Derechos | Equipo Nizkor
| Información | | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
07sep19
España lleva fletados casi mil vuelos en diez años para deportar inmigrantes irregulares
España ha fletado en los últimos diez años un total de 996 vuelos para la expulsión de inmigrantes en situación irregular que habían accedido a territorio nacional. A ello hay que sumar otros 152 organizados en colaboración con la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) y otros 943 barcos fletados al efecto. Así lo pone de manifiesto el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez evita, eso sí, ofrecer la cifra total de inmigrantes expulsados a lo largo de la última década por vía aérea como reclamaba el diputado vasco. Tampoco detalla el destino de los vuelos o las nacionalidades de los expulsados. De esta forma, se limita a afirmar que "los motivos de expulsión han sido los que se establecen en la normativa vigente".
En estos vuelos los extranjeros son expulsados bajo custodia policial hasta sus países de origen. Dado su carácter reservado, el Ministerio del Interior no ofrece apenas datos. Las últimas cifras oficiales corresponden a 2017 y son del Defensor del Pueblo, que actúa como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El organismo público se encarga de supervisar con técnicos algunos de estos vuelos que están en el punto de mira de las organizaciones humanitarias por su opacidad. Los califican como "los vuelos de la vergüenza ".
Según los datos oficiales facilitados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF), en 2017 se llevó a cabo la repatriación de 481 personas, a través de 22 operativos aéreos. En 2016, la cifra total de deportados fue de 1.758 inmigrantes, no sólo por aire sino también por mar.
Conflicto entre las propias aerolíneas
Sobre el gasto de dichos dispositivos aéreos, está previsto el desembolso de 9,9 millones de euros para los vuelos previstos entre 2018 y 2019, con una media mensual de 465.069 euros. Así, el Ejecutivo adjudicó el contrato a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Air Europa, Aeronova y Swiftair. Esta misma UTE se presenta al nuevo concurso convocado por el Ministerio del Interior para operar los vuelos desde el próximo mes de noviembre hasta mediados de 2021.
La adjudicación de estos vuelos ha supuesto algún conflicto entre las propias aerolíneas, que están obligadas a firmar una clausula de confidencialidad. Aunque Air Europa se ha impuesto en la mayoría de ellos, el grupo Barceló ganó uno de los concursos. Y logró mantener a pesar del intercambio de recursos. De momento, en la reunión de la mesa de contratación del Ministerio del Interior celebrada este pasado jueves se dio el visto bueno a la documentación aportada por la UTE de aerolíneas Evelop y Air Nostrum mientras que se pidió la subsanación de las deficiencias apreciadas en la de la futura UTE Air Europa Swiftair.
La expulsión de inmigrantes irregulares siempre ha estado en el candelero y distintos partidos han aprovechado las recientes crisis del Aquarius y del Open Arms así como los saltos multitudinarios por la valla de Melilla para intentar colocarlo en la primera línea del debate político. Vox presentó como una de sus propuestas estrella para las elecciones andaluzas del pasado mes de diciembre la expulsión de 52.000 inmigrantes irregulares que, según sus cálculos, estarían en la Comunidad Autónoma.
Tras la crisis de seguridad que atraviesa Barcelona por el aumento de los robos con violencia, Ciudadanos ha presentado esta semana una iniciativa parlamentaria para modificar el Código Penal y acelerar la expulsión de aquellos inmigrantes en situación irregular que sean delincuentes reincidentes y que cometan delitos que conlleven más de un año de cárcel.
[Fuente: Por Diego Molpeceres, Vozpópuli, Madrid, 07sep19]
Donaciones
Radio Nizkor
 | This document has been published on 20Sep19 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |