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08jun10
Al menos 14 jueces han pedido el puesto de Garzón en la Audiencia Nacional
Al menos 14 magistrado han pedido el puesto que ha dejado vacante el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional tras su traslado a la Corte Penal Internacional, según ha confirmado el tribunal en un comunicado hecho público este martes.
La Audiencia acordó el pasado 25 de mayo convocar un concurso para encontrar un relevo en el Juzgado de Central de Instrucción nš 5, que era el de Garzón. Las peticiones han podido llegar por correo postal durante los diez días del plazo establecido, que finalizó ayer.
El próximo 21 de junio, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional estudiará las candidaturas y preparará una propuesta que trasladará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que recae la decisión final. El único requisito que se ha pedido a los candidatos es que sean magistrados.
Entre los solicitantes se encuentran dos magistrados que ya conocen la Audiencia. Uno de ellos es Pablo Ruz, que ejerció de apoyo en el juzgado central de instrucción número 6 a raíz de la dedicación exclusiva de Del Olmo al sumario del 11-M, por lo que ya tiene experiencia como instructor en la Audiencia.
También ha reclamado la plaza la magistrada Flor Sánchez, que formó parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La lista incluye también al magistrado José Antonio Vázquez Taín, que saltó a la fama por sus actuaciones contra el narcotráfico en su etapa de juez en Vilagarcía de Arosa.
Después de 22 años de trayectoria, Garzón abandonó la Audiencia Nacional el pasado 14 de mayo tras ser suspendido de sus funciones por el CGPJ. El órgano de los jueces tomó esta decisión tras haberse abierto juicio oral contra Garzón en el Tribunal Supremo por una presunta prevaricación que podría haber cometido al investigar las desapariciones del franquismo. El magistrado abandonó la Audiencia Nacional visiblemente emocionado y entre aplausos de compañeros y simpatizantes.
El Consejo actuó contra Garzón en aplicación del artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que obliga a apartar de sus labores jurisdiccionales a cualquier juez o magistrado cuando se haya declarado haber lugar a proceder contra él por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Posteriormente, el CGPJ autorizó el traslado del juez a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Holanda). Allí ocupa ahora un puesto de consultor externo de la Fiscalía, tarea que se prolongará durante los próximos siete meses.
[Fuente: El Mundo, Madrid, 08jun10]
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