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08mar18
Acusados del juicio a la Mara Salvatrucha aceptan penas de hasta 12 años
Un total de 37 acusados por la mayor operación policial desarrollada en España contra la Mara Salvatrucha 13 (MS13), una organización criminal de origen salvadoreño, han aceptado penas que van desde el pago de multas hasta los 12 años y mes de cárcel.
Los procesados, presuntos miembros y colaboradores de la banda, han expresado su conformidad con el acuerdo que habían alcanzado sus defensas y la Fiscalía Anticorrupción antes del juicio, según han confirmado a Efe fuentes jurídicas.
La vista oral comenzó el pasado 20 de febrero en la sección segunda de la Audiencia de Alicante, pero fue suspendida después de que el fiscal Juan José Ronda alegara que no había podido contactar con su superior para que diera el visto a un preacuerdo con los letrados.
Ese acuerdo inicial ha sufrido algunas variaciones pero ha sido ratificado esta mañana durante la segunda sesión de la vista, que se ha desarrollado sin incidentes de relevancia después de que la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegaran en torno a la sede judicial alicantina un fuerte dispositivo de seguridad.
Los implicados, entre los que hay tanto españoles como ciudadanos de origen latinoamericano e incluso marroquí y rumano, entre otras nacionalidades, se han acogido a una calificación jurídica de Anticorrupción que supone una rebaja sustancial respecto a las penas que esta parte solicitaba inicialmente para ellos.
Los acusados se beneficiarán en la futura sentencia, entre otras contrapartidas, de la aplicación de atenuantes de confesión y muchos de ellos eludirán el ingreso en prisión.
Los 37 presuntos miembros y colaboradores de la Mara Salvatrucha que habían sido citados a juicio -otros cuatro están declarados en rebeldía y se hallan en busca y captura- se han conformado con penas que van desde el pago de multas hasta los doce años y mes de cárcel.
Esas condenas máximas corresponden a los hermanos Esteban Arnulfo y Pablo Antonio N.M., conocidos con los alias de "Darkin" y "Bigman", respectivamente, y que se encuentran en prisión provisional por estos hechos. Según fuentes judiciales, la fiscalía les ha rebajado a ambos la pena en atención a sus circunstancias personales y a su arraigo en España.
La llamada operación Cruasán permitió a la Guardia Civil desarticular en marzo de 2014 la cúpula de esta banda cuando su desarrollo era aún incipiente y frenar sus planes para expandirse en España, además de abortar dos posibles asesinatos.
Los procesados (muchos de ellos acababan de cumplir 18 años cuando se produjeron los hechos) se han declarado culpables, según los casos, de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, intento de asesinato, conspiración para el asesinato, lesiones, amenazas y blanqueo de capitales
Entre los enjuiciados han estado los presuntos cabecillas de las distintas "clicas" o distritos territoriales que se agruparon para constituir el "Programa 34", como denominaban a su proyecto de expansión en España.
Dicho "programa" tenía su sede central en la localidad alicantina de Ibi, en torno a la clica Big Crazy, y contaba con ramificaciones en Madrid, Gerona y Barcelona.
Según el Ministerio Público, los acusados seguían el dictado de los jefes de la organización en El Salvador y Guatemala y recibían financiación desde esos países, al tiempo que obtenían fondos del tráfico de drogas.
Durante la primavera de 2013, algunos "mareros" se vieron envueltos en peleas por el "control del territorio" con una banda rumana asentada en Ibi y llegaron a encargar el asesinato de uno de sus rivales, pero la Guardia Civil lo frustró con su intervención.
Igualmente, algunos de los jefes conspiraron, según la versión acusatoria, para matar al testigo del apuñalamiento sufrido en el puerto de Alicante en agosto de 2012, por un presunto miembro de una banda enemiga, los Latin Kings, un hecho que desencadenó esta investigación.
Tras oficializarse el acuerdo entre fiscal y defensas, el juicio, que debía desarrollarse a lo largo de una decena de sesiones diarias entre este mes y el próximo mayo, ha quedado visto para sentencia.
[Fuente: El Mundo, Madrid, 08mar18]
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