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15mar15
El caso Villarejo como síntoma de la enfermedad democrática
El episodio de los comisarios que pidieron reunirse en una cafetería de la Puerta del Sol con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para hablar de su ya famoso ático en Guadalmina, Málaga, sobre el que a la sazón estaban investigando, reunión que ha supuesto el final de la carrera política del citado, ha sacado a la luz una realidad desconocida para el gran público: la existencia en las cloacas del Estado de una estructura policial paralela que parece ajena a cualquier control, no ya judicial, sino incluso político del Gobierno de turno. Se trata de un grupo de "agentes encubiertos", varias decenas según la versión oficial, con capacidad para prestar cobertura personal a una serie de operaciones que no podrían abordarse de otra forma a la luz del día y que, a cambio, parecen contar con patente de corso para campar a sus anchas sin dar explicaciones, para buscar y rebuscar en vidas y haciendas, se supone que en interés del Estado, aunque a menudo persiguiendo objetivos de puro medro personal alejados del bien común.
Tras la concepción hobbesiana del Estado como una situación de batalla campal generalizada, fue Max Weber quien definió el Estado moderno como "la comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima". La violencia no se suprime, sino que se institucionaliza, se burocratiza. Los Estados crean una serie de instituciones con el cometido de gestionarla, y los ciudadanos ceden a los políticos la facultad de decidir cuándo recurrir al uso de la fuerza. Temeroso del problema moral (el "dilema de las manos sucias") que ello implica, el ciudadano normal se limita a aceptar que sea la maquinaria del Estado la que se encargue del "trabajo sucio". Sabe que esos trabajos existen, pero no quiere conocer los detalles, peor aún, se desentiende, permitiendo con ello que la minoría que en su nombre ejerce la violencia abuse del poder incontrolado que les otorga una mayoría que, al final y víctima de su hedonismo, termina volviéndose vulnerable a la violencia incontrolada y a ese riesgo del que ya advirtió Constant en el XIX: la aparición de "redes secretas de poder coactivo" tejidas por políticos -o policías especiales- dispuestos a utilizar esa fuerza delegada en beneficio propio.
La línea de sombra es tan delgada a la hora de materializar esos "trabajos sucios", las posibilidades de vulnerar la ley son tantas, que a menudo esas fuerzas especiales derivan en simples mafias o algo parecido, personajes que, acogidos a la célebre sentencia de Maquiavelo de que es mejor ser temido que amado, se convierten en intocables por mor de la información secreta que han ido acumulando, capaces como son de hacer temblar las estructuras del Estado si a alguien se le ocurre llamarles al orden. El caso del comisario José Villarejo es el último ejemplo de lo descrito, pero ni es el primero ni será el último. Fanfarrón donde los haya, acostumbrado a hacer de su capa un sayo durante décadas, descrito como tipo "muy peligroso", el gran Pepe Villarejo replicó a la denuncia de "extorsión" y "chantaje" efectuada por el citado González con otra querella en sentido contrario contra el presidente madrileño, "porque me sobra dinero para llevar a los tribunales a todo el que se me ponga por delante".
Durante varios días los responsables del ministerio del Interior que dirige el pío Jorge Fernández estuvieron callados como muertos, sin decir esta boca es mía, se supone que asustados ante la posibilidad de pisar una mina capaz de hacer volar por los aires los trapos sucios de todos los Gobiernos de la democracia. Particularmente estruendoso ha sonado el silencio del PSOE en este caso, un partido que ha gobernado España durante veintitantos años y que ha contado con ministros del Interior, léase Pérez Rubalcaba, expertos como pocos en el manejo de los bajos fondos policiales en beneficio propio. Los ministros del Interior de la democracia han utilizado a los mismos policías para idénticos o parecidos servicios, siempre en el lado oscuro de la ley o abiertamente vulnerándola. Razón por la que tales policías sobreviven a Gobiernos de todos los colores, eternizándose en sus puestos: se han hecho intocables y guardan tanta porquería de tanta gente que no hay ministro que se atreva a toserles. Son la gangrena de un sistema enfermo, el barómetro de una democracia de bajísima calidad que sobrevive a base de ignorar sus propias miserias.
Amparado por gente poderosa
El relato cambió de golpe cuando el diario El País dio a conocer lo que en el mundo policial es un secreto a voces: que Villarrejo es un hombre muy rico, con una fortuna que el diario, por el método de sumar los fondos propios de las empresas que aparecen en el Registro Mercantil a su nombre, eleva a 18 millones, pero que algunas voces dentro del propio estamento policial cuantifican entre 35 y 40. Y entonces sí, entonces Fernández Díaz anuncia la apertura de una investigación sobre la procedencia de los dineros del comisario. Pero el arreón de legalidad le dura apenas 24 horas, porque, víctima de lo que parece un ataque agudo de sensatez, rápidamente pliega velas y vuelve a elogiar a Villarejo recordando "los relevantes servicios por él prestados en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado". De modo que el aludido puede presumir ahora de tener al Estado, en realidad a malos servidores del Estado, bien atados por el ronzal de sus miedos.
"Éste se siente amparado por gente poderosa, obviamente políticos de primer nivel", asegura una fuente policial. "Y es verdad: ha trabajado para todos y tiene mucha mierda de todos. Pero no es a él a quien habría que pedir cuentas, que también, sino a quienes a lo largo de los años han autorizado y consentido sus fechorías. Ahora el monstruo ha adquirido tal dimensión que nadie se atreve con él". Un problema de calidad democrática, una nueva evidencia, esta vez en clave policial, de la necesidad de regeneración del sistema. El personaje está crecido, observando el pánico que en derredor expanden sus "advertencias". Oscar López-Fonseca contaba aquí el jueves que el policía está dispuesto a sacar a la luz copias de varias 'minutas' (notas internas que los agentes dirigen a sus superiores con el detalle de sus actuaciones) denunciando irregularidades varias. Una de ellas se refiere a la actuación de los agentes del CNI en la negociación para liberar a dos periodistas españoles secuestrados en Siria durante meses y liberados en marzo de 2014. El comisario sostiene que de los 6 millones que salieron de los fondos reservados para liberar a los informadores, sólo 2 fueron a parar a manos de sus captores yihadistas. El resto se "perdió" en el camino.
Incluyendo su supuesta participación en el affaire de Francisco Nicolás Gómez (el 'pequeño Nicolás'), con las aventuras de Pepe Villarejo podrían completarse varios Quijotes de actuaciones a cual más estrafalaria y escandalosa, la última de las cuales tiene que ver con su participación -así figura en el sumario del caso- en el escándalo de acoso sexual que enfrenta a Javier López Madrid con la doctora Elisa Pinto. El consejero delegado de OHL y amigo personal de Felipe VI y la reina Letizia, habría contratado los servicios de Villarejo -por recomendación nada menos que de Paco Granados- para persuadir a la doctora de que dejara de molestar al empresario. La persuasión le ha costado a la doctora dos apuñalamientos, en el segundo de los cuales podría estar directamente implicado el propio policía. Es un ejemplo más de los servicios que Villarejo, y otros muchos "agentes encubiertos" como él, prestan y han prestado a grandes empresarios españoles dispuestos a encargarles "trabajos sucios" a cambio de grandes sumas de dinero.
Villarejo apunta a Soraya Sáenz de Santamaría
Ahora el todo Madrid está pendiente de "Información Sensible", una página web desconocida hasta hace unos días, de la que el propio comisario sería editor y desde la que anuncia las coordenadas de sus próximos zambombazos informativos, uno de los cuales ha impactado en el palacio de La Zarzuela y tiene por protagonista a una vieja conocida de la parroquia española, la supuesta princesa Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, quien estaría recibiendo fuertes presiones del CNI para que "vuelva a los brazos del Señor…" La agresividad del comisario parece ir en aumento, y también su arrojo al haber empezado a dirigir sus disparos nada menos que contra la vicepresidencia del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, palabras mayores, y contra su jefa de gabinete, María Picó, a las que subliminalmente sitúa detrás de las informaciones de El País que tratan de desacreditarle con sus riquezas. El "agente encubierto en régimen de excedencia especial" acusa a la Vicepresidencia -de la que depende el CNI- de "ponerle en riesgo a él, a su familia y al equipo de colaboradores repartidos en todo el mundo".
De modo que Villarejo quiere ya caza mayor, como si haberse cepillado al presidente de Comunidad de Madrid fuese para él peccata minuta. Quiere la muesca de una vicepresidenta del Gobierno en la culata de su pistola, vicepresidenta y seria aspirante a heredar la primogenitura de Rajoy al frente de la derecha española. Una presidenta del Gobierno in pectore. El escándalo, pues, empieza a ser un problema de Estado. Algo tendrá que hacer Mariano Rajoy -¿hay alguien ahí?-, aunque la tarea de verdad corresponde a los ciudadanos españoles, obligados en este dramático 2015 a abrir las ventanas al aire limpio de la mañana y oxigenar la gran casa común de tanto "trabajo sucio" como atiborra la maquinaria de un Estado podrido.
[Fuente: Por Jesús Cacho, Vozpópuli, Madrid, 15mar15]
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