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06ago18
La juez eleva al Supremo la investigación del máster de Casado al apreciar ‘indicios de responsabilidad penal’
La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al presidente del PP, Pablo Casado, por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio al considerar que existen "indicios" de que obtuvo el máster de Derecho Autonómico como un "regalo académico por su relevancia política e institucional". En la exposición razonada, la juez acuerda enviar toda la pieza C, referente al máster de Casado, al Supremo incluyendo, por tanto, a los siete imputados que figuran en el procedimiento, pues entiende que "podría existir indiciaria responsabilidad penal" en Casado "en íntima conexión con otras personas no aforadas".
Se trata del exrector Fernando Suárez; el exdirector del Instituyo de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde; los profesores Pablo Chico y Alicia López de los Mozos, así como las tres estudiantes María José Cancio, Alida Mas Taberner y María Mateo Feito, las dos últimas exaltos cargos del PP.
La juez del caso máster declara agotada la instrucción en todo aquello que “no implica actuaciones procesales” en relación a Casado y lo envía al Supremo, el órgano competente para investigar, si procede, al líder del PP al tratarse de una persona aforada. Con todo, la jueza recuerda que esta decisión es recurrible en reforma ante el juzgado o en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, en un plazo de tres y cinco días, respectivamente.
Tras una importante ronda de declaraciones llevada a cabo la semana pasada, la juez cree que existe “indiciaria responsabilidad penal” del líder del PP y recuerda que, al ser diputado, la competencia para continuar la instrucción de la denominada pieza C -relativa a su máster- “podría corresponder” al alto tribunal. Por ello, acuerda elevar la causa al Supremo delimitando el alcance de los hechos, “los indicios de criminalidad” que los sustentan y aquellos que podrían acreditar su atribución a la persona aforada y su calificación jurídica.
Casado aprobó el máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) tras cursar solo cuatro de las 22 asignaturas gracias las convalidaciones de otras 18 materias, por lo que solo tuvo que realizar cuatro trabajos de unos 90 folios para obtener este título de posgrado, sin ir a clase ni presentar un Trabajo de Fin de Máster (TFM), cuando era diputado autonómico.
Nada más conocerse la noticia, el líder del PP convocó a la prensa para mostrar esos cuatro trabajos, aunque no permitió hojearlos, y aseguró que no fue a clase tras acordarlo con el exdirector del Instituto de Derecho Público y principal implicado en el procedimiento, Enrique Álvarez Conde.
La magistrada abrió una pieza separada para aclarar si las irregularidades detectadas en el curso 2011-2012 del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se dieran en la promoción del presidente del PP de 2008-2009.
Imputados por cohecho
En esta pieza, la juez mantiene imputadas a otras tres compañeras de Casado del mismo máster y con expedientes académicos similares por los delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa.
Dentro de esta investigación, la magistrada solicitó la vida laboral y política de Casado. Además, pidió a la Universidad que le remitiera expedientes de otros másteres para comprobar si las convalidaciones de créditos de Casado y las otras tres alumnas investigadas eran frecuentes o excepcionales.
La Universidad informó entonces a la juez que “no les consta ningún documento consistente en los trabajos del Sr. Casado para ser evaluado en los 20 créditos no convalidados, ni rastro documental que evidencie su aportación en el curso académico 2008-2009 (correo postal, electrónico o de cualquier otro modo)”. Y Conde manifestó después que no tiene ni trabajos ni documentación de Casado, ni de las tres alumnas que cursaron el máster con él que declararon la pasada semana como investigadas y que, supuestamente, obtuvieron el título de similar forma al líder del PP, con convalidaciones masivas y calificaciones de sobresaliente.
La decisión de la juez se produce después de que las últimas comparecencias dentro de esta pieza dejaran algunas revelaciones como el caso de una alumna que hizo el mismo máster de Casado, María Dolores Cancio, que reconoció el pasado jueves ante la magistrada que obtuvo el título sin hacer trabajos y sin ir a clase tras acordarlo con Álvarez Conde, quien le manifestó que no se preocupara por nada, que no hacía falta que hiciera nada.
Explicó que fue Conde quien le dio indicaciones sobre cómo tenía que hacer para que le convalidaran 40 créditos, como hizo el líder del PP, así como la devolución de las tasas por asignaturas convalidadas, algo que también realizó Pablo Casado.
Junto a ella, también comparecieron otras dos compañeras, María Mateo Feito y Alida Mas Taberner, que sí defendieron que hicieron los trabajos necesarios para ser evaluadas, pero no aportaron ningún documento que lo demostrara.
Precisamente el testimonio de Mateo Feito, hija de la exasesora de la Consejería de Educación Maria Teresa Feito (a la que la profesora Cecilia Rosado acusa de presiones por el acta del TFM de Cifuentes) derivó en la imputación por esta pieza del catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Pablo Chico. Así, indicó a la magistrada que una de sus asignaturas había sido calificado por este profesor, que sin embargo negó el pasado viernes haber evaluado a esta estudiante y aseguró ante la juez que ese año no dio clases en el polémico máster de Derecho Autonómico.
[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 06ago18]
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