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24ago17
Medio centenar de cargos desafían el golpe de Pablo Iglesias para controlarlos
Los problemas se acumulan para Pablo Iglesias. Medio centenar de jueces de los distintos tribunales de Podemos -cuya función en el partido es dirimir los conflictos internos y velar por los derechos de los militantes- alzaron ayer su voz contra las injerencias de la Ejecutiva para controlarles y comprometer tanto su imparcialidad como su rol de contrapeso.
En un manifiesto, estos miembros de las distintas comisiones de garantías -la nacional y las autonómicas- rechazaron rotundamente las últimas maniobras efectuadas por la Ejecutiva para apartar a la actual presidenta de la Comisión de Garantías Estatal, Olga Jiménez, con el fin de dar un vuelco en el equilibrio interno para que los afines a Iglesias puedan controlar este órgano clave en la resolución de conflictos.
El pronunciamiento se hace a título individual por los firmantes y se produce después de que oficialmente las comisiones de garantías de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja aprobaran dictámenes en esa misma línea.
El manifiesto da «pleno apoyo» al dictamen de la Comisión de Garantías Estatal que desató el conflicto con la Ejecutiva, y en el que anulaba los nuevos estatutos de Podemos por haber incluido modificaciones que no fueron aprobadas por las bases en el congreso de Vistalegre II. Eso provocó que los tres miembros afines a Iglesias en el tribunal reaccionaran denunciando a Jiménez, impulsando la apertura de un expediente sancionador. Estos mismos denunciantes nombraron hace una semana instructor de la causa y, acogiéndose a los estatutos invalidados, proclamaron a uno de ellos como presidente provisional del tribunal.
Sin embargo, la maniobra para apartarla ha desatado la solidaridad de otros jueces de Podemos: «Reiteramos nuestro pleno apoyo al buen hacer de nuestra presidenta» y «manifestamos desde ahora nuestra total oposición al expediente disciplinario que se le quiere abrir por carecer totalmente de objeto y fundamento y por haberse instruido por un órgano incompetente que ha usurpado las competencias» del tribunal.
No reconocen la «formación impostada» de la nueva comisión que quiere «ser impuesta por los órganos ejecutivos» y advierten de que la «usurpación de funciones y cargos es contraria a los estatutos». Además de no tener «legitimidad», dicen, «se trata de falsedad personal».
Los firmantes -cinco de la comisión estatal- denuncian que los cambios introducidos en los estatutos quieren «acabar con la independencia» de los tribunales en Podemos.
[Fuente: Por Álvaro Carvajal, El Mundo, Madrid, 24ago17]
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