Equipo Nizkor - La cascada de polémicas del Gobierno pone contra las cuerdas el apoyo de Podemos.

Se cumple un mes de la vuelta de Pablo Iglesias a la primera línea política. Y la situación que tiene delante no puede ser más complicada. El líder de Podemos debe hacer continuos equilibrios en su papel de socio de Gobierno y de defensor de la ejemplaridad en las instituciones. En la sede de Princesa 2 no dan abasto para reaccionar a las polémicas que afectan a día sí y día también a miembros del gabinete de Pedro Sánchez.

Desde la polémica tesis doctoral del presidente hasta la sociedad interpuesta que creó el ministro Pedro Duque para comprar sus casas, pasando por el plagio de la exministra de Sanidad Carmen Montón o las conversaciones de la titular de Justicia Dolores Delgado con el excomisario José Manuel Villarejo.

Iglesias ha sugerido que tanto Duque como Delgado sean "apartados" de la política, aunque siempre ha evitado usar el término dimisión. La decisión de Sánchez de mantenerlos en sus puestos, en cualquier caso, no condiciona "en absoluto" el compromiso del partido morado para lograr un acuerdo de Presupuestos para 2019. Los 67 diputados del grupo confederal son claves para sostener a un Ejecutivo que sólo cuenta con el respaldo de 84 escaños socialistas. Si Podemos estuviera en el Gobierno, "quizá no estaríamos padeciendo los problemas que estamos padeciendo ahora", decía Iglesias esta semana en una entrevista.

Los datos del último sondeo del CIS dejan a Unidos Podemos y sus confluencias en cuarto lugar con una estimación de voto del 16,1%, frente al 30,5% que recaban los socialistas. Cocinas al margen, la tendencia no refleja una recuperación del partido morado en los sondeos tras su papel clave para el triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Aunque el nuevo papel que juegan ahora está permitiendo a la formación recuperar parte del foco mediático que perdieron con la salida forzosa de sus líderes por su paternidad.

Conseguir los PGE

Ahora todos los esfuerzos se centran en arrancar al Gobierno un pacto que permita financiar medidas concretas de corte social con las que presentarse a las elecciones generales cuando Sánchez decida apretar el botón nuclear. Sin eso, la estrategia podría haber fracasado. De momento, la negociación presupuestaria se lleva con sigilo. Aunque los morados se han encargado de trasladar sus exigencias en público a través de varios actos con la prensa. Iglesias compareció en La Moncloa tras reunirse con Sánchez. El equipo del Presidente creyó adecuado ofrecerle ese espacio para darle "visibilidad".

A lo largo de estas semanas, el líder de Podemos ha pedido "sentarse" con las eléctricas, ha criticado la "improvisación" del Ejecutivo a la hora de plantear la reforma constitucional para suprimir los aforamientos; y mantiene como prioridades la subida del salario mínimo (SMI) a 1.000 euros y una reforma legal para controlar el aumento de los precios del alquiler.

En cuestión de dos semanas se comprobará hasta qué punto avanza el diálogo con Hacienda articulado en torno a varias mesas sectoriales. La voluntad de Unidos Podemos es tener cerrado un paquete de medidas antes de que España envíe el borrador de los Presupuestos a Bruselas el 15 de octubre, como se comprometió Sánchez con el comisario de Asuntos Económicos Pierre Moscovici. Algo que en el departamento que dirige María Jesús Montero ven muy complicado más allá de unas líneas generales. Dan por hecho, eso sí, que se tendrá que trabajar sobre la senda de estabilidad ya aprobada y pactada por Mariano Rajoy con Bruselas.

PP y Ciudadanos han bloqueado definitivamente en el Congreso el cambio urgente y por lectura única de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que buscaba suprimir la capacidad de veto del Senado a la hora de aprobar la senda. Y el PP anunció que usaría su mayoría absoluta para bloquear la aprobación de cualquier nueva cifra. Los socialistas recurrirán junto a los morados al Tribunal Constitucional el bloqueo ejercido por las formaciones de centro-derecha en el órgano de gobierno del Parlamento. Pero los plazos no permitirán llegar a tiempo.

Por tanto, PSOE y Podemos deberán pactar las cuentas públicas con 6.000 millones menos de gasto público que la Unión Europea ya había autorizado. Aunque de esa cifra, sólo 1.200 afectan directamente a los PGE, es decir, la cantidad que va a la Administración General del Estado. El resto se reparte a partes iguales entre la Seguridad Social (2.500) y las Comunidades Autónomas (2.500). Por lo tanto, no será difícil encontrar fórmulas para compensar la pequeña parte que afecta a Presupuestos mediante el aumento de la recaudación.

El apoyo del partido morado a esas cuentas públicas dependerá, en definitiva, del acuerdo "global" al que lleguen con el Gobierno. No hay líneas rojas, pero esos "desacuerdos" de los que habla el secretario general dotarán a Iglesias de argumentos para la campaña electoral. Todo para reforzar el mantra que defienden de que "el PSOE dice una cosa en la oposición y hace otra cuando gobierna". Si finalmente cierran un pacto, será tiempo de negociar el apoyo de los independentistas catalanes de ERC y el PDeCAT además de los nacionalistas del PNV. Y ahí Iglesias se ofrece a jugar de nuevo el papel mediador de la moción. Pero esta vez lo tendrá mucho más difícil.

30sep18

La cascada de polémicas del Gobierno pone contra las cuerdas el apoyo de Podemos

[Fuente: Por Diego Molpecres, Vozpópuli, Madrid, 30sep18]

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