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20ago16
La Fundación García Lorca, embargada cuando se cumplen 80 años de la muerte del poeta
El pasado viernes 19 de agosto, cuando se conmemoraba el 80 aniversario de la muerte del poeta Federico García Lorca, no era posible visitar la fundación que lleva su nombre, situada en Madrid. Sin apenas empleados ni actividad conocida desde hace más de un año, la institución sin ánimo de lucro que tiene como objeto "promover el estudio y la difusión" de la figura del poeta y otras manifestaciones artísticas relacionadas con su figura sufre un estado de excepción, ahogada por las deudas contraídas con trabajadores, entidades financieras (Caixabank) y empresas como Ferrovial, y en medio de pleitos entre la familia de Lorca y los antiguos responsables de la fundación.
Desde hace años, existe un acuerdo de la institución con las autoridades españolas, andaluzas y granadinas para trasladar el legado del poeta (formado por manuscritos, dibujos, libros y otros documentos) a su ciudad natal, a un centro levantado expresamente para acoger su obra hace ya un año. Sin embargo, tal y como han explicado a Vozpópuli fuentes conocedoras de la situación, dicho legado permanece en la sede de Madrid (la histórica Residencia de Estudiantes), en muchos casos apilado en cajas. Y es que la Fundación Federico García Lorca tiene su patrimonio precintado por una orden judicial de embargo debido a sus incumplimientos en los pagos a Caixabank y a tres empleadas de la institución.
La Fundación Federico García Lorca apenas dispone de medios y patrimonio al margen del legado del poeta, por lo que según diversas fuentes consultadas la devolución de la deuda se antoja complicada si no se recurre precisamente a la venta de parte de ese tesoro, valorado entre 11,9 y 17,4 millones de euros, según un peritaje llevado a cabo por la casa de subastas Christie's, y a la que ha tenido acceso este diario. Ante el riesgo de que los responsables de la institución pudieran vender y por tanto disgregar parte de este tesoro literario e histórico, el Gobierno decretó que gran parte del mismo fuera declarado Bien de Interés Público, lo que impide su comercialización.
Desde Caixabank están tratando de llegar a un acuerdo con la fundación para trasladar todos los manuscritos y documentos de García Lorca a Granada y poder poner en marcha la actividad del centro cuanto antes, más allá de la deuda pendiente. Tal y como informaba Europa Press, la familia del poeta y la entidad financiera estaban ultimando un acuerdo de colaboración (no un patrocinio) para evitar la asfixia financiera de la institución. Pero la situación de embargo judicial, debido a una deuda de más de 240.000 euros originada por salarios atrasados de tres antiguas empleadas de la fundación, suponen a su vez un impedimento para que la operación se lleve a cabo.
"Las trabajadoras estuvieron casi un año sin cobrar, ", explican fuentes conocedoras del caso, que señalan que la Fundación se comprometió hace unos tres meses ante notario a que pagaría. "Ahora estamos en la fase de ejecución y apremio. Hay bienes que son inembargables por su naturaleza de interés público, pero otros no lo son", añaden, a la vez que anticipan la posibilidad de que algunos de estos bienes no protegidos se vendan en subasta para reducir la deuda de la institución.
Frente judicial por presunto desvío de fondos
La desconfianza surgida en el tríangulo que forman las autoridades, la familia García Lorca y los responsables de la fundación tiene su origen en el presunto desvío de fondos públicos otorgados a la institución para la construcción del Centro granadino. Dicho presunto desvío de dinero llegó hasta los tribunales, después de que Laura García Lorca (representante de la familia) demandase al que fuera gerente del Centro Lorca, Juan Tomás Martín, en un pleito que aún está por resolverse en Madrid.
"Estamos pendientes de conocer una nueva auditoría para conocer el verdadero estado de las cuentas", señalan fuentes próximas a Cultura, que insisten en que el legado de Lorca no corre peligro después de que el Gobierno modificara la legislación para que los documentos del poeta granadino tuvieran "la máxima protección y se garantizara su integridad, que es fundamental". En ese tiempo, el Ayuntamiento de Granada ha optado por su parte por modificar los estatutos de la Fundación, de forma que la familia (que ostentaba la presidencia de la institución) tuviera un papel "casi testimonial", tal y como se refleja en una reciente información de El País.
[Fuente: Por Nicolás M. Sarries, Vozpópuli, Madrid, 20ago16]
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