EQUIPO NIZKOR |
|
20may11
Los catedráticos del PP inclinaron la balanza de la Junta Electoral
La Junta Electoral Central aprobó ayer por un solo voto prohibir las protestas del movimiento 15-M. Los catedráticos elegidos a propuesta del PP en ese órgano inclinaron la balanza a favor de la prohibición. Uno de los nombrados a propuesta del PSOE votó por la autorización, otro se abstuvo.
En concreto, los miembros de la Junta Electoral a favor de prohibir la propuesta fueron el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Pedro González Trevijano, la catedrática de Derecho Civil Silvia Díaz, ambos propuestos por el PP, el magistrado conservador José Manuel González Rivas y los progresistas Rafael Fernández Montalvo y Antonio Martín Valverde
En contra de prohibir las manifestaciones se pronunciaron el magistrado de Tribunal Supremo Luciano Varela, progresista e instructor del caso contra Garzón por la memoria histórica; Rosario García Mahamunt, catedrática de Constitucional a propuesta del PSOE; y José Manuel Trayter, catedrático de Derecho Administrativo (CiU). Se abstuvo Pablo Santolaya, catedrático de Derecho Constitucional designado por el PSOE.
La decisión se tomó por cinco votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Los magistrados del Tribunal Supremo Luciano Varela (progresista e instructor del caso contra Garzón por la memoria histórica) y José Manuel Maza (conservador) redactaron sendos votos particulares discrepantes. Entre los cuatro en contra de la prohibición se incluyen catedráticos propuestos en su momento por el PSOE.
La Junta está formada por ocho magistrados del Tribunal Supremo y por cinco catedráticos que son designados por el Parlamento.Tres magistrados se fueron antes de la votación, según fuentes de la Junta. La elección de estos últimos requiere mayoría cualificada y, por tanto, acuerdo de los dos principales partidos. Los magistrados son designados por sorteo por el Consejo del Poder Judicial. El presidente y el vicepresidente son Antonio Martín Valverde y Rafael Fernández Montalvo, respectivamente, ambos magistrados.
"Un problema nuevo"
La asociación progresista Jueces para la Democracia se ha desmarcado esta mañana de manera clara del acuerdo de la Junta de prohibir las protestas del Movimiento 15-M al considerar que se crea "un problema nuevo" por una "interpretación restrictiva" del derecho de manifestación.
Los jueces progresistas entienden que las concentraciones y acampadas expresan un "descontento generalizado" que "tiene su origen en unas políticas neo liberales que dejan a demasiada gente en la estacada en una sociedad en que los Mercados ha suplantado demasiados espacios". Por todos ello, JpD considera que los manifestantes no hacen otra cosa que "recuperar su derecho a participar, reflexionar y decidir", por lo que les parece inadmisible que no se les permita manifestarse. "No podemos admitir como razonable que se restrinja esa voluntad esencialmente democrática", dicen.
El comunicado de la asociación judicial va incluso va allá de la discrepancia y considera "cuestionable la propia competencia de la Junta Electoral Central" para prohibir las protestas. Consideran, por el contrario, que la Junta debe limitar sus acuerdos a la actividad de los partidos y los candidatos. "El resto de ciudadanos sostiene su derecho a protagonizar esa jornada. La ciudadanía no ve restringidos sus derechos y las personas deben disfrutar de sus derechos de participación". En ese sentido se recuerda que aunque esté prohibida la publicidad electoral en la jornada de reflexión se produce una "comunicación permanente en la red", por lo que "con mayor razón… la intención de las personas concentradas no se puede identificar directamente con la petición de voto a una opción concreta", que es lo que viene a decir el acuerdo de la Junta Electoral Central.
Jueces para la Democracia recuerda las diversas sentencias del Tribunal Constitucional a favor de las manifestaciones y concentraciones durante la jornada electoral, siempre que no se reclame el voto para ningún partido, por lo que, entienden que "se debería apostar de forma clara y contundente por permitir la continuidad de un movimiento plural y participativo como el desarrollado de forma pacífica por las personas que se encuentran en las diversas plazas de nuestras ciudades. El comunicado concluye reclamando prudencia al Gobierno y rechazando el uso de "vías represivas para imponer la decisión adoptada" por la Junta Electoral.
[Fuente: María Fabra / Pere Ríos, El País, Madrid, 20may11 - 14:50]
 | This document has been published on 20May11 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |