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11ene21


El rival de Iglesias en Vistalegre III demanda a Podemos para anular la votación


Fernando Ángel Barredo, el militante de Podemos que encabezó una candidatura alternativa en Vistalegre III, ha presentado este lunes una demanda ante los juzgados de Madrid para que se anule la votación en la que Pablo Iglesias fue reelegido como secretario general del partido en mayo. El escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial y está pendiente de que se admita a trámite, se apoya en la sentencia del 28 de diciembre del Juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid, que anuló las primarias que Podemos celebró en Collado Villalba en noviembre de 2018 al considerar que se había producido un pucherazo electoral "manipulando el resultado de las urnas".

"Siendo la forma de proceder de Podemos la misma en las primarias de Collado Villalba que en las que son objeto de la presente litis, mi representado ha visto confirmadas aún más si cabe sus sospechas y no puede pasar por alto estos gravísimos hechos a fin de que este juzgado los enjuicie y determine la nulidad del proceso electoral", sostiene la demanda. "A través de sus informáticos, pueden alterar el censo de votantes a su antojo, conocer de antemano su voto, y suprimirlo si el resultado no es favorable al aparato, aparte de que los candidatos que no son de la lista de Pablo Iglesias, no conocen de antemano las personas que componen el censo".

En Vistalegre III, Iglesias fue reelegido de forma telemática con un 92% de los votos frente al 7,8% de Barredo, proceso que solo contó con una participación del 11% cuando el mínimo se había fijado en 10. Con estas cifras como telón de fondo, Barredo pide "la nulidad de la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos por vulnerarse los estatutos, reglamentos y los derechos fundamentales", así como condenar al partido "a que lleve a cabo todo el proceso de primarias con la máxima transparencia y con garantía de los derechos de igualdad entre los candidatos, incluyendo el acceso por parte de éstos al censo de inscritos y estableciendo los mecanismos oportunos".

La demanda la firma Celia Cánovas, exsenadora de Podemos que acabó enfrentada con su formación y ahora se presenta a las elecciones catalanas como cabeza de lista de Izquierda en Positivo, un nuevo partido. Con ella como abogada, Barredo ya pidió detener las primarias en marzo y presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción al considerar que hubo fraude en Vistalegre III, pero confía en que la sentencia de Collado Villalba sirva para apuntalar su postura. En los últimos meses, Cánovas también ha intentado, sin éxito, personarse como acusación particular en el procedimiento en el que se investiga a Podemos y a parte de su cúpula por presunta malversación.

Del censo a la limitación de cargos

Entre los argumentos que Barredo esgrime en la demanda destacan los que hacen referencia al control del partido sobre el censo, cuestión que se destaca a su vez en la sentencia sobre Collado Villalba. "El censo se cerró teóricamente el día 1 de marzo, oficializando así el número de personas inscritas en el partido que podían votar, y cumpliendo el calendario oficial de la asamblea. Lo que no se supo durante el tiempo en el que mantuvieron en suspenso el proceso [por la pandemia], es que el censo, que el reglamento obligaba a cerrar el 1 de marzo, había sido abierto de nuevo, en silencio, por el equipo técnico y lo cerró el 2 de mayo", sostiene en el escrito.

El demandante asegura que, con esta maniobra, el partido se inventó "nuevas reglas como la de que se pudieran sumar como candidatas cuantas personas se hubieran inscrito en el partido en ese intervalo y sin los avales exigidos por cuya falta ya habían sido eliminados del proceso varios postulantes iniciales a la Secretaría General, siendo el actor el único candidato no oficialista que consiguió los avales". "La candidatura encabezada por mi mandante fue prácticamente obligada a aceptar las nuevas reglas de juego, incorporando a cuatro candidatos, para evitar estar en mayor desventaja, aunque esto no sirvió para nada", denuncia.

Otro de los argumentos de Barredo se centra en que Iglesias y otros miembros de su candidatura --Irene Montero, Ione Belarra o Noelia Vera Ruiz-- ocupaban más de un cargo público durante el proceso, con lo que "superaban el límite de un cargo institucional o función pública establecido en el artículo XI b) del Código Ético de Podemos, puesto que cada uno ocupaba dos cargos públicos, el de diputado y un cargo en el Gobierno de España, sin que para ser miembro del Gobierno sea necesario ser diputado, lo que supone que están incumpliendo el Código Ético y por ello no podían ser candidatos en la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos".

"Estamos ante un caso de absoluta arbitrariedad en la aplicación de la normativa interna y el demandante tiene derecho a exigir su cumplimiento para que todos los candidatos sean votados en plano de igualdad, porque las exigencias del Código Ético no admiten excepciones y se generaría un agravio comparativo y un grave precedente al exigir el cumplimiento o tolerar el incumplimiento de las obligaciones estatutarias en función del candidato que se presenta", denuncia el escrito.

[Fuente: Por Pablo Gabilondo, El Confidencial, Madrid, 11ene21]

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