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27nov20
Un tribunal revoca un contrato del Ministerio de Igualdad por fomentar la «desigualdad» de género
El Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, ha recibido un revés judicial esta semana y ha tenido que dar marcha atrás a un contrato público para cubrir los servicios del 016 porque vulneraba directamente el principio de igualdad de género.
Precisamente la semana empezaba con un mensaje de la ministra reivindicando el servicio que prestan y han prestado las operadoras durante la pandemia. Un servicio que, como se sabe, es gratuito y no deja rastro ni en la factura ni en el teléfono desde el que se realiza la llamada.
Tal y como adelantó el periódico digital «El Confidencial», una de las empresas concurrentes al concurso -Innova- denunció el pasado mes de mayo ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que en los pliegos existía una discriminación por razón de género, ya que se exigía que el personal adscrito fueran mujeres y no varones. Desde Igualdad aseguran que el servicio del 016 es el de atención integral a víctimas de violencia de género, que según todos los expertos es recomendable que sean atendidas por mujeres especializadas en esta materia. Por esa razón se promueve además una mejora del convenio colectivo, que pasaría de ser un teléfono centralita a uno de intervención social, así como la ampliación del servicio a todas las víctimas de violencia machista, incluyendo entre otras a las de acoso o agresiones sexuales.
El Ministerio tiene previsto también incorporar un nuevo servicio de atención para la contención emocional y el apoyo psicológico de las víctimas, así como nuevas herramientas de comunicación que se han implementado con éxito ya durante el estado de alarma como la mensajería instantánea por WhatsApp.
La Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, que dirige Noelia Vera, exportavoz de Podemos, sacó a concurso la licitación el pasado 9 de marzo de 2020. El objeto del contrato era cubrir el servicio 016 de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, con un valor estimado de 7.851.239,65 euros (con prórroga para cinco años).
En las cláusulas del concurso público, se estipulaba que era necesario que la empresa adjudicataria aportase 15 operadoras, ocho psicólogas o trabajadoras sociales y ocho asesoras legales. Podían ser cubiertos por mujeres 31 de los 33 puestos que se ofertaban para los servicios de información general y asesoramiento jurídico.
La empresa Innova señaló que en dicho pliego de prescripciones Técnicas existía una discriminación por razón de género, «con preferencia de la mujer, en la exigencia de que el personal adscrito sean mujeres y no varones». El tribunal ha dado la razón a esta discriminación explícita a los hombres, y a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como considera que se vulnera el artículo 14 de la Constitución Española.
Como resultado de este fallo, «los pliegos de la contratación son nulos de pleno derecho», resolvió el tribunal. En este sentido, el Ministerio de Igualdad ha vuelto a sacar a concurso el contrato rectificado y tuvo que anular la primera adjudicación.
[Fuente: ABC, Madrid, 27nov20]
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