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29abr21
El Consejo Fiscal avala por la mínima la Ley de Memoria Democrática con el voto de desempate de Dolores Delgado
El Consejo Fiscal ha aprobado por la mínima el informe favorable al Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. El resultado de la votación en el órgano de representación de los fiscales ha sido de seis a cinco, con el voto de la fiscal general, Dolores Delgado, resolviendo el empate entre vocales.
Los cinco miembros de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, han votado en contra y han presentado un texto alternativo muy duro con la reforma. A favor han votado los cuatro miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), así como el jefe de la Inspección Fiscal, miembro nato del Consejo. El último voto de Delgado ha sido para respaldar el informe favorable. Ha faltado a la reunión por motivos de salud en teniente fiscal del Supremo, también miembro nato.
Los cinco vocales de la asociación mayoritaria consideran que la redacción de la norma "resulta confusa, calculadamente ambigua y contradictoria" y que la norma "debe ser rechazada en cuanto da falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas, y facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal. Por ello, es este contexto, la creación de una Fiscalía de Sala resulta absolutamente innecesaria".
El Anteproyecto crea la figura de un Fiscal de Sala para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al que también se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados.
Los vocales discrepantes afirman que familiares y asociaciones de fallecidos durante la guerra civil y la posguerra "tienen derecho al descubrimiento de la verdad" y al apoyo de la Administración, pero estiman que no es adecuado encuadrar esa actividad en una investigación penal.
No es penal
"Los denominados juicios de la verdad no forman parte del proceso penal. Corresponde al Estado, a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones -especialmente historiadores-, ajenos a la investigación penal, la búsqueda de la verdad. Las normas que rigen en el derecho penal impiden la investigación judicial", afirman.
Desde la Fiscalía General se sostiene que la nueva ley, impulsada por la vicepresidenta Carmen Calvo, supone "la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a los compromisos y obligaciones internacionales asumidas por España en esta materia".
"El Anteproyecto sitúa a la Administración General del Estado en la posición de garante, asegurándose así, en condiciones de igualdad, una misma respuesta en toda España a los derechos a la verdad, a la justicia y a una reparación integral de las víctimas, al desarrollo de las medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción orientadas al restablecimiento de sus derechos y a evitar con ello la repetición de hechos similares".
[Fuente: Por Manuel Marraco, El Mundo, Madrid, 29abr21]
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