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26jun06
Organizaciones humanitarias se manifiestan en apoyo al juez Pedraz ante la embajada de España en Guatemala.
Organizaciones humanitarias de Guatemala se manifestaron ayer ante la embajada de España para apoyar las indagatorias que el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz debía realizar a ocho ex altos cargos guatemaltecos acusados de genocidio y que fueron suspendidas.
Decenas de activistas, supervivientes y familiares de las víctimas, representantes de 102 organizaciones locales, con claveles rojos y pancartas, leyeron un comunicado en el cual expresaron su apoyo a las autoridades judiciales españolas.
"Manifestamos nuestro apoyo comprometido a la Justicia española para que lleve adelante la acción penal en contra del genocidio y a favor de las víctimas y de la humanidad, cuya competencia se lo permite de acuerdo a convenciones y convenios internacionales", señalaron los manifestantes.
Pedraz llegó el sábado a Guatemala acompañado del fiscal español Jesús Alonso, para indagar a los ocho acusados y a unos once testigos de cargo, pero esas diligencias fueron suspendidas el pasado viernes de forma indefinida por un Tribunal de Conflictos de Jurisdicción que aceptó un recurso interpuesto por uno de los procesados.
Durante la manifestación los querellantes solicitaron a Pedraz que, ante la imposibilidad de hacerlo en los tribunales locales, tome declaración a los testigos del caso en la legación de España de Guatemala.
"El juez Pedraz puede constituir su tribunal en la sede de la embajada de España para que los testigos, en forma voluntaria, acudan ante él a prestar su testimonio sobre los hechos que les consta en este caso", dijo a Efe Gustavo Meoño, director de la Asociación Memoria, Verdad y Justicia.
El recurso que ha paralizado la diligencia fue interpuesto por el ex director de la desaparecida Policía Nacional Germán Chupina, al considerar que el juez Saúl Alvarez, titular del Tribunal Undécimo de Primera Instancia Penal, no es competente para conocer este caso.
Alvarez, quien debía auxiliar a las autoridades españolas en las indagatorias, se reunió hoy en privado con Pedraz en un hotel del sur de la capital, para informarle sobre la situación en que se encuentra el proceso, dijo a Efe una fuente diplomática española.
Continuar con el proceso
Está previsto que este lunes, cuando debían iniciar las diligencias, Pedraz y Alonso se presenten en la sede del tribunal guatemalteco, en donde serán notificados oficialmente de la suspensión de las diligencias. Luego de ser notificado, el juez español decidirá las acciones a seguir para continuar con el proceso.
Dentro de este proceso también está pendiente que la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia resuelvan más de una docena de recursos que han interpuesto los acusados para evitar las diligencias.
Meoño, junto a la Premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, promueven desde 1999 ante la Audiencia Nacional española una querella penal en contra de ocho ex altos cargos guatemaltecos por los delitos de genocidio, terrorismo de Estado, asesinatos y torturas.
"Si debido a los obstáculos legales que han presentado los acusados la Justicia guatemalteca no puede auxiliar a Pedraz para que cumpla con las diligencias que lo trajeron al país, él puede constituir la sede de su tribunal en la embajada (española) para escuchar a los testigos", precisó Meoño.
La demanda ante la Audiencia Nacional esta dirigida, además de Chupina, en contra de los generales golpistas José Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Mejía Victores (1983-1986), los generales Benedicto Lucas y Angel Guevara, y el ex jefe de la Policía Nacional Pedro García Arredondo.
También están incluidos el ex presidente Romeo Lucas García (1978-1982), quien murió en Venezuela hace un mes, y el ex ministro de Interior Donaldo Alvarez, prófugo de la Justicia desde diciembre de 2004.
Además de los delitos de lesa humanidad de los que se les acusa, los imputados también deben responder por el asalto por parte de las fuerzas de seguridad guatemaltecas en enero de 1980 a la embajada de España, donde murieron 37 personas, entre ellas tres españoles, así como por los asesinatos de cuatro sacerdotes españoles en la década de los ochenta.
[Fuente: Estrella Digital, Madrid, Esp, 26jun06]
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