La presunta utilización de una asesora de Podemos como niñera, el uso fraudulento de la Caja
de Solidaridad del partido, aumentos salariales a dirigentes, desvío de fondos a plataformas
afines, pagos a una consultora por servicios presuntamente no prestados… estas son algunas
de las líneas de investigación abiertas por la Justicia en torno al partido que lidera el
vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Son un total de ocho causas que afectan ya a
destacados responsables del partido, entre ellos su cofundador Juan Carlos Monedero, quien
tendrá que declarar la semana que viene como imputado por el presunto cobro de una factura
falsa. También la mano derecha de Iglesias en Podemos y en la Vicepresidencia, su
responsable de Comunicación, Juan Manuel del Olmo.
El llamado Caso Neurona, lejos de diluirse rápidamente como vaticinaron desde la formación
morada, ha ido creciendo desde que el pasado verano el juez titular del Juzgado de Instrucción
número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, decidió imputar al partido como persona jurídica.
En el centro de las sospechas del juez estaba el pago de 363.000 euros de las subvenciones
públicas a la consultora mexicana Neurona para hacer contenido electoral en los comicios
generales de abril de 2019. El magistrado tiene dudas de que esos trabajos realmente se
prestasen y esa sensación la comparten tanto la Fiscalía de Madrid como el Tribunal de
Cuentas. Recientemente un informe de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía avaló la
mayoría de trabajos aportados por Podemos, pero el juez todavía está a la espera de las
conclusiones de la UDEF.
A medida que el juez fue ordenando diligencias, el caso se fue complicando para Podemos.
Neurona es una firma que solo trabaja para líderes de izquierdas, principalmente en
Latinoamérica. Su responsable César Hernández Paredes, aparece en Internet en actitud
amistosa con Monedero. La suma total de pagos a Neurona fue de 430.000, el contrato se
firmó después de las elecciones, el juez cree que se creó ad hoc una sociedad de la consultora
en España para canalizar los pagos sin que consten trabajadores en ella. Además, parte de ese
dinero acabó destinado a otra sociedad mexicana bajo el foco de la investigación.
La denuncia de sus exabogados
Pero el punto de partida de esta investigación está en dos extrabajadores del partido. Son los
exabogados de la formación, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, ambos despedidos a
principios de 2020. El primero fue cesado bajo la acusación de haber acosado sexualmente de
una compañera. La denuncia fue archivada en los tribunales, el letrado fue indemnizado por
despido improcedente y ahora prepara una demanda contra Pablo Iglesias por atentar a su
honor. Mónica Carmona era la responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, algo así
como una auditora encargada de investigar irregularidades internas.
Ambos alegan que fueron cesados cuando hallaron multitud de indicios. El propio juez, en uno
de sus muchos autos puso de relieve el problema que tienen los dirigentes de Podemos con la
ética del cumplimiento de las normas a partir del trato que les dieron a ambos. Los letrados
plasmaron sus averiguaciones en una querella que terminó recayendo en el Juzgado de
Escalonilla. Algunas de las cuestiones que denunciaban como las obras de la sede del partido o
una relación similar a la de Neurona con otra firma portuguesa se han ido archivando. Pero
otras siguen vivas desde el principio.
Es el caso de la aprobación de incrementos salariales en el partido, unos hechos por los que
está investigada la gerente del partido, Esther Val, y el responsable financiero, Daniel de
Frutos. En su declaración ante el juez, De Frutos dijo que por los resultados que tuvieron en
las elecciones, había menos gente de finanzas en otros territorios, a él le tocaba "hacer más
responsabilidades y se aplican estos complementos que están solo durante el ejercicio de tu
función".
"Tanto Daniel de Frutos como yo tenemos a muchos efectos poder de representación. Eso no
lo tiene nadie más en el partido excepto Daniel de Frutos y yo. Por lo tanto, formamos parte
del núcleo de representantes del partido. En base a eso implemento ese plus de coordinación y
además lo anejo al cargo", dijo la gerente en una declaración a la que tuvo acceso este
periódico.
