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22abr22
El feminismo socialista se revuelve contra la ley 'trans' de Irene Montero
El informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de ley Trans ha insuflado nuevos bríos a las críticas y a la denuncia del movimiento feminista clásico enraizado históricamente en el PSOE y arrinconado por Pedro Sánchez en beneficio de los planteamientos de libre autodeterminación de la identidad sexual abanderados por Unidas Podemos, su socio minoritario en el Gobierno.
Las organizaciones feministas agrupadas en la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres alertan de que el anteproyecto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que aún debe ser sometido al escrutinio obligatorio pero no vinculante del Consejo de Estado, es discriminatorio, abre de par en par la puerta al fraude de ley en materias como la violencia contra la mujer, la paridad y el deporte y supone un riesgo grave para los menores. Y puntualizan: "Esta no es una ley de derechos trans, porque los transexuales ya tienen como todo el mundo reconocidos sus derechos".
La Alianza reclama la retirada del anteproyecto, o como mínimo su reforma en profundidad siguiendo las directrices del CGPJ y tras un debate exhaustivo entre expertos, y da por hecho que, en caso de que el Gobierno haga oídos sordos y siga adelante con su texto, será recurrido ante el Tribunal Constitucional por los partidos de la oposición. Portavoces de la Alianza recalcan que el movimiento feminista clásico no dudaría en dar también este paso si pudiera.
En cualquier caso vaticinan, si la norma sale adelante en sus términos actuales, un rosario de demandas judiciales cada vez que haya el más mínimo tropiezo relacionado con los menores o con los registros estadísticos. Y adelantan que no dudarán en cuestionar los protocolos educativos que afrontan como casos de disforia un abanico enorme de problemas recurrentes en preadolescentes. La Fundación Amanda trabaja principalmente en este terreno y tiene registrados ya más de 130 casos. Prepara un informe analizando los perfiles de los chicos que presentan problemas de todo tipo y a los que se deriva a este tipo de protocolos.
Hacen hincapié, al igual que el CGPJ, en la sentencia del Tribunal Constitucional que únicamente permite el cambio de sexo en el registro a los 16 años y siempre con diagnóstico, persistencia y consentimiento paterno. Recalcan que no es aceptable que los menores puedan hacerlo sin justificación. "Un menor no puede automedicarse", advierte Ángeles Álvarez, referente del feminismo socialista, para quien los "malestares de género" en la adolescencia no tienen por qué cursar en transexualidad.
El anteproyecto de ley habla de proporcionar en estos casos terapias afirmativas que implican suministrar bloqueadores hormonales. Una "locura" para la Alianza que recuerda que las terapias de conversión ya han empezado a retirarse en los países nórdicos y en Francia. Y señalan la contradicción que supone el que la ley ponga más condiciones administrativas para detransicionar que para transicionar.
Fraude de ley
Denuncian también que el proyecto contradice la ley de Igualdad que parte del planteamiento de la disgregación por sexo. Explican el caso acontecido en 2018 en el estado mexicano de Oaxaca cuando 17 hombres se presentaron en las listas electorales como mujeres. Fue el propio colectivo trans el que lo denunció y las autoridades hubieron de echar atrás las candidaturas.
Asimismo hacen hincapié en los problemas de fraude de ley que pueden darse en los casos de violencia de género. Un varón que ha cometido un acto de violencia machista debe ser juzgado en base a la ley de violencia de género aun cuando haya cambiado a mujer. Se trata de evitar que los maltratadores puedan hacer un uso espurio de la ley.
Desde la Alianza contra el Borrado de las Mujeres recriminan a Pedro Sánchez que no atienda ninguna de sus reivindicaciones y que haya impuesto la ley del silencio entre las feministas del PSOE que ocupan cargos. Pese a todo, aseguran que no las van a callar.
El feminismo socialista se encuentra todavía a la espera de recibir respuesta del presidente del Gobierno a la carta que le remitieron hace un año explicando su posición en lo relativo a las leyes de autodeterminación de género. El documento estaba firmado por José Luis Ábalos, entonces ministro y secretario de Organización; Carmen Calvo, vicepresidenta y secretaria de Igualdad; Santos Cerdán, secretario de Coordinación Territorial, y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, secretario de Relaciones Institucionales. En el texto se afirmaba que sentirse mujer o varón no podía implicar un reconocimiento de esa identidad en términos jurídicos. "El denominado derecho a la libre determinación de la identidad sexual carece de racionalidad jurídica", zanjaban.
[Fuente: Por Marisa Cruz, El Mundo, Madrid, 24abr22]
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