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24nov17
El Gobierno elige al juez del Supremo Sánchez Melgar para sustituir a Maza como Fiscal General
El Gobierno ha propuesto como nuevo fiscal general al magistrado de la Sala Segunda del Supremo Julián Sánchez Melgar. Este era uno de los nombres que contaban con más posibilidades de todos los que figuraban en las quinielas. Sánchez Melgar es uno de los impulsores de la doctrina Parot. Al igual que Maza fue uno de los magistrados del Tribunal Supremo que votó en contra de la denominada 'doctrina Botín' que permitió librar del banquillo al banquero del mismo nombre.
La doctrina Parot es la que permitió encadenar las condenas de los etarras para evitar los beneficios penitenciarios que habrían reducido las penas de los terroristas. Finalmente, la doctrina fue cuestionada por el Tribunal de Estrasburgo, al que había recurrido la etarra Inés del Río, lo que provocó una cadena de excarcelaciones y la indignación de las asociaciones de víctimas. Sánchez Melgar, sin embargo no renunció nunca al criterio que le había llevado a defender esa doctrina por considerar que el castigo penal no puede ser el mismo para un asesino y para un criminal en serie.
En cuanto a la doctrina Botín, adoptada por la Sala Penal del Supremo en 2007, es la que niega a la acusación popular la facultad de sentar a un imputado en el banquillo si no es acusado por el fiscal o por la acusación particular. El nombre se debe a que en su día libró al banquero Emilio Botín de ser juzgado por las cesiones de crédito del Santander. En cambio, no funcionó con la Infanta Cristina, quien tuvo que sentarse en el banquillo durante el juicio por el caso Nóos por dos delitos fiscales a petición de Manos Limpias.
Desde 2004, Julián Sánchez Melgar es juez suplente para resolver las peticiones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativas a la realización de investigaciones con medidas (intervenciones telefónicas, entradas en domicilios, instalación de sistema de escucha ambiental) que precisan autorización judicial. Melgar actúa en asuencia del juez titular de control del servicio de inteligencia, el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Pablo Lucas.
Pero lo más significativo de la elección del nuevo fiscal general es el papel que le va a tocar jugar respecto a las causas abiertas por rebelión contra los principales responsables del órdago secesionista, causas en las que la Fiscalía ha sido especialmente beligerante en tiempos de Maza y es previsible que lo siga siendo con su sucesor. Entre otras cosas, bajo la batuta de Sánchez Melgar la Fiscalía deberá decidir si mantiene las peticiones de cárcel para los esconsejeros que, siguiendo los pasos de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los miembros de la Mesa han decidido acatar la aplicación del artículo 155 y comprometerse a actuar dentro de los márgenes constitucionales con la esperanza de salir del centro penitenciario de Estremera, donde permanecen ingresados desde la noche del 2 de noviembre.
Sánchez Melgar conoce bien Cataluña porque tras su ingreso en la carrera judicial en 1983 estuvo destinado en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona. En la Sala de lo Penal del Supremo, que tendrá que dejar ahora, ha sido compañero del juez Pablo Llarena, que es quien instruye la investigación sobre Forcadell y la Mesa del Parlamento catalán. De hecho, fue uno de los cinco magistrados que admitieron la querella de Maza contra todos ellos. En ese auto de admisión, los magistrados ya se mostraban a favor de una investigación conjunta de la causa, es decir, de acumular en el Supremo la que llevan a cabo otros tribunales como la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
El nombramiento de Sánchez Melgar no será inmediato ya que harán falta unas dos semanas para cumplir los trámites que exige la ley: un informe del CGPJ sobre el candidato y una comparecencia ante la Comisión de justicia del Congreso, que se pronunciará sobre "su mérito e idoneidad". Ninguno de los dos trámites es vinculante, lo que significa que aunque su resultado sea adverso para el candidato no pueden impedir el nombramiento. El único requisito exigible para ser Fiscal General del Estado es que se trate de un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia.
[Fuente: República de las ideas, Madrid, 24nov17]
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