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16may17

El juez levanta el secreto de 19 tomos del sumario de 'Lezo' e imputa a Villar Mir y al exgerente del PP

El juez Eloy Velasco, que investiga la trama de corrupción conocida como 'Lezo', que ha llevado a prixión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ha levantado el secreto de los tomos 1 a 19.

Por otra parte, el juez Velasco ha citado a partir de septiembre a 52 investigados en el caso Lezo entre ellos el empresario Juan Miguel Villar Mir y la mujer del expresidente Ignacio González, Lourdes Cavero.

El juez adopta esta decisión en el mismo auto en el que acuerda levantar parte del secreto de la causa, del tomo 1 al 19 inclusive, citar a esos 52 investigados a partir de septiembre, y dividir el procedimiento en seis piezas. La pieza 1 engloba la causa principal sobre la expansión del Canal de Isabel II en Sudamérica; la pieza 2 versa sobre las irregularidades en la adjudicación en la gestión de Canal Golf y la pieza 3 sobre la adjudicación del tren de Navalcarnero. La 4, está destinada a la supuesta financiación ilegal del PP a través de Indra; en la 5, se investigará el blanqueo de capitales, y en la 6 las irregularidades en Mercasa.

Es a propósito de la financiación ilegal del PP cuando se entremezclan dos de los casos de corrupción que con más éxito se han infiltrado en organismos e instituciones, especialmente de la Comunidad de Madrid: Lezo y Púnica. De hecho, los registros que se llevaron a cabo en Madrid en el marco de la Operación Púnica llevó a los investigadores hasta la multinacional tecnológica Indra. La inspección se inició justo después de conocerse que la sede de la constructora OHL en Madrid también era investigada en el marco de la operación Lezo, por la que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González fue detenido y enviado a prisión. La empresa de Villar Mir, OHL, está acusada de pagar una mordida de 1,4 millones de euros al entorno de Ignacio González para amañar la adjudicación del tren de Navalcarnero.

De acuerdo a las investigaciones del juez Velasco, por otra parte, la Comunidad de Madrid usó Indra como fondo de reptiles para pagar en B trabajos de reputación de imagen en Internet de Ignacio González y su equipo al frente del Canal de Isabel II (2003-2010).

Además de en la constructora OHL y la tecnológica Indra, los registros se llevaron a cabo en Mercasa (el hermano de Ignacio González, Pablo González, era director de Operaciones de la empresa pública, donde también fue detenido por la Guardia Civil), la firma de Subastas Segre (propiedad de la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, ahora imputada), en la empresa pública Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), la actual Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, la empresa de Ildefonso de Miguel (exgerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009 e imputado), Saerco, y la constructora ACS.

De la lista de 52 imputados por el juez Velasco, estos son los nombres más destacados:

