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14ene14
Garzón cobraba derechos de autor por documentales realizados con la documentación de su juzgado
Baltasar Garzón paró la investigación a la cúpula de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por presunta apropiación de fondos, actualmente a cargo del juez Pablo Ruz, después de que en 2008 se diera de alta como socio de la entidad para poder cobrar derechos de autor. Garzón pidió inhibirse para evitar una posible recusación por conflicto de intereses, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó sus argumentos y le obligó a seguir adelante con la instrucción.
La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias en noviembre de 2007 a raíz de una denuncia presentada por varias asociaciones de internautas contra la SGAE y parte de su cúpula directiva, a la que acusaban de apropiación indebida de los fondos recaudados por los derechos de autor y el canon digital. Cuando la Fiscalía trasladó a la Audiencia Nacional la denuncia, en marzo de 2010, esta recayó precisamente en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que entonces ocupaba Garzón. Y el magistrado, que era en ese momento socio de la SGAE, decidió abstenerse.
Garzón había solicitado en 2008 el ingreso en la SGAE. El Consejo de Dirección de la sociedad de autores, entonces encabezado por Eduardo Teddy Bautista, lo aceptó como socio de la entidad en octubre de aquel año con el número 107.706, deseándole una "larga y fructífera permanencia". Y ese mismo año el magistrado cobró 3.358,58 euros en concepto de derechos de autor, cantidad que en 2009 se redujo a 535,07 euros.
Esos "rendimientos de actividades profesionales" correspondían a los derechos de autor generados por su participación en el documental El alma de los verdugos, dirigido por el periodista Vicente Romero sobre una idea del propio Garzón. El documental, que fue emitido por La 2 de TVE, bucea en el perfil psicológico de los principales torturadores -y algunas de sus víctimas- de la dictadura militar argentina que siguió al golpe militar de 1976. Garzón, que sigue siendo socio de la SGAE, colaboró también en el guion del documental.
"Si bien considero que no tengo interés directo ni indirecto en la causa", argumentó Garzón en un escrito dirigido al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en marzo de 2010, "lo cierto es que aparezco como socio de la SGAE y, por tanto, la apariencia existe, por lo que debo plantear la procedencia o no de la abstención en una causa en la que dicha sociedad aparece relacionada en el relato del Ministerio Fiscal", en alusión a la denuncia que le había trasladado la Fiscalía Anticorrupción.
Garzón dejó en suspenso la instrucción de la causa. Pero una semana más tarde, la Sala de lo Penal denegó su petición de abstención y le ordenó que continuase tramitando el procedimiento, "sin perjuicio del eventual derecho de las partes a hacer valer la posibilidad de la recusación". La Sala, presidida entonces por Javier Gómez Bermúdez, consideró que "no aparece ningún indicio que haga vislumbrar cualquier modalidad de vínculo del instructor con alguno de los denunciados (...) máxime cuando ninguna capacidad de gestión ni de intervención tiene en dicha entidad".
Garzón reabrió entonces la causa. Pero apenas tuvo tiempo de impulsarla, porque sólo dos meses después, el 14 de mayo de 2010, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió por unanimidad suspenderle cautelarmente en sus funciones por la investigación de los crímenes del franquismo. Un mes más tarde, el órgano de gobierno de los jueces nombraba a Ruz su sustituto al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5. Desde entonces, el principal hito de la investigación -o al menos el más mediático- fue la entrada y registro en la sede de la SGAE, el 1 de julio de 2011, y la detención de una parte de su cúpula directiva. Pero hoy, más de dos años y medio después, el sumario languidece por su aparente falta de consistencia.
[Fuente: Por José L. Lobo, El Confidencial, Madrid, 14ene14]
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