente se hizo, Bal ha sido reubicado fuera del área que dirigía desde 2002 y en un orden jurídico que no deseaba, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.
Después de relevarle de su cargo, el departamento que dirige Dolores Delgado tenía pendiente asignarle un nuevo destino. Las fuentes consultadas aseguran que Bal expresó su deseo de permanecer en penal, cosa que la jefatura descartó de forma automática. A continuación, reclamó incorporarse a un puesto en el área de laboral, que le permitiría continuar defendiendo la postura de la Abogacía en sala, ya muchos de los procedimientos de este carácter desembocan en juicios.
Sin embargo, tampoco esta solicitud fue atendida y el abogado estatal ha sido enviado al área de contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, una labor donde abunda el papeleo y la contestación de recursos y no se suele llegar a la fase de vista oral. Se le aparta así lo máximo posible de la exposición pública y, además, deberá cambiar de sede física ya que los despachos se encuentran en otra ubicación.
La decisión del Ejecutivo de elegir una línea distinta a la de la Fiscalía, que acusa por rebelión y pide 25 años para el 'exvicepresident', fue interpretada como un gesto hacia los de ERC en plena negociación de los Presupuestos. Durante semanas, el Ejecutivo mantuvo que la acusación era una decisión de los abogados de Estado del caso y que no había instrucciones políticas. En su escrito original, Bal reclamaba penas idénticas a las del Ministerio Público y defendía el factor 'violencia' en los acontecimientos de hace un año en Cataluña.
Tras esta primera versión de la acusación, redactó otras dos cumpliendo las instrucciones recibidas: una donde únicamente solicitaba perseguir a Oriol Junqueras y los otros 17 acusados por malversación y otra en la que defendía la sedición, como se le había solicitado. Pero este último escrito no contentó al Ejecutivo que eliminó partes enteras de la redacción. Ante esta desvirtuación, el exjefe de penal se negó a firmar. Tuvo que hacerlo en su lugar la abogada general Castro.
Pérdida de categoría
El relevo de Edmundo Bal ha sido interpretado como una represalia por muchos de sus compañeros. El Ministerio de Justicia justificó su decisión en una pérdida de confianza provocada por su negativa a asumir "instrucciones". En base al Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, esgrimió el principio de dependencia que obliga a cumplir las órdenes de la jefa, en este caso Castro, en quien el departamento que dirige Delgado deposita el peso de la decisión. Bal no accedió a firmar el escrito definitivo y este fue presentado con la rúbrica de su superior.
Además de la pérdida de la responsabilidad que ostentaba, Bal pierde la máxima categoría en la que ahora se encontraba, un nivel 30, y pasará a un 28. Es decir, volverá al grado de base, en el que ingresan todos los abogados estatales tras aprobar la oposición. También habrá repercusiones económicas de la decisión y el cese repercutirá en una merma de sus ingresos anuales considerable.
[Fuente: Por Beatriz Partera, El Confidencial, Madrid, 01dic18]
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