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20feb13
El 66% de los jueces y magistrados secundan la huelga, según los convocantes
La huelga convocada hoy ha alcanzado un seguimiento de al menos el 66% de los jueces y magistrados de toda España, según la última cifra oficial facilitada por los convocantes, que se irá actualizando a medida que lleguen comunicaciones desde los órganos judiciales. Entre fiscales, la incidencia ha sido menor.
El Comité Nacional de Huelga, formado por cinco asociaciones de jueces y fiscales, ha informado de que se han suspendido 10.000 juicios y señalamientos en toda España.
Alrededor de 2.700 jueces de toda España la han apoyado para protestar contra la política del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por sus condiciones de trabajo y por el proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial, que compromete su independencia.
En los juzgados de Instrucción de la madrileña Plaza de Castilla, funcionarios, jueces y fiscales han coincidido en una concentración reivindicativa en la plazoleta de acceso. Allí pudo verse a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles, Félix Azón e Inmaculada Montalbán.
También estuvieron el presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer, y los portavoces de las asociaciones convocantes: el decano de los jueces de Madrid, José Luis González Armengol (Francisco de Vitoria); Joaquim Bosch (Jueces para la Democracia); Ángel Dolado (Foro Judicial Independiente); Javier Comín (Unión Progresista de Fiscales), y Salvador Viada (Asociación Profesional Independiente de Fiscales).
Las direcciones de las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Asociación de Fiscales no han apoyado la huelga, pero sí la han secundado algunos de sus afiliados.
En el Tribunal Supremo el único magistrado que ha comunicado formalmente su intención de ir a la huelga ha sido Rafael Sarazá. Todas las vistas señaladas se han celebrado, aunque se está a la espera de recibir el seguimiento que ha tenido la jornada de paro en el Alto Tribunal.
En la Audiencia Nacional, jueces y fiscales como los magistrados Eloy Velasco o Javier Martínez Lázaro junto a fiscales como Vicente González Mota, Miguel Ángel Carballo, Dolores Delgado o Juan Antonio García Jabaloy han participado en las concentraciones de mediodía ante las sedes judiciales.
El decano, González Armengol, se ha mostrado satisfecho con el resultado pero ha expresado "serias dudas" de que el ministro "recapacite", y eso -ha agregado- a pesar de que, al margen del seguimiento de la huelga, el 100% de la carrera está en contra de las medidas del Gobierno.
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha expuesto que la jornada de paro ha sido secundada en un 66% en Madrid, en un 56% en Cataluña, en un 90% en Extremadura y en un 79% en Andalucía.
Ha indicado que en Aragón ha sido respaldada por un 71%, en Valencia por un 59%, en el País Vasco por un 58% y en Murcia por un 62%.
'Ataques al Estado de Derecho'
Para Bosch, las cifras revelan que, pese a que el ministro cuestionaba el seguimiento del paro, los jueces y fiscales han manifestado su oposición a "los ataques al Estado de Derecho", a la "falta de medios y al desmantelamiento del servicio público de la Justicia".
El portavoz del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, ha leído un manifiesto suscrito por las organizaciones en el que ponen en evidencia que han tratado de negociar con el Ministerio desde hace meses y de adoptar medidas que no supongan un "quebranto" para los justiciables.
Ante la "incapacidad" de Gallardón para gestionar esta crisis, han solicitado una reunión con el mismo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Sin embargo, la ausencia de respuesta y de voluntad de diálogo les ha obligado a llegar a esta situación. "Lamentamos que si hubiera habido una respuesta institucional, se hubiera desbloqueado la huelga", han dicho.
En este escenario, han criticado la falta de respaldo del Consejo General del Poder Judicial, así como la "enorme falta de responsabilidad" del propio ministro, al que siguen emplazando a abrir cauces de diálogo para impedir la escalada del conflicto.
"Pedimos al poder político que elimine cualquier tentativa de eliminar competencias al Consejo General del Poder Judicial y que dote de medios y mejore la paupérrima situación de la Justicia. Juntos podemos", han advertido.
Tercera huelga judicial
A la huelga estaban llamados los 5.100 jueces y los 2.300 fiscales españoles contra la política del Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz-Gallardón y, en particular, por las condiciones de trabajo de jueces y fiscales y por la reforma del Consejo General del Poder Judicial.
Para la tercera huelga judicial de la democracia se ha escogido una fecha que rememora la celebrada el 18 de febrero 2009. Entonces estaba al frente del Ministerio el socialista Mariano Fernández Bermejo, que dimitió cinco días después.
En aquel momento, la indignación de los jueces se debió al intento político de responsabilizarlos de las disfunciones de la Administración de Justicia por el 'caso Tirado'. Colgaron la toga convocados, al igual que ahora, por Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, sin que se sumaran Jueces para la Democracia ni la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (que en octubre de 2009 convocó en solitario una huelga de discreto seguimiento).
JD sí respalda el paro de hoy, no sin ciertas discrepancias internas. La APM se ha descolgado pese a que la mayoría de sus asociados ha votado a favor de la medida de presión. La mayoritaria Asociación de Fiscales tampoco lo secunda.
El enfrentamiento de la Judicatura con el Ejecutivo tuvo su preludio en la decisión del ministerio de suprimir los jueces interinos, estableciendo un sistema de sustitución obligatoria entre los jueces de carrera para cubrir las plazas vacantes. Además, se suprimieron permisos y la paga extra de Navidad bajo la consideración que "los jueces son funcionarios", enfatizó Ruiz-Gallardón.
Luego vinieron las nuevas tasas judiciales, el proyecto de privatizar el Registro Civil y, sobre todo, una modificación del sistema de elección y funcionamiento del CGPJ que perciben como un ataque a su independencia, al entender que incrementa el control político del órgano de gobierno de la Judicatura.
El Consejo Fiscal, que representa a la carrera fiscal, se ha sumado a las críticas a esa reforma. En un informe aprobado este martes, se sostiene que el desarrollo reglamentario del estatuto judicial debe corresponder al CGPJ y no al Ministerio de Justicia; se censura el sistema de rotación anual de los consejeros en la Comisión Permanente porque, a su parecer, "puede restar operatividad", y se critica que en la designación de los vocales judiciales no se respete la proporcionalidad entre las distintas categorías de la carrera.
[Fuente: Por María Peral y Joaquín Manso, El Mundo, Madrid, 20feb13]
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