| Información |  | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
| Información | | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
14ene14
Miguel Durán e Ignacio Peláez se oponen a que Garzón "vuelva a vestir la toga de juez"
Los abogados Miguel Durán, en nombre de su defendido Pablo Crespo, e Ignacio Peláez se oponen tajantemente a la concesión del indulto a Baltasar Garzón, que fue condenado en febrero de 2012 a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
La solicitud de la medida de gracia a favor del exmagistrado de la Audiencia Nacional fue presentada en el Ministerio de Justicia por la asociación MEDEL (Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades), constituida por jueces y fiscales de una docena de países europeos. El expediente está siendo tramitado en estos momentos en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que tiene que emitir un informe sobre la viabilidad del indulto.
El Confidencial publicó ayer que el proceso en el Alto Tribunal se había demorado quince meses tras perderse en el camino entre el Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo un oficio remitido en junio de 2012 por la División de Derechos de Gracia y Otros Derechos. El Supremo no se dio por enterado hasta septiembre de 2013, fecha en la que dio traslado de la solicitud a los afectados para que emitieran su opinión acerca de la medida de gracia.
Los perjudicados por las escuchas ilegales de Garzón en los locutorios de la cárcel de Soto del Real durante la instrucción de la causa Gürtel, entre quienes se encuentran Pablo Crespo e Ignacio Peláez, presentaron en noviembre pasado ante la Sala de lo Penal del Supremo sus escritos de oposición. Tanto Peláez como Durán, el letrado de Crespo, coinciden en que Garzón nunca ha exteriorizado su arrepentimiento tras la sentencia condenatoria del Supremo, como exige la ley de indulto.
Peláez mantiene que Garzón, tras ser condenado, "continuó haciendo manifestaciones ante diversos medios en contra de este Tribunal, poniendo en tela de juicio su imparcialidad e independencia y que no aplicaron la ley, sino que siguieron dictados e indicaciones de terceras personas".
Por su parte, Miguel Durán señala que no cree que "la falta de acogimiento (de Garzón) respecto de la ilicitud de su conducta le habilitase para estar en condiciones nuevamente de impartir justicia". Para el abogado de Pablo Crespo, Garzón no está capacitado para "volver a vestir la toga de juez".
Durán cree que el contenido de la solicitud de la asociación MEDEL, organización a la que pertenecen las asociaciones españolas Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, pretende "cuestionar el sentido o el talante democrático de los jueces españoles en la aplicación del ordenamiento jurídico". Sobre todo, porque el delito de Garzón "fue el más abyecto y reprobable que un administrador de justicia puede cometer".
Durán mantiene también que las más de "nueve páginas hagiográficas que los solicitantes introducen en su escrito" no se corresponden con "los muchos procedimientos que le han sido sobreseídos por instancias superiores... sin olvidar las muchas decisiones polémicas que el Sr. Garzón ha adoptado a lo largo de su carrera judicial, sembradas de innegables connotaciones políticas, dada la indudable 'vis atractiva' que el personaje tiene respecto de tales esferas de actuación".
Ignacio Peláez también se centra en este apartado de la solicitud de MEDEL sobre los méritos judiciales de Garzón. El letrado recuerda una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra Garzón en la que consideraba la ausencia de imparcialidad y "la enemistad manifiesta" hacia Rafael Vera en el caso Marey, por la que debería haberse inhibido en el procedimiento contra el exsecretario de Estado de Interior.
Peláez, que fue compañero de Garzón en la Audiencia Nacional cuando desempeñaba su función de fiscal, saca a colación otra sentencia del TEDH que condenó a España en el asunto Beristain Ukar, al reconocer que este fue torturado "cuando se encontraba detenido a disposición del Juzgado del Sr. Garzón, y que éste desatendió completamente sus quejas por las torturas a las que estaba siendo sometido". El tribunal condenó a España por "la ausencia de una investigación profunda y efectiva" de los malos tratos denunciados por el detenido.
Con respecto al caso BBVA, investigación que los magistrados y fiscales de MEDEL incluyen entre los méritos de Garzón, el letrado Peláez responde que "resulta sarcástico" porque "otro de los procedimientos penales en que estuvo imputado el condenado en el Tribunal Supremo fue por haber recibido dádivas, presentes y ayuda de diferentes entidades, entre ellas el BBVA, para sufragarse los gastos de su estancia en la ciudad de Nueva York".
El exfiscal de la Audiencia Nacional recuerda que, "como consecuencia del denominado caso BBVA que siguió el condenado contra el anterior presidente de esta entidad, SR. Ybarra, éste se vio obligado a dimitir, lo que favoreció al actual presidente de esta entidad para ser el único y exclusivo presidente".
Miguel Durán destaca también entre sus argumentaciones contrarias al indulto "la peculiaridad" de Garzón para asumir las sentencias de los tribunales. "No respeta (las acata a la fuerza) las sentencias judiciales. Pero sí se adivina su característica evidente en su carácter además de la soberbia: es pertinaz hasta extremos insospechados". Según Durán, a sus críticas al Tribunal Constitucional, tras rechazar su recurso de amparo, hay que añadir sus descalificaciones hacia los miembros del Supremo.
Durán se queja de que su defendido, Pablo Crespo, "ha sido públicamente motejado de mafioso y de corrupto por parte de quien, como el Sr. Garzón Real, en total abandono del principio de imparcialidad, le llevó a la prisión en la que permaneció luego casi tres años".
Por todo ello, para Miguel Durán un indulto para Garzón "podría comportar que pudiera volver, incluso, a enfundarse la toga de juez y eso no debería permitírsele bajo ningún concepto a quien sigue haciendo alarde de un abandono palmario de los más elementales principios de imparcialidad y ponderación".
Fuentes del Supremo señalaron que, sin la anuencia de las acusaciones y del tribunal sentenciador, resulta imposible que prospere en el Ministerio de Justicia el indulto solicitado por MEDEL.
[Fuente: Por Manuel Cerdán, El Confidencial, Madrid, 14ene14]
 | This document has been published on 15Jan14 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |