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02may16
El juez embarga la cuenta del PP en el Ayuntamiento de Valencia
El juez encargado del caso Imelsa ha intervenido de forma cautelar la cuenta que el PP del Ayuntamiento de Valencia tenía abierta en el Banco Sabadell, en la cual se habrían realizado los ingresos del presunto blanqueo de capitales. El magistrado Víctor Gómez ha ordenado el embargo a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras el análisis de las anotaciones de movimientos pertenecientes a la secretaria del grupo municipal Mari Carmen García-Fuster.
La medida adoptada por el instructor, a instancias de la Fiscalía, requiere al banco para que comunique el saldo actual de esa cuenta a nombre del grupo municipal del PP de Valencia, precise la identidad de las personas autorizadas e impida "la realización de actos de disposición con cargo a la misma".
El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha informado de esta medida y ha indicado que el juez ha rechazado la petición del fiscal para que se intervenga también la cuenta que está a nombre de uno de los investigados para gestionar los ingresos procedentes de la lotería.
Esta pieza separada, con 47 investigados, más el PP como persona jurídica, investiga las donaciones de mil euros efectuadas por concejales y asesores para la campaña electoral de 2015, y que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.
Según un comunicado del TSJCV, "no se aprecian motivos, de momento, con relación a la presente causa y delito investigado, para la intervención" de la cuenta de la lotería, según explica el juez en una providencia en la que, sin embargo, pide a la entidad bancaria la relación de movimientos registrados desde la apertura de la misma.
La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento es una pieza separada del caso Imelsa, en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en la Diputación (a través de la empresa Imelsa), el Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y la Generalitat (a través de la empresa Ciegsa).
La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.
Fuentes del Ayuntamiento de Valencia, personado en la causa como acusación popular, han confirmado a EFE que, como parte del proceso, aún no les ha llegado la notificación de la decisión del juez aunque sí el documento en el que la Fiscalía les informaba de que iba a reclamar la citada intervención de las cuentas.
[Fuente: República de las ideas, Efe, Madrid, 02may16]
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