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31oct13
Bárcenas acorrala al PP por financiación irregular usando el único recibí que tiene
El Partido Popular puede acabar siendo acusado de financiación irregular por una prueba que parecía accesoria, en comparación con las graves acusaciones que ha ido desgranando el caso Bárcenas desde que se abrió esta pieza separada del caso Gürtel el pasado marzo. La Asesoría Jurídica del Partido Popular acaba de reconocer ante la Audiencia Nacional que no tiene contabilizados los 200.000 euros que, según el extesorero Luis Bárcenas, él mismo entregó en 2007 al PP de Castilla-La Mancha para hacer frente a gastos electorales de las autonómicas de ese año.
Por un lado, el documento remitido ahora a la causa por los populares contradice a la actual secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que el pasado mes de julio admitió públicamente que ese traspaso de fondos había existido, aunque negó tajantemente que implicara ninguna "irregularidad". Pero implica una contradicción de mayor calado: los datos oficiales de Génova colisionan con el presunto comprobante de esa transacción económica, que también ha sido enviado por Bárcenas a la causa.
Se trata de una cuartilla manuscrita en la que figura la firma del gerente del PP castellanomanchego, José Ángel Cañas Cañada. En el documento, que está pendiente del resultado de una prueba caligráfica ordenada por el instructor del caso para comprobar su autenticidad, Cañas habría dejado constancia de haber recibido 200.000 euros entregados por Bárcenas. Según ha asegurado el extesorero, esos fondos procedían de una comisión pagada por una filial de Sacyr a cambio de la adjudicación del contrato de recogida de basuras de la ciudad de Toledo, gobernada entonces por el PP. El ayuntamiento de esta ciudad ha remitido al juzgado el expediente de la adjudicación de ese contrato, que ascendió a más de 63 millones de euros en total.
La contestación del PP reconociendo ahora que ese presunto traspaso interno no está en sus libros oficiales cuestiona la versión de Cospedal y deja al partido a las puertas de una infracción administrativa por financiación ilegal que podría convertirse en un delito electoral (artículo 149 de la Ley del Régimen Electoral General, castigado con hasta cuatro años de cárcel) si se demostrara que esos 200.000 euros no contabilizados acabaron destinándose a pagar gastos relaciones con la campaña del partido, como admitió la secretaria general del PP en un primer momento. Posteriormente, matizó que se habían utilizado durante la precampaña.
Una prueba determinante
El recibí cobra así un valor determinante en la investigación sobre la presunta trama de financiación irregular del PP. Después de todo, es el único comprobante de pago que forma parte de la causa. En los papeles del extesorero aparecen anotaciones contables que reflejarían presuntas donaciones a la caja del partido de empresas privadas y también pagos a dirigentes de la formación, pero ninguno de esos movimientos quedó registrado con la rúbrica de los supuestos donantes o beneficiarios. Sin embargo, en el recibí de 200.000 euros aparece la firma del cargo del partido que supuestamente recibió los fondos, frustrando la estrategia que ha puesto en marcha el PP para limitar todos los daños a la actuación de su extesorero.
La contundencia de esta presunta prueba ha motivado que el instructor del caso, Pablo Ruz, admita que sigan practicándose diligencias para dilucidar si se cometieron los delitos que Bárcenas imputa a su antiguo partido. Además de ordenar la prueba caligráfica sobre el recibí, Ruz decidió imputar hace tres semanas por estos hechos a Cañas y a los presuntos pagadores de esos 200.000 euros, el presidente de Sacyr en aquel entonces, Luis del Rivero, y la persona que actualmente ocupa ese puesto, Manuel Manrique. El gerente del PP castellanomanchego y los dos altos responsables de esta constructora tendrán que declarar el próximo miércoles en la Audiencia Nacional para aclarar su participación en estos hechos.
Delito electoral y cohecho
Para las acusaciones, esta línea de investigación es la que menos dudas genera de todas las que se han abierto en el marco del caso Bárcenas. "Están todas las pruebas necesarias para imputar al PP un delito electoral. Está el origen de los fondos, quién recibe los fondos y la firma de la persona que los acaba recogiendo. De todo lo que hay en el proceso es la prueba más directa, la que más se ha concretado", afirma Antonio Segura, letrado de la Asociación Libre de Abogados, una de las acusaciones populares de la pieza separada. "Si se demuestra incluso que esa donación se realizó a cambio de la concesión del contrato de basuras de Toledo, estaríamos ante un delito de cohecho, algo mucho más serio", advierte este abogado.
Otro letrado de la acusación, Jaume Asens, del Observatori DESC, cree que el PP "intentará demostrar que, a pesar del recibí, en realidad no se produjo ningún movimiento de dinero o, incluso, que el gerente de Castilla-La Mancha les estafó quedándose con los 200.000 euros". "No hay duda de que, de todo lo que ha salido en este caso, es la prueba más grave", añade.
[Fuente: Por José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 31oct13]
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