EQUIPO NIZKOR |
|
08feb12
Caamaño tiró a la basura 400 millones para una Oficina Judicial que no se puede implantar
La Oficina Judicial, el proyecto estrella vendido a bombo y platillo por los ministros de Zapatero para mejorar, agilizar y digitalizar los juzgados, está siendo un fiasco total según fuentes del Poder Judicial. Un plan en el que el ex ministro Caamaño hipotecó 400 millones de euros y que, a día de hoy, no funciona por falta de previsión y por la precipitación en implantarlo sin los necesarios estudios previos.
La Oficina Judicial puede ser para Alberto Ruiz Gallardón la piedra que acabe con su carrera como ministro de Justicia o, de lo contrario, le proclame como el salvador del gran reto de la modernización de la Justicia. El primer ministro de Justicia de José Luis Rodríguez Zapatero, Juan Fernando López Aguilar, lo ideó. Fue una obsesión porque iba a cambiar todo el sistema judicial. Iba a acabar con la vieja imagen del funcionario con un carrito repleto de papeles subiendo y bajando en los juzgados. La Justicia se iba a modernizar.
Este proyecto pasó a las manos de Mariano Bermejo y finalmente el pistoletazo de salida lo dio Francisco Caamaño después de 400 millones de euros invertidos. Se pretendió que fuera el gran avance judicial. Borrón y cuenta nueva. Sin embargo, las prisas apuraron y se decidió instalar la Oficina Judicial por provincias, con las pruebas piloto sin verificar. El objetivo era unir los 431 partidos judiciales a través de un sistema informático muy modernizado.
En cada provincia, en cada juzgado, había sistemas incompatibles que impedían conocer qué ocurría en otro juzgado. El punto de inflexión fue el asesinato de la niña Mari Luz Cortés. La lentitud del sistema impidió que Santiago del Valle, condenado por otros abusos, fuera a prisión. Había sido condenado pero el juzgado no había hecho efectiva la condena lo que le permitió seguir en la calle y asesinar a la pequeña.
Por unas u otras razones, Caamaño quiso hacerse la fotografía de la implantación de la Oficina Judicial. Arrancó en Burgos y Murcia en noviembre de 2010. Le siguió Cáceres, Ciudad Real, León, Cuenca y Mérida, además de en ocho ciudades vascas. Las mismas fuentes judiciales explican que el tiempo técnico no es el mismo que el político.
La principal inversión del departamento de Justicia tirado a la basura por un problema de base, ya que intentaron implantar un ambicioso sistema informático sin desarrollar el expediente digital, piedra angular del servicio.
Al poco de iniciar la implantación, los errores comenzaron a brotar precisamente porque se seguía realizando todo el trabajo con papeles. A raíz de estos problemas de bases lo que se hizo fue parchear, buscar soluciones en los casos concretos que arreglan el fallo concreto pero no el sistema general, añaden las mismas fuentes. Ya hay provincias que han anunciado que paralizan su implantación ante el resultado en los primeros sitios. Asturias y palma de Mallorca han decido no continuar con la idea por lo menos hasta que no se solucionen las deficiencias.
Burgos ha sido el claro ejemplo del fracaso. El propio vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, reconoció que la implantación de la Oficina Judicial en esta provincia demuestra que existen complicaciones que impiden desarrollarlo en el resto de España. El principal error es el "defecto" estructural del programa informático diseñado para el nuevo modelo judicial. Estos problemas se repitieron en Murcia y Cáceres, con un mal funcionamiento del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento. Este servicio es el que más problemas ha generado precisamente por la falta del expediente digital.
La situación llegó a tal punto que el órgano de los jueces pidió al Ministerio que atajara el problema o de lo contrario se pondría en peligro el funcionamiento de otros órganos judiciales. Es más, por ahora se ha evitado instalarlo en Madrid y Cataluña, comunidades con más ingreso de asuntos al año. Un bloqueo en sus juzgados o sobresaturación podría ser un grave problema para todo el sistema judicial.
En la Audiencia Nacional tampoco ha funcionado. Se anunció por todo lo alto el final del papel en este órgano judicial. Caamaño se hizo la fotografía con el presidente, Ángel Juanes, para anunciar la digitalización de todos los procedimiento s, sumarios, sentencias y, en definitiva, de todos los papeles. Fuentes jurídicas señalan, sin embargo, que lo que se ha hecho es escanear los documentos antiguos. Es decir, no se ha digitalizado el sistema sino que se han convertido tales documentos en pdf.
Asimismo, abogados, procuradores, funcionarios y sindicatos coinciden que la Oficina Judicial ha supuesto en líneas generales mayor caos y desorden. La nueva aplicación informática que llegó con la nueva Oficina (el Minerva-NOJ) es la que copa mayor parte de las críticas hasta el punto de que sus fallos provocan la inoperatividad del servicio durante jornadas laborales enteras. Este hecho ha provocado incluso que jueces presentaran quejas formales. También ligado con los fallos informáticos se encuentra el hecho de que no funcione el Lexnet, el sistema que permite la realización de las notificaciones de forma telemática.
Ruiz Gallardón tiene en su mano convertirse en el ministro que modernizó la Justicia. Ahora bien, es un trabajo arduo y poco lúcido. Para no tirar definitivamente por tierra los 400 millones de euros invertidos se debe comenzar de cero para solucionar los problemas. Fuentes judiciales explican que es primordial desarrollar en todo el territorio nacional el expediente judicial y después realizar pruebas piloto en todos los partidos judiciales. Sólo una vez que se compruebe que todo funcione correctamente, entonces se puede llevar a cabo un apagón y comenzar de cero con el nuevo sistema.
[Fuente: C. Ghindal, El Confidencial, Madrid, 08feb12]
 | This document has been published on 10Feb12 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |