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14jun13
Matas vuelve a sentarse en el banquillo por exigir a un hotelero una 'mordida' de 3.000 euros al mes
Jaume Matas volverá a sentarse en el banquillo de los acusados. Un jurado popular decidirá el próximo mes de diciembre si el ex presidente del Gobierno balear cometió un delito de cohecho por haber exigido a un hotelero mallorquín el pago de 3.000 euros mensuales a cambio de nada. Para cubrir las apariencias y fingir que se trataba de ingresos legítimos, Matas pidió a Miguel Ramis, propietario de Grupotel, que contratase a su esposa en uno de los establecimientos de la cadena, donde no realizó trabajo alguno.
La Audiencia Provincial de Palma acaba de dictar un auto en el que fija la fecha para la apertura del juicio oral -el próximo 2 de diciembre- y detalla los hechos por los que el ex dirigente del PP será juzgado. Entre ellos, si Matas pidió a Ramis que "simulase un contrato de trabajo con su cónyuge, María Teresa Areal, de una duración de un año", y si aquél reclamó al hotelero "que le entregase 3.000 euros como regalo cada uno de los meses del año 2007".
El jurado popular deberá dilucidar si Ramis "era consciente en todo momento de que Areal no iba a realizar labor alguna para su empresa, y que dicho monto mensual no era más que una simple prebenda". También, si Grupotel "dio de alta a Areal en la Seguridad Social como trabajadora del hotel Valparaíso, empezando a abonarle en concepto de salario la cantidad de 2.938,31 euros netos mensuales, más las dos pagas extraordinarias de junio y diciembre".
El juez José Castro, instructor del caso Palma Arena -y del caso Nóos, derivado de aquél-, concluyó el sumario sobre el presunto cohecho cometido por Matas el pasado mes de enero y lo remitió a la Audiencia Provincial para que abra juicio oral. El auto dictado entonces por Castro sostiene que Areal no hizo trabajo alguno para Ramis ni acudió a su lugar de trabajo. En realidad, la esposa de Matas vivió durante ese periodo a caballo entre Palma y Madrid.
Nómina "sin contraprestación"
Castro coincidió con la Fiscalía Anticorrupción en que se trató de una contratación simulada que sirvió para encubrir el presunto cohecho. Pero el empresario se cansó de pagar sin recibir nada a cambio y "ordenó la rescisión del contrato ante el coste económico que representaba para su negocio abonar una nómina mensual sin contraprestación alguna". El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de cohecho, que castiga a la autoridad, en este caso Matas, que exige o recibe regalos por razón de su cargo y sin contraprestación alguna.
Matas ya fue condenado por la Audiencia de Palma en marzo de 2012 a seis años de cárcel por cinco delitos de corrupción también relacionados con el caso Palma Arena: fraude a la administración, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil, prevaricación en concurso con un delito de malversación y tráfico de influencias agravado. De esta manera, Matas se convertía en el primer ex mandatario autonómico que se enfrenta a una pena de prisión y el segundo ex ministro que prevé ingresar en ella, después de que ya lo hiciera durante tres meses el socialista José Barrionuevo por el secuestro de Segundo Marey.
[Fuente: Por José Luis Lobo, El Confidencial, Madrid, 14jun13]
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