Equipo Nizkor -Mario Conde demanda al Estado más de 50 millones tras ser exculpado de la repatriación de dinero robado de Banesto.

El ex banquero Mario Conde ultima una reclamación millonaria contra el Estado de más de 50 millones de euros tras haber sido exonerado por la Audiencia Nacional en la denominada 'Operación Fénix', que le condujo a prisión de nuevo en abril de 2016. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción le acusaron entonces de repatriar más de 12 millones de euros procedentes de Banesto y anunciaron haber encontrado fondos distraídos de la entidad bancaria que no habían podido ser localizados hasta ese momento. Según los investigadores, Conde intentaba de esta forma esquivar las responsabilidades civiles del caso Banesto, que se fijaron en más de 26 millones de euros.

La Sección Tercera de la Audiencia Nacional exculpó por completo hace ahora un año a Conde, a su familia y a los colaboradores que fueron detenidos y encarcelados con él por fraude fiscal y blanqueo tras descartar que los fondos manejados por la familia Conde en Suiza procedieran de la entidad financiera que presidió.

Tal y como defendió Conde desde el primer momento, el origen del dinero estaba en la venta de los Laboratorios Abelló a la firma italiana Montedison: la célebre operación que le convirtió en multimillonario a finales de la década de los ochenta y que le permitió comprar acciones del banco para tomar su control.

Conde va a interponer en los próximos días, tal y como ha podido confirmar EL MUNDO, una reclamación patrimonial contra el Estado en la que van a estar integrados sus hijos y otras once personas que fueron implicados en la denominada Operación Fénix.

La demanda la ha confeccionado el letrado Manuel Santaella, hijo del histórico letrado del ex banquero, y se basa en el fiasco de la operación judicial que devolvió a Mario Conde a prisión durante un periodo de dos meses dos décadas después de que el Tribunal Supremo le condenara por el denominado caso Banesto a 20 años de prisión.

Los reclamantes, encabezados por Conde, subrayan en su reclamación, en primer lugar, que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el 30 de mayo de 2019 el sobreseimiento que previamente, en octubre de 2018, había decretado el juez Santiago Pedraz. Todo ello después de que en marzo de 2016 y tras una investigación que duró dos años, el Ministerio Público atribuyese a la familia Conde y a sus principales colaboradores, un rosario de 11 delitos graves por lavar el dinero procedente de las apropiaciones indebidas que el propio Conde supuestamente realizó en Banesto bajo su mandato. Las pesquisas fallidas se iniciaron en 2014 después de que el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) detectara una transferencia procedente de Suiza que ascendía a 600.000 euros.

Mario Conde, su hija Alejandra, y el abogado Javier de la Vega, destacan que pasaron algo más de dos meses en prisión preventiva (en el caso de Alejandra Conde fue sometida a un arresto domiciliario por razones humanitarias debido a la enfermedad de su hijo), y se acogen a la nueva doctrina del Tribunal Constitucional que establece que todas las prisiones preventivas serán indemnizables cuando se demuestre la inocencia del privado de libertad, como es su caso.

Criterio novedoso para calcular la indemnización

Según la demanda, el sobreseimiento decretado en su día por juez Pedraz debe "traducirse necesariamente por atipicidad" y, al mismo tiempo que fija una multimillonaria indemnización por las prisiones provisionales decretadas, establece como objeto de indemnización "la filtración a la prensa de la querella y toda la causa durante la fase de instrucción, y especialmente mientras la causa estuvo declarada secreta". Una conducta que, a juicio del grupo liderado por Conde, "denota un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia que ha supuesto una violación de sus derechos a la intimidad y a la propia imagen".

A la hora de calcular la cantidad que les corresponde como indemnización, plantean un criterio novedoso en estos casos. Los demandantes reclaman el mismo coste en el que tendría que incurrir la Administración en caso de tener que publicar, en los mismos medios de comunicación que se hicieron eco de la 'Operación Fénix', "con la misma extensión y ocupando el mismo espacio físico o temporal" su completa exoneración.

Tal y como aseguran a este periódico fuentes próximas a los demandantes, en el caso de Mario Conde y sus dos hijos, el cálculo establecido siguiendo el criterio descrito "generaría el derecho a una indemnización que alcanza los 36 millones de euros".

Por su parte, el abogado Javier de la Vega, al que se le atribuyó un falso papel decisivo en el supuesto blanqueo de capitales, exigirá por los días que se vio privado de libertad y otros daños materiales y morales la cantidad de 7,6 millones.

Por su parte, otra persona próxima a Conde, el ciudadano español nacionalizado suizo Francisco Romero considera que le corresponde una cifra mínima de 3,2 millones de euros. El resto de colaboradores implicados solicitan algo más de dos millones de euros cada uno, hasta completar los algo más de cincuenta millones demandados entre todos ellos.

Mario Conde y el resto de demandantes se basan en una batería de informes periciales elaborados por la empresa española Cyrity, S.L.,perteneciente al sector de la seguridad e inteligencia, y especializada en la prevención y respuesta del riesgo reputacional.

Estos informes se han llevado a cabo, detallan los peritos, "gracias a una novedosa herramienta propia desarrollada por Cyrity para la obtención, investigación, análisis y valoración cuantitativa y cualitativa del impacto mediático que una información difamatoria, incorrecta o simplemente desactualizada puede ocasionar en la reputación de una persona".

Por citar algunos ejemplos, la herramienta utilizada por esta compañía detectó, solamente en Internet, un total de 1.421 noticias distintas publicadas a lo largo de 146 días con una estimación a la baja de 48,9 millones de visualizaciones. Según el estudio de los especialistas en daño reputacional, las informaciones publicadas en relación con la 'Operación Fénix' constituyeron un "impacto muy alto". De hecho, al menos en 1.274 ocasiones las informaciones sobre operación judicial contra Conde ocuparon las primeras páginas de numerosos medios de comunicación, llegando a estar incluidas muchas de ellas entre los contenidos más vistos en los principales medios analizados por los peritos.

Conde es una de las figuras públicas que, junto al ex presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, ya han puesto en marcha reclamaciones millonarias contra el Estado por haber sido encarcelados recientemente en procesos judiciales de los que han salido completamente absueltos.

08jun20

Mario Conde demanda al Estado más de 50 millones tras ser exculpado de la repatriación de dinero robado de Banesto

[Fuente: Por Esteban Urreiztieta, El Mundo, Madrid, 16jun20]

Information
Tienda \| Donaciones online Derechos \| Equipo Nizkor