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24feb22
El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en la contabilidad de 10 partidos
El Tribunal de Cuentas (TCu) ha detectado irregularidades en la contabilidad de 10 formaciones políticas correspondiente al año 2017, año en que los partidos se repartieron 171 millones de eruos de subvenciones públicas. Así lo ha anunciado ese organismo a través de una nota de prensa, en la que da cuenta de la aprobación de ese informe de fiscalización, pero sin facilitar el documento ni detallar qué formaciones son las que han incurrido en anomalías contables, de qué tipo y por qué cuantías. ABC ha solicitado, sin éxito, que se facilitaran esos datos.
Habrá que esperar a que el TCu publique el contenido íntegro de ese informe de fiscalización, en fecha aún por determinar. Este organismo estrenó presidenta hace escasos meses, en el marco de los acuerdos de renovación de órganos constitucionales que pactó el PSOE con el PP. Desde finales de noviembre, Enriqueta Chicano está al frente del Tribunal de Cuentas, que también renovó su equipo de comunicación.
Según el comunicado emitido por el TCu este jueves por la tarde, este organismo ha auditado la contabilidad de 25 formaciones políticas del año 2017, todas las que percibieron subvenciones públicas para gastos de funcionamiento. Es decir, las siglas de primer nivel, con representatividad institucional en España. De esas 25 formaciones, diez de ellas «no reflejaron de forma fiel su situación financiera y patrimonial», según los auditores del Tribunal de Cuentas.
Los inspectores se han topado en nueve formaciones con falta de información económica obligatoria, lo que les ha impedido escrutar las cuentas de forma adecuada. Además, en 2017 varios partidos tenían agujeros patrimoniales tan considerables «que desembocaron en algunos casos en situaciones concursales», lo que se conocía como suspensiones de pagos en la antigua nomenclatura mercantil.
Asimismo, los auditores han detectado incumplimientos de la ley de financiación de partidos. En concreto, por la falta de identificación de donantes que realizaron aportaciones, «y por haber ingresado donaciones que en conjunto podrían exceder el límite máximo en cómputo anual». El TCu ha abierto expedientes sancionadores que están actualmente en tramitación, pero tampoco ha detallado de qué formaciones se trata.
En el mismo comunicado, el TCu se excusa por la tardanza en emitir este informe de fiscalización, que llega cuatro años después de que los partidos cerraran esas contabilidades que se han auditado. Argumenta que la demora se ha debido, «en gran medida, por la acumulación de procesos electorales celebrados en el año 2019, que requieren una atención prioritaria».
171 millones de fondos públicos en 2017
En 2017, los partidos recibieron 170,67 millones de euros de fondos públicos. Representó el 72% de todos los recursos económicos que manejaron aquel año. Es decir, solo el 28% de los ingresos de los partidos corresponden a aportaciones privadas, entre las que se incluyen las que hacen sus cargos públicos. El TCu considera que este desequilibrio es un riesgo de «posibles situaciones de insolvencia», dado que los ingresos públicos varían según los resultados electorales que se obtienen. Por eso, urge a los partidos a aumentar la financiación privada, «para evitar una excesiva dependencia de los ingresos públicos».
[Fuente. Por Roberto Pérez, ABC, Madrid, 24feb22]
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