16sep02

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Jueces para la Democracia considera improvisado e ineficaz el plan del Gobierno contra la delincuencia.

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Tras haber analizado con detenimiento el denominado "Plan contra la Delincuencia" presentado por el gobierno, el Secretariado de Jueces para la Democracia considera que el conjunto de medidas que se proponen no sólo han sido improvisadas en su mayoría, pues no se basan en un estudio serio del problema de fondo, sino que resultarán ineficaces porque reiteran medidas ya ensayadas y que no han dado resultado.

En primer lugar llama la atención a JpD que se pretenda endurecer las penas, como ya hizo el Código Penal de 1.995, sin intentar previamente desarrollar la totalidad de medidas alternativas que ese texto ideaba. Reformar las medidas sustitutivas es presumir que ha fracasado un sistema al que no se ha permitido actuar, pues nunca se ha invertido en facilitar el cumplimiento de arrestos de fin de semana o trabajos para la comunidad, como reiteradamente han venido denunciando los jueces de todo signo.

En lo procesal es éste el enésimo plan de "juicios rápidos" que se presenta en sociedad. A JpD le parece lamentable que en vez de indagar en las razones por las que fracasaron los anteriores, se vuelva a publicitar, sin modificaciones sustanciales, esta medida, que se está convirtiendo más en un eslogan que en un verdadero plan de agilización.

Por otro lado la evidente falta de previsión del gobierno en cuanto a los medios policiales precisos para hacer frente a la delincuencia, y la falta de especialización para luchar contra ciertos tipos de delincuencia minoritaria pero muy llamativa por lo sangriento de sus métodos, quiere ocultarse mediante el expediente de incrementar el número de internos en las prisiones y de insinuar que hay una relación entre delincuencia e inmigración, fácil recurso que sólo evidencia la incomprensible dejadez gubernamental durante los últimos años.

El tratamiento penitenciario que quiere darse al cumplimiento de las penas es regresivo, abdicando de la función de reinserción social que debe presidir su aplicación, pues así se proclama por nuestra Constitución. Dificultar la progresión de grados sólo contribuirá a mantener a más personas en prisión durante más tiempo, pero no facilita una conveniente recuperación para la sociedad de los condenados.

Por último JpD quiere denunciar que no aprecia ni una sola medida de carácter preventivo, para luchar contra las causas de la delincuencia. Ante el incremento de aquélla la solución no puede ser más penas, más cárceles y menos reinserción, sino que debe atajarse con una política social decidida, que procure la desaparición de los focos de marginalidad que provocan su aparición.

Madrid, 16 de septiembre de 2002