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14nov06
De la Vega impulsa una reforma de los registros de propiedad que favorece a los notarios y encarece las hipotecas.
El Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria presentado por el Ministerio de Justicia al Consejo de Ministros supone la culminación de la profunda remodelación del sistema de seguridad jurídica que ha venido acometiendo el Ejecutivo. Se trata de una reforma impulsada por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de acuerdo con determinados lobbys notariales, y que claramente favorece a este colectivo al tiempo que amenaza con un considerable incremento del coste de las hipotecas.
La intención del Ejecutivo no es otra que la de equiparar el actual sistema de seguridad jurídica al modelo francés. Para eso, el anteproyecto reforma el artículo 1 de la Ley del Notariado con el fin de incluir en el ámbito de la fe pública notarial la legalidad del acto o contrato documentado. La consecuencia más inmediata, que afecta directamente a los contratos de compraventa inmobiliarios, es que ya no será suficiente la nota simple registral para comprobar la situación jurídica del inmueble, sino que será necesaria toda una investigación que llevará a cabo, obviamente, el notario.
Esto es así porque el cambio que propone la ley reviste al negocio de una presunción de legalidad que sólo podrá ser desvirtuada por los tribunales. La consecuencia de esto es que, cuando un tribunal declare la nulidad de un negocio, también se anulará su inscripción y la de todos los que tengan su base en él por lo que, de hecho, "se elimina la protección, la garantía que, en la actualidad, los asientos del registro confieren a los adquirientes de buena fe y a título oneroso", señalan fuentes del colectivo más perjudicado, es decir, el de los registrales.
La necesidad de esta investigación, además de demorar el proceso de compraventa, como ya ocurre en Francia –único país europeo donde impera este sistema-, lo encarecerá notablemente, de tal manera que el coste notarial se incrementará del 0,4% actual, al 1,2% y al 0,9%, respectivamente, según se trate de una compraventa o de un préstamo hipotecario. Dicho de otra manera, para un préstamo de 120.000 euros, el coste notarial se incrementará en 976 y 600 euros, respectivamente.
Un pellizco de 3.000 millones para los notarios
Actualmente se documentan en torno a 3,5 millones de préstamos hipotecarios y compraventas, por lo que esta reforma supondría para el sector notarial un beneficio aproximado de 2.758 millones de euros. Pero es que, a diferencia de lo que ocurre hasta ahora, sólo una pequeña parte de esa cantidad corresponderá a los aranceles que, en tanto que fedatarios públicos, los notarios perciben, ya que la mayor parte la recibirán en su condición de gestores únicos de los documentos, de depuradores de la situación jurídica de los bienes y de aseguradores de los perjuicios causados por su error.
En cualquier caso, la reparación de su error no impedirá la pérdida de la vivienda o local de negocio, incluido el valor de las mejoras que el adquiriente haya efectuado en el mismo, así como la plusvalía, incluso si la nulidad se declara varios años después de residir o explotar el inmueble. Esto no ocurre en la actualidad, ya que el documento registral supone una garantía jurídica sin precedentes. Quizá esta sea la razón por la que el Gobierno ha querido que la reforma pasara desapercibida.
Es decir, que en lugar de elaborar una legislación ad hoc, se ha acudido a leyes que apenas guardan relación con las que regulan la seguridad jurídica preventiva. Los cambios realizados hasta la fecha, a través de la Ley de Reforma para el Impulso de la Productividad y la Ley de Prevención contra el Blanqueo de Dinero, así como numerosas resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado, han reforzado el monopolio de los notarios al excluir de la inscripción registral los negocios que consten documentados ante un fedatario público extranjero, o al establecer que solo el notariado español podrá presentar telemáticamente un título en el Registro.
El hermano notario de Belloch
La razón para que el Gobierno esté llevando a cabo esta reforma encubierta puede parecer prosaica, pero lo cierto es que ha venido siendo inspirada, desde hace años, por el lobby notarial, capitaneado por el antiguo decano del Colegio de Notarios de Cataluña, Félix Belloch, hermano del ex ministro de Justicia y actual alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, a cuyas órdenes estuvo De la Vega en el Ministerio.
No es la única fuerza del lobby notarial en el Ejecutivo. El actual Decano del Colegio catalán, José Marqueño, a la sazón presidente del Consejo General del Notariado, además de buen amigo de Belloch, es hermano de la subdirectora general de los Registros y del Notariado, Marina Marqueño. El círculo se cierra con la vinculación del actual vicedecano del Consejo General del Notariado, Antonio Ojeda Escobar, también decano del Colegio Notarial de Sevilla, con el PSOE, ya que fue presidente del Parlamento andaluz y eurodiputado socialista.
A esto hay que añadir la presencia de varios letrados en esa Dirección General de los Registros y del Notariado que están encargados de redactar las resoluciones más conflictivas, y que perciben un salario del citado Consejo General. Este entramado explica la resistencia de la Dirección General a aportar los expedientes de estas resoluciones, que han sido denunciadas ante los Tribunales, y su titular, Pilar Blanco Morales, ha sido advertida varias veces con la apertura de diligencias por falta de colaboración con la justicia.
[Fuente: El Confidencial, Madrid, Esp, 14nov06]
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