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28may17
Ratones a 193 euros, muebles inexistentes… las asombrosas facturas del caso Marea
Ratones inalámbricos a 193 euros la unidad y exprimidores de zumo a 600 en el colegio Leopoldo Alas Clarín. Biombos a 271 euros y armarios a 3.558 en el C.P. Infiesto. Pupitres de 1.300 euros para un aula de infantil, 200 papeleras para cubrir las necesidades de 40 metros cuadrados, mesas de comedor para un centro que no ofrece servicio de comedor… Materiales innecesarios a precios disparatados. Con el agravante de que, en la inmensa mayoría de los casos, ni siquiera se llegaron a recibir. Las facturas de material y mobiliario escolar aportadas por la investigación del caso Marea, considerado el mayor escándalo de corrupción destapado en Asturias, dejan al descubierto una ristra infinita de derroches absolutamente imposibles de justificar.
El epicentro del escándalo, listo ya para sentencia en la primera de sus dos partes -en Oviedo se espera un fallo inminente-, se sitúa entre 2006 y 2009, en los años de bonanza anteriores a la crisis, cuando el Principado estaba en manos del socialista Vicente Álvarez Areces, el recién dimitido portavoz del partido en el Senado. Y la principal madeja que hubo que desentrañar es la provisión de mobiliario, suministros y material a los centros educativos públicos de la región por parte de dos empresas -Igrafo y Almacenes Pumarín (APSA)- cercanas al entorno socialista y, sobre todo, al que durante siete años ejerció como consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre.
El descuido en la emisión de algunas facturas -presuntamente falsas- es difícil de explicar. Por ejemplo en los 198.000 euros que se pagaron para amueblar el Centro Cultural de Belén de la Montaña a pesar de que ni siquiera existe. O en el instituto Adolfo Posada, un centro que no tiene ni 1.000 metros cuadrados pero para el que se gastaron 8,8 millones en adquirir muebles entre 2006 y 2009. "Sale a 8.812 euros por metro cuadrado amueblable", destaca la instrucción.
La mayoría de las facturas aportadas como prueba fueron emitidas por Igrafo y APSA a la Consejería de Educación del Principado entre 2009 y 2010. Los documentos, a los que ha tenido acceso El Confidencial, constituyen la piedra angular del caso Marea, también llamado caso Renedo por el apellido de la funcionaria asturiana acusada de desviar estos fondos públicos y a la que Igrafo le pagó, entre otros regalos, una piscina en su casa, según la investigación judicial.
Hasta 33 años de prisión
El proceso judicial salpica al consejero de Educación de la época, José Luis Iglesias Riopedre, y a su directora general, María Jesús Otero, detenidos en 2011 y que pasaron varios meses en la cárcel. Durante su mandato promovieron reformas en los cerca de 200 centros públicos bajo su tutela. Los siete principales encausados del caso Marea afrontan penas de entre tres a 33 años de prisión. Las defensas de los siete acusados principales ya dan por descontada una condena y un recurso ante el Tribunal Supremo.
La operativa se repetía en colegios e institutos: Educación confiaba la provisión de material educativo y ofimático a Igrafo y APSA, empresas que emitían facturas con precios muy por encima del mercado. El material nunca llegaba a los centros educativos pese a existir actas que acreditaban su recepción firmadas por los directores.
En las facturas aparecen armarios de almacenamiento de tintas por un importe superior a los 3.500 euros, 344 euros por cada microondas; balones de balonmano de 51 euros mientras los de baloncesto y voleibol cuestan cuatro veces menos, o pizarras interactivas con un coste superior a los 1.500 euros. Tras acreditar la recepción del material, las facturas eran aprobadas por la Consejería de Educación del Principado que abonaba su importe a Igrafo y APSA.
En 2015, cuando el caso ya estaba judicializado, los directores de los centros educativos constataron que el mobiliario y los suministros no figuraban en el inventario del colegio. Es decir, no se habían entregado pese a haber sido pagados con fondos públicos por Educación. Y no solo eso: también alertaban de errores en las actas de recepción del material.
"No reconozco ni la firma ni el sello del centro", "quien firma la entrega en representación de la Administración no era director del centro en esa fecha" o "la letra del acta de recepción no es mía" son algunas de las irregularidades advertidas por los directores.
Entre los casos más sorprendente se cuenta el del Centro Cultural de Belén de la Montaña, situado en el concejo de Valdés, en el occidente asturiano. De acuerdo a las facturas emitidas por Igrafo, la consejería había pagado 198.000 euros a la empresa por amueblar el centro educativo con estanterías, percheros, sillas, mesas y hasta una televisión. Con un pequeño inconveniente a la hora de justificar el desembolso: el centro cultural no existe ni los vecinos han oído hablar nunca de él.
Regalos millonarios de las empresas
Las empresas adjudicatarias eran generosas con sus amigos. En cuatro años enviaron 550 jamones a políticos y funcionarios. Con mención especial al trato que dispensaron a María Jesús Otero, la directora general que tuvo más competencias en Educación entre 2003 y 2010. Según 'El Comercio', en el año 2012 los peritos designados por la Agencia Tributaria documentaron que recibió cheques, viajes, un coche, mudanzas, obras y otros regalos por un valor total de cerca de 2,4 millones de euros. Igrafo y Almacenes Pumarín, además, le habrían servido de todo tipo de facturas falsas para aligerar sus cargas fiscales.
Con cada detalle, la indignación aumenta en Asturias, sobre todo por los problemas económicos que atraviesa el Principado y que afectan a la educación pública. Los alumnos de cinco años del colegio La Corredoria, por ejemplo, acuden a clase en barracones sin calefacción, que no están acondicionados para niños y en los que faltan todas las medidas de seguridad -no hay ni extintores-. Y llevan así desde que el edificio se declarase en ruinas en 2015.
[Fuente: Por Jesús Escudero y Ángel Villarino, El Confidencial, Madrid, 28may17]
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