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19abr14
La desigualdad no ha tocado techo: aumentará todavía más con la recuperación económica
España tiene el triste honor de ser el país de la OCDE donde más han aumentado las desigualdades económicas entre ricos y pobres desde que empezó la crisis. Según el organismo internacional, desde el año 2007 hasta el año 2010, los ingresos de los más pobres han caído a ritmos del 14% anual lo que significa que, a fecha de hoy, los más desfavorecidos han perdido entre un tercio y la mitad de sus rentas. En ningún otro Estado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han bajado más del 10% y sólo han perdido más del 5% en México, Grecia, Irlanda, Estonia e Italia, según el informe "Divided we stand". Mientras esa sacudida golpeaba la parte más baja de la pirámide de riqueza en España, en la parte alta las rentas más ricas apenas han perdido un 1%. El saldo es un aumento de la desigualdad galopante que supera el 3%, el doble que cualquier otro país analizado. Lo peor de esa estadística, sin embargo, puede estar por llegar porque los especialistas auguran que la diferencia de rentas crecerá más con la recuperación económica.
Según el análisis histórico realizado por autores como Thomas Piketty en El Capital en el siglo XXI, uno de los mayores especialistas en desigualdad del mundo, durante los primeros años de expansión económica, las rentas del capital y las más acomodadas suelen ser las primeras en recibir el aumento de beneficios antes de que los efectos calen a capas salariales más bajas. Así pues, la desigualdad en España subirá todavía más en los próximos años con las ganancias bursátiles y las que reciban los responsables empresariales a corto plazo antes de que los más desfavorecidos vean aumentar su poder adquisitivo a medio plazo.
Ese fenómeno solía ser poco relevante en crisis anteriores pero se agrava en esta ocasión porque esta recesión también ha sido diferente a las anteriores en cuestión de desigualdad. Tradicionalmente, las diferencias entre ricos y pobres siempre se habían visto reducidas en tiempos de contracción económica ya que las políticas de redistribución social tendían a acortar esa brecha.
El análisis histórico del último siglo muestra que así ocurrió tras la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial en países como EE.UU. Sin embargo, esta crisis se ha resuelto recortando, precisamente, las políticas que tienden a estrechar las desigualdades: empleo estable, educación y sanidad.
Como consecuencia de ello, España se ha convertido a día de hoy el octavo país con mayor desigualdad de los 34 miembros, por detrás de Chile, México, Turquía, Estados Unidos, Israel, Portugal y Reino Unido. El porcentaje de población pobre (con un ingreso inferior al 50% de la media) aumentó entre 2007 y 2010 hasta el 15,4%, un umbral sólo superado por Turquía.
Las recomendaciones para España
La OCDE emitió hace dos años una batería de recomendaciones para España que han sido ignoradas sistemáticamente por el Ejecutivo.
Empleo estable: El crecimiento del empleo en los 15 años anteriores a la recesión económica explican cerca del 70% de la reducción de la desigualdad de rentas, según los datos de la OCDE. La estabilidad en esa variable es clave para la reducción de las diferencias. Aumentar el empleo estable y en concreto el empleo femenino era recomendación clave para España. La reforma laboral aprobada por el Ejecutivo se ha traducido en un drástico recorte de la duración y remuneración de los contratos. En consecuencia, el principal motor que estrecha las diferencias sociales ha perdido fuelle.
Servicios públicos (educación y sanidad): Según la OCDE, los Servicios Públicos en España contribuían a disminuir las desigualdades en el ingreso en cerca de un 20%, como en la mayor parte de los países de la OCDE. Esa redistribución creció con el aumento de gasto en sanidad y educación mientras se mantenía a niveles constantes en otros países de la organización en la década de los años 2000. La recomendación era mantener esa apuesta pero los recortes hechos para cumplir los objetivos de déficit han ido en sentido radicalmente contrario.
En términos del índice de desigualdad (Gini), la sanidad explica 11 de los porcentuales de disminución. Por su parte, la educación es la responsable de 7 puntos porcentuales más de disminución del índice. Los recortes en ambos capítulos son claves para explicar que la desigualdad en esta crisis haya seguido un patrón diferente al habitual.
La consecuencia práctica es que el impacto de los recortes no terminará con la recuperación económica. Los efectos de las políticas adoptadas y la tradicional forma de repartir beneficios de cualquier recuperación todavía abrirán más la brecha social a corto plazo. La OCDE asegura en sus informes que "resulta altamente improbable" que la recuperación económica baste para solucionar la crisis social del país y concluye: "la prioridad absoluta es dar ayuda a los grupos más desfavorecidos".
Las recomendaciones violadas por el gobierno
Las principales recomendaciones sobre políticas para los países de la OCDE contenidas en el informe Divided We Stand han sido contradichas sistemáticamente en esta crisis. El organismo proponía justo lo contrario de lo que se ha hecho:
El empleo es el medio más prom etedor de hacer frente a la desigualdad. El mayor reto consiste en crear más y mejores empleos, que ofrezcan buenas perspectivas profesionales y den a la gente oportunidades reales de superar la pobreza.
La inversión en capital humano es fundamental. Esa inversión debe comenzar en la primera infancia y mantenerse durante todo el ciclo de la enseñanza obligatoria. Una vez realizada la transición de la escuela al trabajo, deben existir incentivos suficientes para que tant o los empleados como los empresarios inviertan en capacitación a lo largo de la vida laboral .
La reforma de las políticas fiscales y de las prestaciones sociales es el instrumento más directo para aumentar la redistribución. Las considerables y persistentes pérdidas económicas que sufren los grupos de bajos ingresos a consecuencia de las recesiones ponen de manifiesto la importancia de las transferencias gubernamentales y las políticas bien concebidas de ayuda a los ingresos.
La fracción cada vez mayor del ingreso que perciben los grupos de rentas más altas indica que estas personas tienen ahora una mayor capacidad tributaria. En este contexto, los gobiernos podrían reexaminar la función redistributiva de los impuestos a fin de velar por que los individuos más acaudalados satisfagan su parte correspondiente de la carga fiscal.
Es importante garantizar la prestación de servicios públicos gratuitos y de alta calidad, tales como la educación, la salud y la atención a las familias.
[Fuente: Por Javier Ruiz, Vozpópuli, Madrid, 19abr14]
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