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23mar13
La nueva Ley de Montes abre la puerta a la recalificación urbana de bosques quemados
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, presentó hace una semana a varias ONG ecologistas el cuarto borrador de la futura Ley de Montes. Un texto que, en su artículo 50, contempla la posibilidad de recalificar montes arrasados por el fuego. "Con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar cambio de uso forestal cuando concurra un interés general prevalente el cual deberá ser apreciado mediante ley, siempre que se trate de terrenos de titularidad pública y que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada. Tales medidas compensatorias deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso", reza el borrador de la futura ley.
Aunque el texto todavía no es definitivo, Greenpeace alerta de que este nuevo párrafo (añadido ahora sobre el texto originario de la Ley 43/2003 de 21 de noviembre) abre la puerta a posibles recalificaciones de montes quemados para convertirlos en urbanizables. "Durante la reunión, el ministro Arias Cañete nos aseguró que esto solo se aplicaría en casos excepcionales, pero tenemos el razonable temor de que, como ocurre tantas veces, la excepcionalidad se pueda convertir en norma", explica a El Confidencial Mario Rodríguez, director de Greenpeace en España.
Para evitar que la avaricia especulativa inspirara a propietarios de montes y constructores a arrasar con fuego espacios naturales para su posterior recalificación, como ocurrió de forma reiterada desde los años 70 en España coincidiendo con el boom inmobiliario, la legislación española prohíbe taxativamente el cambio de uso de los espacios quemados en el plazo de 30 años. Es decir, si un monte arde su recuperación está protegida por la prohibición de "cambio de uso forestal al menos durante 30 años" y por la imposibilidad de realizar en ese espacio "toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica".
El parque carbonizado donde se asienta Terra Mítica
Caso emblemático de sospecha sobre la quema de montes para su recalificación en España son los terrenos sobre los que se asienta Terra Mítica, parque temático situado en Benidorm (Alicante). Terra Mítica se construyó sobre 450 hectáreas de terreno no urbanizable de especial protección forestal. De hecho, estaba prevista la creación en ese entorno de un gran parque forestal, que se hubiera convertido en uno de los grandes referentes ecológicos de Europa. Pero, el 11 de agosto de 1992, un incendio provocado arrasó esos terrenos. A medida que los equipos de extinción intentaban detener las llamas, varios focos simultáneos las iban reavivando desde los lugares más insospechados. Como si se tratara de una campaña orquestada. Esta situación se prolongó durante varios días. Mientras bomberos y retenes se concentraban para detener los frentes de fuego, nuevos focos renacían desde zonas desprotegidas.
Desapareció así uno de los más bellos pulmones forestales de España. Y la comarca alicantina de la Marina Baixa se convirtió en un páramo de carbón negro. El alcalde de Benidorm era entonces Eduardo Zaplana, que culpó a la Consellería de Medio Ambiente, del gobierno del socialista Joan Lerma, de "descoordinación y lentitud en las tareas de extinción". Ningún plan de reforestación se aplicó en los años siguientes para recuperar los bosques quemados.
Cuatro años más tarde, en 1996, recién elegido Zaplana presidente de la Comunidad Valenciana, se creó la sociedad Parque Temático de Alicante, que ese mismo año se beneficiaba de la expropiación de los terrenos arrasados y otorgaba a Terra Mítica SA la concesión del suelo para construir una enorme zona hotelera (2.500 plazas), dos campos de golf y el Parque de la Naturaleza.
Cuando se redactó la ley que cercenó en 2003 la posibilidad de recalificar bosques quemados también Zaplana estaba allí. Era el portavoz de Gobierno de José María Aznar desde mes y medio antes.
Ahora el ministerio de Arias Cañete pretende retocar aquel restrictivo artículo 50 de la ley de 2003 y abrir la puerta a excepciones. Una propuesta que Greenpeace califica como "un peligroso paso atrás".
[Fuente: Por Anibal Malvar, El Confidencial, Madrid, 23mar13]
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