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24may13

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Baltasar Garzón es vetado en el Festival de Cine y DD.HH. de Barcelona por su encubrimiento de la tortura en la Audiencia Nacional

Como cada año, Barcelona acoge esta primavera el Festival de Cine y Derechos Humanos.
La presente edición, la 10ª, se desarrolla entre el 16 de mayo y el 26 de mayo, una edición que este año, según la programación inicial, debería haber presentado Baltasar Garzón Real y que iba también a incluir la proyección de la película documental "La Tinta Negra", sobre el caso Garzón y los crímenes del franquismo.
Sin embargo, ante las insistentes quejas de entidades como la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, la organización del certamen decidió dar marcha atrás y vetar la participación del ex-juez de la Audiencia Nacional.

Baltasar Garzón Real

El Festival de Cine y Derechos Humanos, que cada año se celebra entre Barcelona, Nueva York y París, había anunciado que la edición de 2013 abriría en los cines Gerona con la proyección del documental de Sebastian Arabia, la "Tinta Negra", y con la "aparición especial del personaje principal de la película - el juez Baltasar Garzón- reconocido internacionalmente por su lucha contra las violaciones de los derechos humanos".
Esta invitación al ex-juez provocó el estupor y la queja de numerosos colectivos de derechos humanos y libertades civiles, que no entendieron cómo un festival con esta temática, que ha sido además reconocido por la UNESCO a través de la Coalición Internacional de Ciudades contra el Racismo, podía dar cabida a alguien con un historial como el de Baltasar Garzón.
Y es que tampoco en Catalunya se le tiene especial estima a este juez, a quien se le recuerda sobre todo por operaciones como la de 1992 contra militantes independentistas -también llamada 'Operación Garzón'- o la persecución, detención y tortura de los jóvenes de Torà, en 2003.
Los casos de tortura que han sido objeto de condena a nivel de Naciones Unidas y del Consejo de Europa y que se produjeron sobre personas puestas a disposición judicial del Juzgado Central de Instrucción del que era titular en la Audiencia Nacional, no son los únicos que ponen en cuestión la elaborada imagen de defensor de derechos humanos de Baltasar Garzón.
Varias organizaciones colombianas integradas por diversas comunidades víctimas de crímenes de Estado a través de operaciones paramilitares y de la propia fuerza pública y que habitan en zonas de conflicto armado, difundieron el 16 de febrero de 2012 una carta de protesta al presidente colombiano Juan Manuel Santos por el papel conferido a Baltasar Garzón como asesor de la MAPP/OEA (Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA).
En su misiva, las comunidades colombianas víctimas de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes estatales, objetaban el uso de medios ilegales que el ex-juez Baltasar Garzón habría realizado "para investigar o perseguir, como lo ha hecho el DAS y lo hacen los organismos de seguridad e 'inteligencia'" colombianos.
Afirmaban asimismo: "Nos duele que haya sido Baltasar Garzón quién haya avalado en un primer momento el proceso de reingeniería paramilitar, llamado desmovilización, por la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, afirmando que era un modelo de justicia".
"Su papel como asesor para la paz en la MAPP/OEA en la administración de Santos, no significó una redirección de ese proceso. Hoy el paramilitarismo de la mano de la fuerza pública desarrolla el control social territorial para agronegocios, obras de infraestructura, operaciones extractivas. Terrible situación, que se propicia, cuando la inacción de Baltasar Garzón en la MAPP/OEA, no ha indicado en sus recomendaciones que las víctimas accedamos a la verdad, a la justicia y a la reparación".
A ello se añade el destacado papel del ex-juez en la concepción y defensa de la llamada "Ley de Justicia y Paz" en Colombia, una ley de impunidad principalmente de los graves crímenes contra los derechos humanos cometidos por los paramilitares.
En España, la violación del derecho de defensa al ordenar la grabación de las conversaciones entre abogados y sus representados terminó en una condena del Tribunal Supremo español que le ha apartado de la judicatura.
En el conocido caso de los "cobros de Nueva York" llegó a estar inculpado por cohecho impropio al solicitar y obtener en su condición de juez importantes sumas de empresas y bancos españoles para la organización de conferencias y eventos en Nueva York. El caso se archivó tras una argucia procesal implementada en el marco de la estrategia jurídica de defensa de Emilio Botín, presidente del Grupo Santander, implicado en el pago de las cantidades al juez al tiempo que éste, a su regreso de Nueva York, archivaba una querella interpuesta en la Audiencia Nacional contra el presidente del Banco.
La defensa de Botín consiguió que el Tribunal Supremo declarara prescritos los hechos y de esta forma se cerró el caso, ya que la condena de Baltasar Garzón por estos motivos hubiera traído consecuencias penales también sobre Emilio Botín.
Durante su estancia en Nueva York Baltasar Garzón desplegó esfuerzos para involucrar a la comunidad de inteligencia estadounidense en una coordinación internacional contra el terrorismo, presentando una propuesta en este sentido bajo el título "Terrorismo y Seguridad: Coordinación y Cooperación".
