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27ago12
El gobierno se afana en emprobecer a los más débiles
La Confederación General del Trabajo (CGT) considera que las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado viernes, recogidas en el BOE del sábado 25 de agosto, son un decretazo más que se ensaña con las personas más débiles. El gobierno autoritario y populista del PP, un gobierno ilegítimo socialmente, en claro fraude "democrático", demuestra nuevamente ser el valedor de los intereses de las grandes corporaciones empresariales y financieras.
El gobierno del PP afronta el mayor problema del país de la única manera que sabe hacerlo, con inquina hacia las personas en paro, empobreciendo aún más a quienes menos tienen, al endurecer las condiciones de acceso a la ayuda económica llamada Plan Prepara, exigiendo 12 meses continuados de paro, retirando la ayuda a quienes hasta ahora podían recibirla, teniendo en cuenta los ingresos del conjunto de la unidad familiar donde vive la persona parada para quitarle ese derecho, exigiendo demostrar documentalmente que se lleva buscando trabajo los últimos treinta días.
Con esta reforma del Plan Prepara, el Gobierno pretende chulear a las 200.000 personas que vienen recibiendo esta "ayuda de beneficencia de los 400 euros por 6 meses y por una sola vez".
A la vez que endurece los requisitos de la ayuda de 400 euros, el Gobierno ha presentado un reglamento para realizar los desahucios de manera exprés y en diez días poder desalojar a los inquilinos de una vivienda en alquiler, demostrando así el desprecio que sienten nuestros gobernantes hacia las personas que mayores necesidades sociales tienen.
Ya en junio este mismo Gobierno redujo y endureció las condiciones de acceso a la prestación por desempleo de las personas paradas disminuyendo las cantidades a cobrar con el fin de "incentivar la búsqueda de un empleo", que a día de hoy se le niega a casi 6 millones de personas, aumentando a la par los impuestos directos e indirectos a la clase trabajadora.
De los casi 6 millones de parados/as estadísticamente contabilizados (EPA) - casi 25 personas de cada 100 en edad de trabajar-, en torno a 800.000 familias no tienen ingresos de ningún tipo, 1.800.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro, más de 2.600.000 carecen de cualquier cobertura social, no perciben ni prestación contributiva, ni subsidio de desempleo, ni renta activa de inserción, ni subsidios eventuales agrarios, ni son beneficiarios del Plan Prepara (los 400 euros). Además, la EPA ha mostrado que existen cerca de 400.000 personas que ni trabajan ni buscan empleo, por entender que no sirve para nada. De lo que vivan, no es un misterio, posiblemente de las familias o de la red de solidaridad familiar, denominada "colchón social".
Al Gobierno no les importa que el 52% de los jóvenes no puedan trabajar, con lo cual tener un "hogar propio e independiente" se convierte en una quimera y un contrasentido. Es decir, primero se les niega la vida autónoma o un proyecto de futuro, al impedirles trabajar y segundo, se carga a la red familiar, su manutención y desarrollo de su vida.
Todo este atentado contra la dignidad es un suma y sigue al recorte presupuestario que se ha llevado por delante 65.000 millones de euros que salen de todas y todos y que permitirían mantener unos servicios públicos de calidad, además de otros 10.000 millones de recortes en sanidad y educación demostrando su incapacidad de generar ingresos y reduciendo servicios públicos en vez de aumentar la carga impositiva de los que más tienen o decretando amnistías y exenciones fiscales.
Además en los próximos meses viviremos cientos de miles de despidos de empleadas y empleados públicos a través de los ERE´s, debido a la normativa impuesta por este Gobierno, que ya se están realizando en las administraciones públicas, ayuntamientos y comunidades autónomas, y en empresas y organismos públicos.
Y esto se hace, al mismo tiempo que se ultiman las condiciones para entregarles a los estafadores del sistema financiero e inmobiliario, otros 100.000 millones de euros, los cuales van a salir de los despidos de miles y miles de personas que trabajan en la función pública (personal de educación, de sanidad, de ayuntamientos, de comunidades autónomas, de medios de comunicación públicos, de la retirada de la paga extraordinaria de todos los organismos públicos, de las privatizaciones, etc,) de la subida del IVA, de la subida de los precios de todos los servicios públicos, del recorte de las prestaciones sociales.
Para la CGT no es la hora de un referéndum, ni de una consulta popular, sobre la política del Gobierno, es la hora de movilización permanente, la hora de una nueva Huelga General laboral y social que sirva a las y los trabajadores, y a la sociedad en su conjunto, para recuperar los derechos que les están arrebatando y para que desde la sociedad se responda de manera eficaz a una crisis que las personas trabajadoras no han generado.
[Fuente: Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT, Comunicado, Madrid, 27ago12]
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