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10mar15
Los lucrativos negocios del comisario Villarejo al margen de la Policía: participa en 12 empresas
El ya célebre comisario José Villarejo, involucrado en el caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias y que ha sido acusado por el presidente madrileño, Ignacio González, de intentar chantajearlo a propósito de la investigación sobre el ático marbellí del dirigente popular, tiene aparentemente una intensa actividad empresarial, que compagina con su labor policial. El alto cargo policial, adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) y que define su cometido como el de agente encubierto, tiene participación en al menos doce sociedades, con un capital social de más de 16 millones de euros.
Villarejo explica que ha llegado a poner alguna de esas empresas "al servicio de la policía para realizar acciones de investigación dentro y fuera de España". Asegura que cuenta con la autorización para gestionar -junto a su mujer, Gemma Alcalá, y el abogado Rafael Redondo- esa media docena de firmas, de las que, en algunos casos, es presidente o administrador único, y que no hay ninguna irregularidad, informa El País.
"Después de 10 años de excedencia en la policía, me pidieron que volviera como agente encubierto en régimen de excedencia especial y me autorizaron a mantener mi actividad privada", ha indicado Villarejo al citado diario. El mando que habría dado el correspondiente permiso a Villarejo es el comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo. Desde el Ministerio del Interior rechazan comentar la situación de Villarejo.
Tras las revelaciones sobre los negocios de Villarejo, el ministro del Interior ha ordenado a la Dirección General de la Policía un informe sobre las actividades del comisario. Fernández Díaz ha señalado, no obstante, que no duda de que esas actividades se ajustaran en su momento al régimen de incompatibilidades: "Cuando se autorizaron es porque cumplían los requisitos y fueron acreditados por órganos muy solventes", ha dicho. "En principio no dudo, hasta que se demuestre lo contrario, de que cuando fueron autorizadas esas actividades los responsables policiales consideraron que esa compatibilidad y legalidad se daba", ha insistido.
Fernández Díaz ha señalado que algunas de esas empresas mencionadas en la información se crearon hace veinte años y que "algunas están en extinción y otras liquidadas". No obstante, ha dejado claro que no es el ministro del Interior quien debe conocer cuál es el patrimonio de los funcionarios de la Policía y si cuentan o no con empresas. Para eso, ha añadido, la Dirección General de la Policía, como otras instituciones del Estado, dispone de un régimen de compatibilidad e incompatibilidades y de unidades y órganos que velan para que estas normativas se cumplan.
Dos décadas de carrera empresarial
La actividad empresarial del mando policial se remonta a los años noventa, con un capital muy escaso y se ha multiplicado en los últimos 22 años. Villarejo, que ejerció como director general de la Policía entre 1994 y 1996, fue recuperado en enero de 2011, tras una aparente ausencia. Cuatro de las empresas del entramado de Villarejo tienen un capital social millonario, mientras que el de otras cuatro se limita a 3.000 euros. Las gestiona desde su oficina de Torre Picasso, aunque varias tienen su sede en el domicilio particular del comisario, en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.
Entre los sectores de actividad en los que operan las empresas participadas por Villarejo se encuentran, entre otros, la gestión de "parques de recreo, ferias y otros servicios relacionados con el espectáculo", la "consultoría y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial" o la administración de un hospital a las afueras de Málaga, centro que el comisario asegura que pertenece a su familia.
Villarejo mantiene un agrio enfrentamiento con la unidad de Asuntos Internos, que dirige el comisario Marcelino Martín-Blas. Este último firmó un informe policial según el cual Villarejo se habría reunido con el presunto estafador Francisco Nicolás en un parque de Madrid. Poco después quedó claro que se trataba de un grave error: intencionadamente o no, los agentes de Asuntos Internos habían confundido a Villarejo con un jubilado. Tras ese incidente, Villarejo denunció a Martín-Blas por haber supuestamente manipulado pruebas y alterado la investigación en varios sumarios de corrupción.
[Fuente: Vozpópuli, Madrid, 10mar15]
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