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07abr13
El Gobierno, obligado a intervenir en Pescanova tras el despido del auditor
El despido fulminante de la firma BDO como auditor externo de Pescanova supone un caso inaudito en las relaciones mercantiles de las sociedades cotizadas y puede forzar a una intervención directa de la compañía por parte del Gobierno. En principio, será el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo dependiente del Ministerio de Economía, el que tendrá la última palabra sobre la decisión forzada por el presidente de Pescanova, Manuel Fernández Sousa.
Aparte de acordar la suspensión de pagos como mecanismo de garantía ante una eventual insolvencia, el consejo celebrado por la compañía gallega el pasado jueves en Redondela (Pontevedra) fue utilizado por los gestores de la empresa para intentar aliviar las tensiones con la CNMV. De ahí la designación del llamado auditor forense que se encargará de inspeccionar, uno a uno, todos los asientos contables de la sociedad en un intento postrero por garantizar las mínimas condiciones de transparencia que exige el regulador bursátil.
Los acontecimientos han venido a darle la razón a la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, cuando a mediados de marzo la entidad supervisora hizo público un comunicado en el que, además de suspender la cotización de Pescanova, anunciaba una investigación por "presunto abuso de mercado". Todo el afán de la Comisión de Valores tenía por objeto forzar un cambio radical en los procedimientos de gobierno corporativo que permitieran conocer el alcance real de la deuda que, según los datos de la suspensión de pagos, se eleva a 2.700 millones de euros.
El endeudamiento de Pescanova ha sido el gran enigma y principal motivo de enfrentamiento entre el equipo gestor de Fernández Sousa y los consejeros dominicales disidentes, Demetrio Carceller, José Antonio Pérez-Nievas y el fondo Luxempart representado por François Tesch. Entre los tres suman un 15,3% del capital y su objetivo ahora es propiciar el cese inmediato del presidente con el fin de que la suspensión de pagos no se convierta en su refugio particular para eludir o, cuando menos amortiguar, las responsabilidades que pudieran derivarse en el procedimiento judicial.
Vacío legal ante la formulación de cuentas de 2012
La desconfianza entre el mencionado núcleo duro de oposición y el management encabezado por Fernández Sousa supone un elemento añadido de inquietud en medios institucionales, que se agrava de manera definitiva con la desaparición de la figura del auditor. El célebre y nuevo forense tendrá que ser nombrado entre alguna de las denominadas Big Four que trabajan en España, pero eso no garantiza la cobertura del vacío legal que deja la revocación del mandato que tenía BDO como auditor externo de toda la vida en Pescanova.
Las obligaciones de transparencia de la compañía como sociedad cotizada suponen una vinculación especialmente grave para la CNMV que no podrá verificar la información de la compañía sin el debido informe de auditoría. El reporting de datos correspondiente al segundo semestre de 2012 ha sido el primer motivo de alerta porque la Comisión de Valores considera "incompleta e insuficiente" la información recibida, lo que puede dar lugar a sanciones de carácter administrativo si en cinco días la empresa no subsana la situación. Sin embargo, la preocupación de fondo del organismo regulador reside en la formulación de cuentas del pasado ejercicio que tienen que ser presentadas a finales de este mes con la firma de todos los consejeros y el aval de un auditor que ya no trabaja para la empresa.
Con una suspensión de pagos en el juzgado, el consejo dividido y el auditor expulsado con tarjeta roja directa, la situación de Pescanova supone una verdadera patata caliente para el Gobierno. De ahí la trascendencia del papel que puede desempeñar el Ministerio de Economía a través del ICAC. La búsqueda de soluciones imaginativas se impone esta vez como una condición indispensable para evitar un nuevo escándalo financiero con una empresa de marcado acento multinacional que extiende sus tentáculos en más de 80 sociedades repartidas en tres continentes y que da empleo a casi 10.300 personas.
[Fuente: Por José Antonio Navas, El Confidencial, Madrid, 07abr13]
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