Equipo Nizkor - El juez mantiene imputado a Podemos y resalta la "falta de compromiso de sus dirigentes con la cultura de cumplimento de las normas legales".

Podemos sigue imputado. El juez que investiga las cuentas del partido ha rechazado la petición de la formación de archivar la causa. Lo hace en un auto en el que destaca "la falta de compromiso de los dirigentes de dicho partido político con la cultura ética o cultura de cumplimento de las normas legales".

El magistrado Juan José Escalonilla responde así al intento de Podemos de presentar abundante normativa de funcionamiento interno que, en su opinión, demostraría sus esfuerzos por prevenir la comisión de delitos en su seno. Eso permitiría eximir al partido de responsabilidad penal en el caso de que los delitos -como apunta la causa penal- se llegaran a cometer.

El juez rechaza que los documentos puedan servir para eso. A su juicio, "en nada suponen el cumplimiento por parte de dicho partido político de los modelos de cumplimiento normativo" a los que se refiere la ley para exonerar de responsabilidad penal a las personas jurídicas.

A eso, prosigue el auto, se suma que en la investigación practicada hasta ahora se desprende que dirigentes del partido no daban información esencial a los dos abogados responsables precisamente de prevenir las posibles ilegalidades dentro de la formación: José Manuel Calvente -cuya denuncia dio pie a esta causa- y Mónica Carmona. En las reuniones mensuales que mantenían no se les informó de actuaciones relevantes. Por ejemplo, de la licitación de las obras para la reforma de la sede central. O de la contratación de la consultora chavista Neurona para supuestos trabajos electorales.

Los dirigentes a los que hace referencia el magistrado y que no comunicaron los datos que debían fueron Pablo Manuel Fernández (gerente) y Rocío Esther del Val (gerente con posterioridad), Juan Manuel del Olmo (el responsable económico) y Daniel de Frutos (tesorero). Tanto Del Olmo -mano derecha de Pablo Iglesias- como Del Val y De Frutos están imputados en la causa.

"A lo anterior cabe añadir el cese fulminante tanto de la responsable de cumplimiento normativo, Mónica Carmona, como del Delegado de Protección de Datos, Juan Manuel Calvente, que actuaba como colaborador de aquella, en cuanto se tuvo conocimiento de las investigaciones llevadas a efecto por su parte, lo que además de infringir la autonomía de dicho órgano del partido político resulta igualmente expositivo de tal falta de compromiso de los dirigentes de dicho partido político con la cultura ética o cultura de cumplimento de las normas legales", sostiene el juez.

"En base a lo anterior", concluye el auto, "no cabe apreciar que el programa de cumplimiento normativo o compliance guides del partido político Podemos resulte eficaz, lo que determina que siendo objeto de investigación en la presente causa la posible comisión por parte de cargos ejecutivos de dicho partido político de un presunto delito de financiación ilegal, de existir indicios de la comisión de dicho delito resultaría igualmente responsable penal dicho partido político".

Reforma de la sede

Los pagos a la consultora Neurona son lo que centran ahora la investigación, ya que el juez cree que en realidad ese contrato ocultaba un desvío de fondos a otros fines aún por determinar. En ningún caso a actividades electorales, que era lo que la ley imponía. Otras vías abiertas a raíz de la denuncia de Calvente se han ido cerrando. En otro auto dictado también esta semana, el acuerda archivar la parte de la investigación que afectaba a la reforma de la sede central de la formación, unas obras por la que se acabó pagando el doble de la cantidad licitada.

El juez no detecta que el dinero fuera a parar a otra cosa que a las propias obras, por lo que rechaza seguir adelante con una investigación penal. Podemos, sin embargo, no sale bien parado de la resolución judicial, que sostiene que la intención del partido al licitar las obras por la mitad de lo que acabaron costando era eludir el pago de impuestos al Ayuntamiento de Madrid. De hecho, en el auto se acuerda comunicar los datos de que dispone al ayuntamiento, para que estudie si reclama nuevas cantidades a Podemos.

"Cabe concluir racionalmente que el hecho de que tanto en el Proyecto Básico como posteriormente en el Proyecto de Ejecución, se consignaran unos precios mínimos [...] obedeció a la finalidad de pagar una cantidad inferior a la procedente al Ayuntamiento de Madrid por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras", dice el auto. La licitación fue por 650.000 euros y el gasto real en la reforma acabó siendo de 1,4 millones.

El juez añade que ha pedido dos veces a Podemos que le presente "la documentación acreditativa de la regularización" del pago de dicho impuesto, "sin que hasta la presente fecha se haya presentado el documento acreditativo de la liquidación final del importe del ICO conforme al valor real de las obras".

El auto también archiva otra de las ramas de la investigación. Se trata de la que afectaba al posible delito de descubrimiento y revelación de secretos por parte del partido, al haberse accedido sin autorización al ordenador de una de sus abogadas, Marta Flor Núñez. El juez sí ve un posible delito, pero para perseguirlo es necesario que la perjudicada denuncie los hechos, algo que no ha sucedido. A diferencia de Carmona y Calvente, Marta Flor Núñez está alineada con la cúpula del partido y ha ejercido de abogada del propio Pablo Iglesias en el conocido como caso Dina.

13ene21

El juez mantiene imputado a Podemos y resalta la "falta de compromiso de sus dirigentes con la cultura de cumplimento de las normas legales"

[Fuente: Por Manuel Marraco, El Mundo, Madrid, 13ene21]

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