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25jul13
El CGPJ ampara a una juez militar presionada por investigar corrupción
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha amparado a la juez militar que denunció presiones por investigar un caso de supuesta corrupción en el Ejército del Aire y ha comunicado esta resolución al presidente del Tribunal Militar Central.
El pleno del CGPJ ha asumido así la propuesta que le hizo la Comisión Permanente del Poder Judicial, que le solicitó que instara al coronel jefe de la base aérea de Getafe a que cese o se abstenga en el futuro "de cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la actuación judicial, con expresa referencia al ámbito del acuartelamiento cuya jefatura ostenta".
La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces y magistrados acordó por unanimidad el pasado 27 de junio investigar las presiones denunciadas por la juez porque existían en los hechos "indicios racionales de conducta que pudiera ser perturbadora de la independencia judicial".
La titular del juzgado togado territorial número 12, con sede en Madrid, pidió amparo al órgano de gobierno de los jueces ante las presiones que dijo estar sufriendo en la investigación de un caso de presunta corrupción en el Ejército del Aire y que, según la juez, afectaban "gravísimamente" a su independencia.
Según publicó El País, las injerencias procederían del coronel jefe del acuartelamiento de la agrupación de la base aérea de Getafe (Madrid), del jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, del Asesor Jurídico General de Defensa y el Tribunal Militar Central, que le ha abierto un expediente disciplinario por falta grave que, más allá de la sanción económica -hasta 20 días de suspensión de sueldo-, puede acabar con su carrera profesional.
La falta imputada a la juez consistiría en no haber avisado con suficiente antelación al coronel jefe del Acuartelamiento Aéreo de Getafe (ACAR Getafe) de su decisión de proceder a un registro e inspección ocular de algunas de sus dependencias, en el curso de un sumario, declarado secreto, en el que investiga presuntos delitos de malversación de fondos públicos o falsedad documental.
[Fuente: El Confidencial, Efe, Madrid, 25jul13]
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