Equipo Nizkor - Podemos admite que se saltó su normativa interna al adjudicar las obras de su sede.

El juez que investiga la presunta financiación irregular de Podemos ha descubierto otro agujero contable del que pueden derivarse nuevas responsabilidades penales. El partido acaba de reconocer en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que carecía de presupuestos cuando sacó a licitación las obras de reforma de su nueva sede en mayo de 2019, a pesar de que su Plan interno de Cumplimiento Normativo y sus estatutos impedían la ejecución de cualquier tipo de gasto sin la aprobación previa de unas cuentas anuales.

El hallazgo no solo arroja dudas sobre las finanzas y la transparencia de Podemos y cuestiona el modo en el que el partido es gobernado por su cúpula. También abre la puerta a una futura condena de la formación como persona jurídica y abona el terreno para la atribución de nuevos delitos a sus principales dirigentes, que ya están imputados por malversación de caudales públicos. La reforma del Código Penal de 2012 obligó a los partidos y sindicatos a disponer de planes internos de control para velar por el respeto del marco legal y luchar activamente contra posibles prácticas corruptas. Podemos se adaptó a esa modificación en 2016 con la presentación de un código de funcionamiento que exigía (punto 7.3.1.4) la elaboración y ratificación de unos "presupuestos anuales".

"Podemos elaborará un presupuesto anual mediante el cual ajustará sus gastos a sus ingresos. El Área de Finanzas y Transparencia realizará una propuesta metodológica en la que expondrá la procedencia y la cuantía de los ingresos, así como su aplicación a las diferentes partidas de gasto". Las cuentas debían ser votadas por el Consejo Ciudadano Estatal, su máximo órgano de Gobierno, y publicadas luego en su página web para que fueran conocidas por toda la militancia. El plan fijó que "los presupuestos, de acuerdo con la normativa interna vigente, deberán aprobarse cada año". Además, tanto el Área de Finanzas como la Gerencia tenían que velar para que la "ejecución de los gastos se corresponda con los presupuestos aprobados por el partido".

El instructor del caso, el juez Juan José Escalonilla, acaba de descubrir que Podemos y sus dirigentes incumplieron sus propias reglas de prevención de delitos. El pasado 15 de diciembre dictó un auto para reclamar al partido, a instancia de la acusación popular que ejerce Vox, que aportara todas las actas de tramitación de los presupuestos de 2019. El 20 de mayo de ese año, la formación que lidera Pablo Iglesias sacó a concurso los trabajos de reforma de su nueva sede por un importe de 649.936 euros. Dos semanas después, adjudicó por 1,4 millones de euros, más del doble de lo previsto.

El magistrado está rastreando ese desvío del 122%, pero Podemos ya ha reconocido que, en realidad, en ese momento ni siquiera estaba en condiciones de licitar las obras. Sus servicios jurídicos han admitido en un certificado expedido el pasado 22 de diciembre por la actual secretaria de Coordinación Ejecutiva del partido, la diputada Ione Belarra, que la organización solo tuvo presupuestos en vigor durante una parte del primer cuatrimestre de 2019.

Según desvela este documento conocido ahora, al que ha tenido acceso El Confidencial, el Consejo Ciudadano Estatal no votó las cuentas correspondientes a ese ejercicio hasta el 2 de marzo de ese año y estas únicamente fueron de aplicación hasta el siguiente 30 de abril. Es decir, que en el momento de la adjudicación de las obras, Podemos carecía de partidas autorizadas en las que cargar los 1,4 millones de la remodelación de la sede.

De la contestación al Juzgado número 42 de Madrid se infiere que el partido no aprobó otros presupuestos para 2019, ni siquiera con posterioridad a la licitación de las obras, aunque su Plan de Cumplimiento Normativo [aquí en pdf] establece que sus cuentas deben ser tramitados antes del 1 de enero del año de aplicación. Su normativa contempla incluso la publicación del presupuesto desglosado para el primer y segundo semestre, algo que tampoco cumplió.

Podemos no solo se saltó su plan de control interno. Sus propios estatutos también recogen (artículo 78) que su órgano de gobierno el Consejo Ciudadano debe aprobar un presupuesto "con anterioridad al inicio del ejercicio económico". "Finalizado el ejercicio económico, el Consejo de Coordinación elevará un informe sobre la ejecución del presupuesto al Consejo Ciudadano Estatal, el cual aprobará o denegará dicha ejecución", reflejan los estatutos. Este último punto también habría sido obviado por la cúpula. Era imposible que evaluara el nivel de ejecución respecto a algo que no existía.

La admisión por parte de Podemos de que sus finanzas habrían estado gestionándose al margen de su normativa interna, tanto en el episodio de las obras como en otras contrataciones, abre la vía para la imputación de nuevos delitos a sus máximos responsables, como una posible administración desleal. También apuntala los indicios contra el partido como persona jurídica. Podemos ya está imputado en la causa por una presunta financiación irregular, pero la Fiscalía sostenía hasta ahora que no había indicios sólidos para sostener su implicación en los hechos que se investigan.

31dic20

Podemos admite que se saltó su normativa interna al adjudicar las obras de su sede

[Fuente: Por José María Olmo y Beatriz Parera, El Confidencial, Madrid, 31dic20]

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