La Audiencia Provincial defiende investigar
La apreciación de presuntas irregularidades en Podemos no se limita a la Fiscalía, el Tribunal
de Cuentas o el juez Escalonilla. También incluye a la Audiencia Provincial de Madrid que ha
defendido el mantenimiento de Podemos como investigado en la causa o la reapertura de
investigaciones que el magistrado había archivado como la que afecta a la llamada Caja de
Solidaridad del partido. Se trata de una cuenta en la que los cargos del partido donaban parte
de su sueldo para que se destinase a fines sociales. Por estos hechos figura como acusación
particular una exsenadora de Podemos. Las acusaciones populares las integran Vox y la
asociación de juristas Pro Lege.
Las dudas de la Audiencia Provincial se centran en el pago de al menos 30.000 euros a una
asociación integrada por seis miembros del partido, "algunos de ellos con cargos relevantes".
El exabogado del partido que dio origen al caso, José Manuel Calvente, había denunciado que
una asociación llamada #404 Comunicación Popular le había pedido 50.000 euros a Podemos
y que ese dinero se destinó para "un presunto pago a un miembro del partido político" (la
denuncia no identificaba en concreto a quién).
El Grupo III de la Unidad Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla investigó por orden del
juez el Registro Nacional de Asociaciones en busca de los fundadores de 404 Comunicación
Popular. Pese al silencio de Podemos, los investigadores detectaron que la asociación que
recibió el dinero es titular de una cuenta de la entidad Triodos Bank y que recibió tres
transferencias ordenadas por "Podemos" por valor cada una de ellas por importe de 10.000
euros el 5 de septiembre de 2019, el 20 de marzo de 2020 y el 15 de junio de 2020.
El último revés para Podemos ha sido la decisión del juez de abrir procedimientos
independientes sobre otras cuatro líneas de investigación. El origen de la información ha
vuelto a ser el mismo. A petición del magistrado Escalonilla, Mónica Carmona mandó todos
los expedientes que había iniciado cuando era auditora del partido y aportó nuevos indicios.
Entre ellos estaba el polémico uso de una asesora de Podemos como niñera de los hijos de la
pareja que forman Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Podemos se quejó de que Carmona había ido más allá de lo que le había pedido el juez y
apuntó a que eran informes creados ad hoc por su animadversión hacia al partido. La Fiscalía
aprecia ese interés contra la formación morada, pero se mostró a favor de no mirar para otro
lado e investigar las novedades. El juez ha atendido la petición y ha acordado la apertura de
cuatro nuevas vías de investigación en un auto del pasado 3 de marzo en el que no precisa si
las tramitará él o la derivará a otros juzgados al no tener relación con sus pesquisas.
Además del caso de la niñera pide que se abra un procedimiento sobre la presunta apropiación
por parte de Iglesias de las costas procesales del partido, unos hechos avanzados por
Vozpópuli. Carmona señala que el secretario general Pablo Iglesias cobró las costas
procesales de un juicio ganado por su partido y cuyos honorarios (de abogado y procurador)
había pagado la formación.
Las otras dos tienen que ver con el presunto envío de un total de 500.000 euros a un proyecto
solidario llamado Escuela Popular Paulo Freire -vinculado al dirigente de Podemos Rafael
Mayoral, uno de los más próximos a Iglesias- y a la fundación del partido llamada 25M. Su
actual responsable es Juan Carlos Monedero pero las irregularidades detectadas por Carmona
son anteriores a su llegada al cargo.
En cualquier caso, Monedero tendrá que dar explicaciones el lunes de la semana que viene
ante el juez Escalonilla en el marco de una pieza separa que investigó en secreto desde
septiembre hasta hace solo unas semanas. Tiene que ver con el cobro de 26.200 euros de
Neurona poco antes de que Podemos alcanzase su acuerdo de colaboración con Podemos.
Tanto el juez como la Policía apuntan a una posible comisión por facilitar el acuerdo entre
ambas partes. Él alega que corresponde a trabajos de asesoría, pero a los investigadores les
generan dudas la factura que aportó para justificar el trabajo prestado, que según dice fueron
300 horas presenciales. La Policía llegó a plantear que le investigaran por blanqueo de dinero
pero el juez lo consideró prematuro.
[Fuente: Por Alejandro Requeijo, Vozpópuli, Madrid, 09mar21]
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