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05sep17
Miembros de Podemos amenazan con llevar a los tribunales los nuevos estatutos
El conflicto abierto entre una parte de la comisión de garantías estatal de Podemos y la dirección del partido, a raíz de los nuevos estatutos, amenaza con terminar en los tribunales. El órgano interno que vela por que las decisiones organizativas se ajusten a reglamento invalidó a finales de julio los artículos referentes al régimen disciplinario, denominados por los críticos "ley mordaza", como adelantó este diario. A partir de ese momento se produjo un choque de legitimidades en el propio órgano, incluyendo la apertura de un expediente contra su presidenta, Olga Jiménez, a quien respalda la mayoría de comisiones autonómicas pero cuyos dictámenes, incluida la nulidad de los nuevos estatutos, no reconoce la ejecutiva. Las posturas están cada vez más alejadas y entre el sector que defiende a Jiménez no se ve otra salida que acudir a la Justicia si la dirección se cierra al diálogo.
La ejecutiva del partido abordó este lunes, en su primera reunión del nuevo curso político, la situación planteada por la comisión de garantías, pero en ningún momento se barajó modificar los nuevos estatutos. Como ya había explicado previamente el secretario de Organización, Pablo Echenique, su posición es que los estatutos "se ajustan a los documentos [aprobados en Vistalegre II] como se mandató" y, en todo caso, defiende que el "escrito" que reclama su anulación se rechazó posteriormente por la propia comisión.
Desde el entorno de la presidenta del órgano, ahora expedientada, argumentan que el primer dictamen fue aprobado por la mayoría de la comisión, pero que posteriormente se les quitó a los miembros suplentes su derecho a voto, del que habían gozado hasta el momento, cambiando así "de forma antidemocrática" los contrapesos del tribunal interno "en beneficio de la secretaría de Organización". De ahí que denominen al nuevo equipo "comisión Echenique", en detrimento de la comisión de "pleno derecho", calificando estas decisiones de "golpe de Estado interno".
La única vía que ya solo contemplan varios de los miembros del partido que han impulsado la revuelta para que se invaliden los estatutos es presentar una denuncia en los juzgados, por la vía ordinaria, por vulneración de derechos. Sería su última bala, que amenazan con disparar si sigue adelante el expediente contra la presidenta del órgano y no se reconoce la legitimidad del dictamen que anula los estatutos, como reclama el manifiesto 'Garantías para Podemos', que ya ha recabado más de un millar de firmas en tres días. "Saben que si los estatutos acaban en el juzgado, se nos dará la razón", aseguran las mismas fuentes.
El "enrocamiento" del secretario de Organización, ignorando el dictamen "de obligado cumplimiento" que anula los estatutos, según sostienen desde el entorno de la presidenta de la comisión de garantías, tendrá una respuesta organizada. Una actitud por la que, añaden, "Pablo Echenique podría estar cometiendo infracciones de la normativa de Podemos" al trasladar públicamente lo que consideran "informaciones no veraces". Esto es, "no es cierto que se presentara ante la CGDE [comisión de garantías democráticas estatal] una propuesta contra los estatutos y que esta fuera rechazada".
Aval a la presidenta de la comisión
Echenique insistía por su parte en que la trasposición de los documentos aprobados en Vistalegre II en los nuevos estatutos "fue ajustada a la norma", pero que si la comisión de garantías –en la que solo reconoce a los titulares, no a los suplentes, como rezan los nuevos estatutos– decidiese anular los nuevos estatutos, no tendría ningún problema en modificarlos. Un escenario que, dijo, no se ha producido, sino más bien "todo lo contrario".
El manifiesto que exige un cambio de postura a la ejecutiva, y cuya autenticidad de ciertas firmas puso en duda Echenique como ya denunciaron algunos cargos públicos, argumenta que "la seguridad jurídica, el respeto a las normas y a los órganos, la protección eficaz de los derechos de los inscritos, la independencia de las comisiones de garantías democráticas, la no injerencia y el acuerdo en la resolución de conflictos son fundamentales para preservar la democracia en Podemos y la única vía para asegurar que, en efecto, el partido es la herramienta del cambio". De lo contrario, concluye el texto, "estaremos debilitando el proyecto".
El futuro de la presidenta de la comisión de garantías, Olga Jiménez, también está en el aire tras la apertura de un expediente todavía pendiente de resolución. Un expediente que, según se instaba en las conclusiones del pleno celebrado el pasado 31 de agosto por las distintas comisiones de garantías, debería revocarse por no ajustarse a derecho. En esta línea, aseguran que Jiménez "seguirá ejerciendo sus funciones legitimada y avalada estatutariamente por la votación de la asamblea ciudadana estatal y su elección para el cargo por la CGDE tras su constitución". Los siguientes pasos del sector enfrentado a la dirección por el conflicto abierto con este órgano se definirán en los próximos días, pero todo a punta a que tendrá que resolverse en la Justicia ordinaria.
[Fuente: Por Iván Gil, El Confidencial, Madrid, 05sep17]
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