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11jun13
La reforma de las pensiones resquebraja la unidad de CCOO y UGT
El informe del comité de expertos sobre la reforma de las pensiones empieza a causar daños colaterales. Por un lado, la unidad de acción de CCOO y UGT está en entredicho y, por otro, el voto positivo del jefe del gabinete técnico de la ejecutiva confederal de CCOO, Miguel Ángel García, ha abierto un vivo debate en el sindicato. Hasta el punto de que Agustín Moreno, uno de sus líderes históricos, ha dicho por escrito en Cuarto Poder que la firma del documento por parte de alguien que representa a CCOO "mancha al sindicato y alarma a los afiliados y trabajadores".
Por si esto no fuera poco, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha adelantado que "el PSOE no irá a ninguna reforma sin los sindicatos". El problema es que no está claro que haya unidad de acción, y es muy probable que Rubalcaba tenga que optar entre apoyar a UGT o a CCOO.
Miguel Ángel García cuenta con el apoyo explícito de Ignacio Fernández Toxo, y hay que tener en cuenta que su voto particular no va contra el fondo de la reforma de las pensiones planteada por los expertos, sino únicamente contra los plazos. Lo que critica el representante de CCOO -calificado en el artículo por Moreno como un "economista corriente"- no es el contenido del documento, sino que propone desplazar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta 2019, en lugar de 2014, como sugieren los 'sabios'. Para Moreno, "esta persona [Miguel Ángel García] es un asalariado de CCOO que no debería firmar nada sobre un tema que afecta a la organización sin consultar a sus responsables: Carlos Bravo, secretario de Protección Social y, en última instancia, Ignacio Fernández Toxo.
Por el momento, la posición de CCOO se escuda en una frase un tanto críptica. El documento, sostiene la dirección del sindicato en un comunicado, "no vincula al Gobierno ni a las Cortes Generales ni a los interlocutores sociales. Es a los representantes de los ciudadanos y a los interlocutores sociales a quienes corresponde definir y abordar las cuestiones relacionadas con nuestro sistema de pensiones", se asegura.
Así las cosas, no está nada clara la política de pactos que puede llevar tras de sí la reforma de las pensiones si el Gobierno, como ha señalado en ocasiones la ministra Fátima Báñez, respeta las líneas maestras de la reforma propuesta. De hecho, sobre este documento girarán las discusiones en el Pacto de Toledo. Y como una especie de aviso a navegantes, el portavoz económico del PSOE, Valeriano Gómez, ya ha dicho que la reforma planteada supone "una manera automática de rebajar las pensiones y a esta propuesta nunca podrá colaborar el Partido Socialista".
Cuestión de fondo
La Unión General de Trabajadores (UGT) está en la misma línea del PSOE, y, de hecho, su representante en el comité de expertos, el economista Santos M. Ruesga, enmendó el informe no sólo por una cuestión plazos, sino también de fondo.
No es la primera vez que una reforma de las pensiones lleva la fractura al movimiento sindical. En abril de 2001, el entonces secretario de Acción Institucional de UGT, Pedro Díaz Chavero, dimitió por la oposición de Cándido Méndez a firmar el acuerdo previo alcanzado con el Gobierno de Aznar, CCOO y la CEOE. Por entonces se rompió la unidad de acción, aunque posteriormente se recuperó.
Izquierda Unida tampoco está por la labor y ayer su coordinador general, Cayo Lara, aseguró que el Gobierno de Rajoy "pretende incrementar el número de planes de pensiones privados para beneficiar a la banca y a las aseguradoras".
¿Qué significa esto? Pues que la posibilidad de un amplio acuerdo en el seno del Pacto de Toledo se antoja muy difícil, salvo que el Gobierno modificara las líneas maestras de la reforma planteada por los expertos, que está en línea con lo que quiere Bruselas, que no es otra cosa que adelantar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad endureciendo la llamada tasa de sustitución: la diferencia entre el último salario y la primera nómina de la pensión.
El consenso ha sido el santo y seña del Pacto de Toledo desde su creación en 1995, cuando una preocupante situación financiera de la Seguridad Social forzó un acuerdo con evidentes ribetes económicos, pero también políticos. Por entonces, la relación entre cotizantes y pensionistas llegó a situarse por debajo de dos (como ahora), y eso provocó un acuerdo de urgencia.
[Fuente: Por Carlos Sánchez, El Confidencial, Madrid, 11jun13]
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