  • Ignacio González, expresidente madrileño y mano derecha de Esperanza Aguirre, que se encuentra en prisión sin fianza tras haber sido considerado uno de los cerebros del saqueo al Canal de Isabel II. Se le atribuye el cobro de una comisión de 1,4 millones pagada por OHL a cambio de la adjudicación del tren de Navalcarnero y se le vincula con la financiación ilegal del PP de Madrid, al que habría desviado un millón de euros de la Comunidad, concretamente de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), que depende de la administración regional.
  • Juan Miguel Villar Mir, empresario y dueño de la constructora OHL, a la que se atribuye el pago de 1,4 millones de euros a Ignacio González para hacerse con el contrato del tren de Navalcarnero. Villar Mir ya fue imputado en la pieza separada de los papeles de Bárcenas, aunque finalmente el juez levantó su imputación, así como la del resto de los empresarios que aparecían como donantes del PP en la documentación del extesorero.
  • Pablo Manuel González, hermano del expresidente madrileño y relacionado con la Operación Lezo y con la Operación Trajano, en la que está imputado, que es la que investiga el saqueo de Marcasa, la empresa pública dependiente de la SEPI que gestiona los mercados madrileños y de la que era director de Operaciones. Se encuentra en prisión con Ignacio, aunque en su caso podrá salir si paga una fianza de cuatro millones de euros.
  • Pablo González Liberal, padre de Ignacio González, pudo ayudar a su hijo a blanquear dinero mediante préstamos ficticios.
  • Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel por ordenar el fraccionamiento de contratos para otorgarlos a dedo a las empresas de Francisco Correa. Ha ocupado cargos en la administración desde hace más de 20 años. Desde 2003 hasta 2009 fue diputado en la Asamblea de Madrid. En 2004 fue nombrado viceconsejero de Presidencia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en 2007 Consejero de Deportes. Antes había ostentado el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, puesto desde el que Esperanza Aguirre le fichó para la Comunidad de Madrid.
  • Beltrán Gutiérrez Moliner, exgerente del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, fue condenado en el juicio de las tarjetas black y está imputado en la pieza sobre la financiación irregular del PP de Madrid en el marco de la operación Púnica.
  • Eduardo Ameijide Montenegro, expresidente de la empresa pública Mercasa y jefe de Pablo González. Presentó su dimisión tras la detención del hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid.
  • José Juan Caballero, cuñado de Ignacio González y marido de Isabel González, diputada de la Asamblea de Madrid. El juez le considera uno de los beneficiarios del pelotazo del campo de golf de Chamberí, que probablemente se utilizó para desviar fondos a la familia del expresidente madrileño. El magistrado le envió a prisión pero salió tras depositar una fianza de 100.000 euros.
  • Francisco Javier López Madrid, yerno de Villar Mir y amigo de los reyes -el 'compiyogui' que aparecía en algunos mensajes de móvil-, está involucrado en varios casos de corrupción. Está condenado por las tarjetas Black e imputado en la Púnica. Esa investigación le señala por haber financiado al PP de Madrid con 1,8 millones de euros en dinero negro. La Operación Lezo también le responsabiliza de pagar 1,4 millones en Suiza a Ignacio González por una adjudicación a OHL, empresa en la que es consejero.
  • Edmundo Rodríguez Sobrino, hombre de Ignacio González en Latinoamérica y consejero del diario La Razón. El juez cree que es el principal responsable del desfalco de 25 millones de dólares en la compra de la sociedad brasileña Emissao. Está en prisión sin fianza.
  • María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal de Isabel II, se le ha impuesto una fianza de cuatro millones de euros para eludir la prisión provisional. El juez la vincula con la compra de la sociedad brasileña Emissao, que provocó una pérdida para el Canal de Isabel II de 25 millones de dólares.
  • Adrián Martín López de las Huertas, exgerente del Canal de Isabel II, también se le responsabiliza de la compra ruinosa de Emissao, la sociedad brasileña que se adquirió por 16 millones de euros más de su valor real. El juez le mandó a prisión con una fianza de 100.000 euros.
  • Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González, se encuentra imputada además en el caso del ático de Marbella por el que también se investiga a su marido. Lourdes Cavero fue presidencia de la CEIM, la patronal de empresarios madrileños que preside Arturo Fernández. Actualmente preside Subastas Segre (en cuya directiva se encuentran su hermana Pilar y Carmen Cafranga, imputada y condenada por las 'black').
  • Ildefonso de Miguel, Director gerente del Canal Isabel II entre 2006 y 2009, es el creador de Saerco, una compañía especializada en servicios de navegación aérea.
  • Pedro Antonio Martín Martín, hombre de confianza de Ignacio González durante su vicepresidencia en la Comunidad de Madrid y ex alto cargo del PP: fue secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes con los Gobiernos de José María Aznar.
  • Jesús Trabada Guijarro, administrador y propietario de Bustren PM, fue consejero delegado de la empresa pública de transportes MINTRA (Madrid Infraestructuras y Transportes) entre 2003 y 2011.

El resto de los imputados son:

Clarisa Guerra Soto, José Antonio Clemente, Diego Fernando García, Ignasi Maestre, José Martínez Nicolás, José Manuel Serra Peris, Fernando José de Cevallos Aguarón, Oriol Serra Ibars, Luis Vicente Moro Díaz, José Javier Soler Gallego, Francisco Javier Domínguez Anaya, Carlos Isidro Bello Vicente, Carlos Turro Homedes, Sergio Vidal Balaguer, Óscar Sánchez Moyano, Juan Miguel Madoz Echeverría, José Miguel Alonso Gómez, Jesús Arranz Monje, Ángeles Monje Gutiérrez, Adrián de la Joya Ruiz de Velasco, María del Pilar Olivo Valverde, Dimitris Tsalidis, Luis Vicente Moro, Joaquín Molpeceres Sánchez, Miguel Sáiz de la Hoya, Fernando Manuel Serrano Fuentes, Avelino Alfredo Martínez Herrero, Ángel Varona Grande, Alberto Pérez de la Sal, Carmen Pliar Pazos Bajarano, Pino Escudero del Castillo, María Teresa de Mingo Azárate, Rocío y Leticia Bonet Cavero, Manuel Martínez Téllez, Jaime Antoñanzas de Toledo, Rafael Martín Nicolás, Sebastiao, Cristovam, Patricia Ana Rodríguez Revuelta, abogada , Guido Vicenzini, Álvaro Curiel Fernández, Fernando Sánchez Sánchez, Ibo Kratsmer, José Ángel Martínez Ferreiro, Ivo Kratsmer, Manuel Estrada-Nora, Ángel Ventura Cano, María Jesús Prieto Jiménez, Juan Puertas Hernández, Javier Pardo de Santayana Dubois, Guillerme Taveira Pinto, Luis Hermosilla Ibáñez, Ana María Paloma Ferreiro Ribir.

[Fuente: República de las ideas, Madrid, 16may17]
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