Entre los contactados por el juez para participar en debates por él organizados estuvieron el Director de Inteligencia de Estados Unidos, John Negroponte, tristemente célebre por su participación en la cuestión "Iran - Contras" y el apoyo a las campañas de exterminio dirigidas por el ejército argentino y la CIA en Honduras, El Salvador y Guatemala en los años '80. Así lo acredita la prueba documental aportada a la causa por las empresas involucradas en los pagos, básicamente CEPSA (Compañía Española de Petróleos S.A.) y Banco Santander S.A.
Volviendo a la 10ª Edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona, numerosos colectivos se dirigieron a la organización del Festival para pedir explicaciones y demandar la retirada de Garzón como presentador del evento, al considerar inadecuada su presencia en un certamen que tiene como eje los derechos humanos.
Concretamente, la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura dirigió una carta el pasado 30 de abril de 2013 a Toni Navarro, director del Festival, pidiendo a la organización del mismo que reconsiderara la invitación al ex-juez Baltasar Garzón para pronunciar la conferencia inaugural del certamen y la proyección del documental que tiene al mismo por protagonista y que forma parte de la campaña de imagen diseñada en favor del ex-juez.
La Coordinadora catalana contra la tortura es una Plataforma integrada en Cataluña por 14 entidades que trabajan a favor de los derechos humanos y, en concreto, en la denuncia y la prevención de la tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Aglutina a Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura - Alerta solidaria - Centro EXIL - Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos - Asociación Memoria Contra la Tortura - Asociación Stop Balas de Goma - la CGT - Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona - Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Girona - Coordinadora Contra la Marginación de Cornellá - Justicia y Paz - Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona - Rescate y SOS Racismo Cataluña.
En su misiva, la coordinadora fundamentaba que siendo la tortura y los malos tratos una de las asignaturas pendientes en materia de derechos humanos en el Estado español, les "llama la atención que la inauguración del encuentro ... cuente con la presencia del ex-juez Baltasar Garzón, persona muy cuestionada por la gran mayoría de entidades de defensa de los derechos humanos en el Estado español por diversas razones", entre ellas el hecho de que "[E]l ex-juez Garzón instruyó varios sumarios contra personas de todo el Estado que fueron objeto de tortura, y no sólo no hizo absolutamente nada para investigar, sino que utilizó sus declaraciones para formular las acusaciones contra estas personas. Estos hechos sitúan este ex-juez en una posición de encubrimiento de torturadores".
También explican a la organización del Festival que "[E]l Tribunal Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Estado Español en el año 2004 por no haber investigado las torturas que sufrieron los independentistas que fueron detenidos en 1992 durante la operación que lleva el nombre de este ex-juez: la operación Garzón".
Añaden que "[D]esgraciadamente la tortura ha sido y es una realidad aquí y la Audiencia Nacional y sus jueces han tenido y tienen una especial responsabilidad derivada de la aplicación de la incomunicación a los detenidos acusados de delitos de terrorismo. El antiguo Relator de la ONU sobre la tortura, señor Theo Van Boven, ya apuntó en su informe sobre el Estado español en el año 2002 que la incomunicación era en sí misma una forma de tortura y al mismo tiempo el espacio más grande de impunidad en la práctica de la tortura."
"[N]o vemos con buenos ojos legitimar personas con perfiles fundamentalmente mediáticos y que chocan de lleno con los objetivos de la misma esencia de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, que siempre ha denunciado el triste papel de la judicatura en el trabajo para la erradicación de la tortura" afirman.
Como no podía ser de otra manera, los argumentos de los demandantes fueron escuchados por la organización, que unos días antes del inicio del festival anunció que Baltasar Garzón no estaría presente en la edición de 2013, así como tampoco el documental centrado en su figura y en el caso de las víctimas del franquismo.
Esta rectificación sin duda ha contribuido a no minar el prestigio de este festival, que este año ha tenido como protagonistas, entre otros, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y al colectivo Stop Balas de Goma.
Decisión distinta es la adoptada por el ciclo de Cine y Derechos Humanos organizado por Abycine y Amnistía Internacional, en el que la proyección de "La Tinta Negra" está prevista para el 5 de junio y que esperamos actúen de la misma manera.
Esta producción de Off Cinema, distribuida por Upcinema, cuenta en su reparto, tal y como informa Upcinema, con nombres como el de Carlos Jiménez Villarejo (ex fiscal anticorrupción), Carlos Slepoy o José Antonio Martín Pallin (ex fiscal del Tribunal Supremo).
