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30nov13
Al gobierno le molestan las libertades civiles y aumenta la represión social
Nunca se había mostrado tan tenso en el Congreso. Esta semana, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sostuvo un afilado cruce de acusaciones con Eduardo Madina, 'número dos' del grupo parlamentario socialista, en unos términos tan agrios que llamaron la atención. Madina, que quiere sacar pecho de cara a las internas del PSOE, calificó el anteproyecto legislativo de "ley de represión ciudadana". Un exceso verbal, sin duda, muy en la línea argumental del joven diputado. Fernández Díaz no pudo contenerse, y le espetó que sólo decía "tonterías" y le conminó a no impartir lecciones de democracia "porque no le impresiona a nadie".
El anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana que este viernes tramitó el Consejo de Ministros ha desatado una guerra de nervios en el Ministerio del Interior, muy alterado ya con la suelta de etarras, violadores y asesinos tras la eliminación de la doctrina Parot. Y hay nervios también con la polémica de las cuchillas colocadas en la verja fronteriza de Melilla para frenar el ingreso masivo de inmigrantes irregulares. Jorge Fernández, laborioso y ordenado, no se caracteriza por su cintura política.
Globo sonda
La ley de Seguridad, pensada para recoger algunos aspectos delictivos que quedarán fuera del nuevo Código Penal, se ha convertido en un arma arrojadiza para la oposición contra un ministerio que no pasa por sus mejores horas. De la 'ley de la patada en la puerta' de Corcuera se ha pasado a la 'ley mordaza' de Fernández Díaz, término poco apropiado para definir las características del nuevo proyecto. Pero, para desgracia de Interior, ha cuajado, se ha instalado en el vocabulario con el que se manejan tanto en la oposición como en los medios que pretenden lapidar diariamente al Gobierno del Partido Popular.
Un 'globo sonda', quizás mal medido por parte del atribulado equipo de comunicación de Interior, desveló hace dos semanas algunos aspectos del proyecto. Multas con cifras astronómicas, persecución de iniciativas populares, obstrucción al derecho de manifestación y expresión, cercenamiento de las libertades civiles... Estas fueron las primeras impresiones que trasladó la novedad legislativa. A tenor de las revelaciones, hubo incluso quien la bautizó como 'ley anti escraches', cuando el texto no hace referencia explícita a esta posibilidad. Demasiado ruido mediático y muy pocas precisiones.
Preocupación y serenidad
Moncloa reaccionó con mal disimulada preocupación ante estos signos de rechazo a la ley y se empeñó en enviar mensajes de serenidad. "No es más que el borrador de un anteproyecto", se insistía. "Estamos trabajando en el texto. Habrá modificaciones". Ni siquiera Mariano Rajoy avaló de forma contundente la propuesta. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno recabó informes de otros ministerios, en especial de Justicia y de Sanidad y se puso manos a la obra para reconducir el desaguisado. Se procedió así a podar muchos de los aspectos más incómodos, extremos o estrafalarios del texto. Sáenz de Santamaría pilotó en forma directa estas modificaciones.
La mal llamada 'ley mordaza', una vez peinada y suavizada, ha quedado lista para iniciar su trámite parlamentario. Las 21 infracciones consideradas como "muy graves" se han quedado sólo en diez. Así, por ejemplo, insultar y vejar a fuerzas de seguridad se contemplaba como infracción grave y merecedora de 30.000 euros de sanción. Ahora se rebaja a infracción leve con entre 300 y 1.000 euros de multa. Y así varias matizaciones más. Las correcciones no desvirtúan el espíritu de la ley, sin duda necesaria en lo que hace a la seguridad ciudadana, pero excesiva en cuanto a algunos de sus contenidos.
La última novedad de la propuesta se conoció este mismo viernes, poco antes de la celebración del Consejo de Ministros. Consiste en tipificar como sanción grave a los ultrajes a a España, a las autonomías, a entidades locales o a otras sinstituciones, símbolos e himnos, siempre y cuando no sea constitutivo de delitos. Así, pitar al himno nacional en un acto deportivo no estaría contemplado en el nuevo proyecto, ya que está incluído en el apartado de la ley de violencia en el deporte.
Esta inclusión de último minuto en contra de las ofensas a los símbolos patrios se considera un guiño por parte de Interior al electorado más tradicional del PP, ya que abrirá sin duda polémicas con las formaciones nacionalistas. También ejercerá de elemento de distracción con el verdadero cogollo del anteproyecto, que radica en la imposición de multas importantes contra las alteraciones del orden público.
El rechazo de la Iglesia
El segundo gran resbalón de Interior en las útlimas fechas ha sido la colocación de cuchillas en la valla fronteriza de Melilla. Esta inciativa le costó incluso al Gobierno el nada disimulado reproche del nuevo portavoz de la Conferencia Episcopal quien, en su primera intervención pública, censuró sin eufemismos la ocurrencia. "No es así como debe entenderse una política de inmigración", dijo Gil Tamayo, en un rechazo sin contemplaciones a la medida de Interior.
Desde el mismo sector de la Iglesia, el padre Ángel, fundador de Los Mensajeros de la Paz, denunció el uso de estos artefactos: "Las cuchillas cortan, y quien diga lo contrario miente como un bellaco. No podemos comernos los turrones mientras la pobre gente se destroza en la verja", sentenció.
Para contrarrestar tanta crítica y tanto reproche, Fernández Díaz y su equipo filtraron a algunos medios amigos determinadas informaciones sobre el uso de estas cuchillas en tiempos del Gobierno del PSOE. Así, fue, en efecto. El primero en ponerlas en función fue el Gobierno de Zapatero pero según Antonio Camacho, quien fuera mano derecha de Pérez Rubalcaba en su etapa de Interior, en cuanto vieron la realidad dramática de la medida, la echaron para atrás.
Drones en la frontera
El ministro Fernández sugirió que si se presentaba una alternativa "verdaderamente eficaz" para afrontar las oleadas de inmigrantes que pretenden saltar la valla fronteriza, lo estudiaría. En los mismos términos se expresó el presidente del Gobierno, quien desvió el foco de la responsabilidad hacia las mafias que operan en el Norte de Africa. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, prometió abrir una investigación sobre el asunto.
Esta polémica también ha sido utilizada con fruición por parte de socialistas y otras fuerzas opositoras. El PSOE ha llegado a sugerir la posibilidad de sustituir las cuchillas por drones, es decir, artefactos voladores no tripulados que actúen como radares visuales en la zona a vigilar. También han asegurado que es preferible invertir en un mayor despligue humano de vigilancia en la zona antes que recurrir a estos ingenios tan peligrosos.
El ministro se ha visto forzado, también aquí, a manifestar su voluntad de rectificación, si se encuentra una solución razonable. Pero dos reveses en tan poco tiempo sitúan su figura en una posición comprometida. En especial si se piensa que en el frente político más importante de su departamento, el antiterrorista, tiene a las víctimas de ETA soliviantadas ante el espectácudo abyecto de la salida masiva de las cárceles de etarras condenados por atentados crueles y sanguinarios.
Se le acumulan los problemas a un ministro que cuenta con la absoluta confianza del presidente del Gobiernio, con quien colabora estrechamente desde hace más de viente años y quien le respalda en todas las actuaciones. No ocurre lo mismo en otros despachos de Moncloa, donde consideran a Fernandez Díaz un buen secretario de Estado pero que carece de nivel para asumir una cartera de esta responsabilidad. La polémica de la 'mordaza' y las cuchillas hablan por sí solas.
[Fuente: Vozpópuli, Madrid, 30nov13]
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