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06jun06
España tiene la tasa más alta de presos de Europa, 140 por cada 100.000 habitantes.
El número de personas internadas en centros penitenciarios en España crece sin parar. Según los datos facilitados a La Vanguardia por la dirección general de Instituciones Penitenciarias, a 2 de junio había 63.211 reclusos en el país. Eso quiere decir que la tasa (número de presos por 100.000 habitantes) se sitúa en 140. Los últimos datos comparativos respecto al resto de Europa sitúan a España a la cabeza continental en proporción de presos.
La tasa es el baremo que se emplea en Europa para conocer la proporción de reclusos de un país. El pasado mes de enero, España ocupaba la tercera posición de la Unión Europea, pues tenía 135,1. Estaban por delante Portugal (136) y Gran Bretaña (139). En estos momentos, España tiene ya una tasa de 140. Instituciones Penitenciarias aún no tiene actualizadas las cifras portuguesas y británicas, pero dado las tendencias más estables que tienen estas naciones, se da por seguro que España ya está en cabeza de esta lista. En Catalunya, la tasa era en enero de 108. Ahora ha crecido diez puntos, hasta 118, según informaron fuentes de Justícia de la Generalitat.
Por comunidades autónomas, la que tiene más reclusos es Andalucía (13.569), seguida de Catalunya (8.848), Madrid (8.145), Castillay León (6.681) y Valencia (6.008). Sorprende el dato referido a Castilla y León, pero tiene una explicación. Como quiera que allí hay centros penitenciarios y la población es relativamente pequeña, se usan estas cárceles para ingresar extranjeros sin arraigo una vez se cumplen los trámites judiciales, según explicaron en Instituciones Penitenciarias.
Los mismos medios señalaron que este crecimiento galopante (cinco puntos en seis meses) no se debe tanto a los nuevos ingresos en prisión, sino en la dificultad para salir de la cárcel mediante la redención de penas o la posibilidad de acceder a condenas condicionales. Así pues, las cifras, las tendencias y los hechos señalan que los tópicos de un país donde nadie va a prisión o donde se entra de la cárcel por una puerta y se sale por la otra no se ajustan a la realidad.
Más aún: este endurecimiento de la realidad penal no casa con la situación de la delincuencia, que arroja dos resultados dispares. Así, por ejemplo, mientras la situación penitenciaria es cada vez más intransigente, la delincuencia creció en el 2005 dos puntos respecto al 2004, rompiendo una tendencia al descenso de los dos ejercicios anteriores, según datos oficiales del Ministerio del Interior hechos públicos el pasado mes de enero. El mismo departamento también señaló que la tasa de criminalidad (número de delitos por mil habitantes) es de 49,3; veinte puntos por debajo de la media europea.
El caso es que, en contra de lo que popularmente se piensa, le legislación española se ha endurecido notablemente desde el año 1995, cuando se aprobó una modificación del Código Penal que, a su vez, ha sido repetidamente reformada. La evolución fue explicada con detalle por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga José Luis Díaz Ripollés durante el Congreso Internacional Penitenciario que se desarrolló en Barcelona el pasado mes de abril.
Así, este experto describió que el texto de 1995 significó una moderada renovación del sistema de penas existente, pero las reformas legales del 2003 "inciden de forma masiva" sobre la penalidad. Por ejemplo, se altera la legislación para determinados supuestos, de forma que el máximo a imponer es de 40 años de prisión. Según Díaz Ripollés, en la práctica, lo que supuso la ley del 2003 fue un "inusitado endurecimiento del sistema de penas en nuestro código" con condenas llevadas a límites "desconocidos en el derecho penal franquista".
El problema, para el catedrático, no sólo es éste, pues se "cercenan contundentemente las posibilidades de suavizar" las penas de media y larga duración, que son las que más han crecido desde 1995. (Paradójicamente, los delitos que crecen son los leves) "Todo ello", dijo Díaz Ripollés, "da lugar a un sistema de penas fuertemente orientado hacia un uso intensivo de la prisión en todas sus variantes. Brilla por su ausencia una voluntad político criminal dirigida a ofrecer una alternativa a las penas privativas de libertad".
La extrema presión que el incremento de reclusos supone para el sistema penitenciario obliga a la construcción sin demora de más centros en toda España, y, según Instituciones Penitenciarias y la Generalitat, pone en peligro la posibilidad de llevar a cabo políticas de reinserción, además de representar un peligro para la convivencia en los centros. Durante un acto en el Institut de Reinserció Social, el conseller de Justícia, Josep Maria Vallès, expresó que los datos y la remota posibilidad de remisión representa "el fracaso del aumento de las penas como receta mágica contra la delincuencia."
[Fuente: La Vanguardia, Barcelona, 06jun06]
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