Carlos Jiménez Villarejo y José Antonio Martín Pallín se han destacado por su contribución intelectual y apoyo moral y mediático a la conocida como "Ley de la Memoria", preparada y aprobada durante el anterior Gobierno socialista como contención político-social al problema de la impunidad en España y los crímenes franquistas. Se trata de una ley que carece de valor penal y que no reconoce jurídicamente a las víctimas del franquismo, hasta tal punto que otorga mero carácter arqueológico a los restos de los republicanos, y en general, de las personas asesinadas en el marco de la sistemática persecución política puesta en marcha por el franquismo.
Esta campaña viene a ahondar en el estado actual de cosas, el cual no es más que la consecuencia de la falta de responsabilidad ética, moral y legal de los grupos políticos parlamentarios que apoyaron la "Ley de la Memoria Histórica", ley que además, no ofrece solución legislativa a los principales aspectos de la cuestión de las víctimas del franquismo, dejando en la indefensión más absoluta a las víctimas y sus familiares y, más aún, pretende alejarles de la historia común europea, y, especialmente, de las soluciones que se adoptaron en la materia en los países que sufrieron regímenes fascistas o nacionalsocialistas.
Carlos Slepoy Prada, quien, según información periodística lidera la denuncia por crímenes del franquismo interpuesta en Buenos Aires, se opuso activamente, en forma pública y dentro del procedimiento, a la detención del capitán de corbeta de la Armada argentina Adolfo Scilingo (como quedó acreditado al inicio de la instrucción y con posterioridad durante el juicio oral), detención que garantizó la posibilidad de juicio oral en el procedimiento que se seguía en España y el llegar a sentencia (como procesalmente sucedió). Esta oposición se basaba en que el abogado Carlos Slepoy pretendía impedir el testimonio de Adolfo Scilingo sobre la actuación de los colaboradores de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), como Juan Alberto Gasparini y otros, posición que mantuvo activamente hasta el final del procedimiento.
Carlos Slepoy se opuso durante toda la duración del procedimiento a la representación y existencia de víctimas españolas de la dictadura argentina, para así tratar de impedir el reconocimiento jurídico a las mismas y la consolidación de la competencia de los tribunales españoles.
Una vez recaída la sentencia condenatoria contra Adolfo Scilingo por crímenes contra la humanidad, anunció en el marco del procedimiento que recurriría la misma y efectivamente así sucedió (ver escrito de recurso de casación ante el Tribunal Supremo español, de 12ene06, disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espana/juicioral/doc/casacion.html). De su oposición a la utilización del tipo penal de crímenes contra la humanidad en el caso Scilingo son reflejo indubitable los escritos de calificación provisional y definitiva que presentó en el mismo. Tampoco se fundamenta en derecho internacional la meramente alusoria mención a "genocidio", que fue uno de los motivos en los que basó (junto con otros abogados representantes de diversas partes acusadoras) el recurso al Tribunal Supremo contra la sentencia por crímenes contra la humanidad.
Al igual que hiciera el Juez Baltasar Garzón durante la instrucción del caso argentino, la utilización de la figura del genocidio que este abogado realizó durante el juicio a Scilingo, suponía en estrictos términos jurídico-penales un enorme riesgo, y ello por dos motivos principales: la persecución y exterminio de opositores a las Juntas Militares argentinas, y concretamente de personas de origen español, se realizó por motivos políticos, no incluidos en el tipo penal de genocidio, con lo que no se reunía uno de los elementos objetivos del tipo, y, por otro lado, no existía prueba válida alguna que permitiera concluir que el régimen dictatorial argentino asesinó movido por razones de discriminación racial, étnica, religiosa o de pertenencia a un grupo nacional y no por motivos políticos. La pretensión de la existencia de "un genocidio", como suelen expresarlo, equivale en este caso a ocultar los motivos reales por los que las víctimas fueron perseguidas y exterminadas.
Mantener esa línea, tal y como analizó el equipo jurídico del Equipo Nizkor, suponía, por un lado, vaciar de contenido el tipo de crímenes contra la humanidad, y, por otro, mantener la impunidad de los responsables al ser imposible cumplir los elementos requeridos por el derecho para que exista genocidio: un mens rea (elemento intencional) y un actus reus específicos.
Por todo ello Radio Nizkor realizó una editorial en abril de 2010, como nota aclaratoria a la información periodística sobre la denuncia presentada en Argentina y ante declaraciones efectuadas por Carlos Slepoy en el sentido de que "los familiares de las víctimas de la dictadura de Francisco Franco se presentarán en la Justicia argentina ateniéndose a la jurisdicción universal y abrirán una querella por genocidio en su país".
Esta nota, redactada sobre la exclusiva base de documentos existentes en sede judicial española, respondió en su día a la obligación moral de informar a los familiares y asociaciones de víctimas de la represión franquista.
Nuevamente coinciden en esta campaña de imagen los protagonistas del apoyo al modelo de impunidad español del que la denominada "Ley de la Memoria" es totalmente funcional, pero que en esta edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona no han logrado burlar la ética que ha de acompañar al trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos.
[Fuente: Redacción Radio Nizkor, 24may13]

Impunidad y crímenes franquistas
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