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03abr09
La Fiscalía pide el archivo de la masacre israelí en Gaza
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer al juez Fernando Andreu que archive la investigación abierta contra siete mandos militares israelíes, entre ellos el ex ministro de Defensa Benjamin Ben-Eliezer, por un 'asesinato selectivo' cometido en la franja de Gaza el 22 de julio de 2002 mediante un bombardeo en el que resultaron muertos catorce civiles. El fiscal estima que Israel investiga lo ocurrido, por lo que mantener abierta la causa convertiría al tribunal español en «una tercera instancia penal» ilícita en ambos Estados.
El juez Andreu admitió a trámite la querella presentada por el Centro Palestino para los Derechos Humanos el pasado 21 de enero, por entender que el bombardeo constituyó un delito contra las personas cometido en conflictos armados que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) incluye entre los delitos contra la humanidad para los que confiere jurisdicción universal a los tribunales españoles.
El ataque fue de noche. Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea israelí buscaba acabar con Salah Shehadeh, sospechoso de ser uno de los comandantes de Hamás, para lo que decidió bombardear con un proyectil de una tonelada de explosivo su casa, situada en el barrio de Al Daraj de Gaza, una de las zonas de mayor densidad de población del mundo.
Contigua a la casa atacada estaba la vivienda de la familia Mattar. La demoledora explosión destruyó el inmueble y acabó con la vida de siete miembros del clan. En el mismo barrio hubo otros ocho fallecidos, la mayoría niños y bebés. Unas 150 personas fueron heridas, ocho casas de los alrededores fueron destruidas, nueve recibieron daños de gravedad y 21 daños moderados.
La querella, además de al entonces ministro de Defensa, acusó de la masacre al comandante de las Fuerzas Aéreas israelíes, Dan Halutz; al general encargado del mando Sur de las Fuerzas de Defensa israelíes, Doron Almog; al presidente del Consejo Nacional de Seguridad y asesor nacional de seguridad, Giora Eiland; al secretario militar del ministro de Defensa, Michael Herzog; al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Moshe Ya'Alon, y al director del servicio general del seguridad, Abraham Dichter.
El fiscal Pedro Martínez da por cierto que la justicia israelí investiga los hechos. Mediante comisión rogatoria, las autoridades del país hebreo informaron de la existencia de tres investigaciones: una realizada por el fiscal general militar judío, otra por el fiscal general del Estado de Israel y una tercera revisión judicial por el Tribunal Supremo de aquel país.
Las dos pesquisas fiscales concluyeron que el uso de una bomba de una tonelada en una zona residencial de densa población respetó «los principios de distinción y proporcionalidad», criterio que se encuentra pendiente de revisión por el Supremo, que encargó una investigación.
El fiscal español defiende que, «con independencia de cuál sea su resultado final», la investigación judicial en Israel existió, y la Audiencia Nacional no puede juzgar esa indagación porque la legislación internacional delega esa misión en el Tribunal Penal Internacional (TPI).
[Fuente: Ideal, Colpisa, 03Abr09]
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