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22abr06
Continúa la ofensiva contra Garzón.
Lo terrible de la política es que las guerras personales o de grupos, una vez declaradas, no conocen tregua. De vez en cuando se vuelven subterráneas, pero los momentos y oportunidades de reverdecer acechan de modo implacable. Es lo que está ocurriendo ahora, de una manera renovada, con la hasta hace poco larvada ofensiva contra el juez Baltasar Garzón, actualmente en tiempo sabático dedicado a cursos de Universidades estadounidenses.
José Amedo, aquel siniestro policía del “caso Marey” que fue dejando pistas de sus pasos por todos los escenarios que frecuentó fuera de España, y también dentro, en persecución de etarras, y que sirvieron para tejer una complicada historia, habría pasado al olvido si no fuera porque él mismo se ha actualizado con un libro titulado La conspiración, impreso hace pocas semanas por la editorial Espejo de Tinta y ahora, con motivo de la Feria del Libro, ofrecido a la voracidad de un determinado público lector.
El libro en cuestión ha motivado dos escritos-denuncia elevados al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, y al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Pero son denuncias que se dirigen fundamentalmente contra el ya citado juez Garzón, titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, y ello en razón de que, según los denunciantes, en el libro de Amedo “se narra con inusual precisión una parte sustancial del procedimiento seguido por el juez Baltasar Garzón en la instrucción de la causa (…) por el secuestro de Segundo Marey”. Indican los denunciantes que, según el autor del libro, Baltasar Garzón habría incurrido en diversidad de infracciones legales y procedimentales cuya naturaleza se detalla. Añaden los autores del escrito, firmado en primer lugar por José Acosta y por Joaquín Leguina, diputados por Madrid, que lo que más impresiona al lector del citado libro es la verosimilitud del relato, que, según ellos, el juez Garzón se niega a contestar respecto a las cuestiones planteadas a este propósito por algunos medios de comunicación. Y no sólo se habría negado el señor Garzón, sino también “los otros implicados en la que el libro describe como una trama mafiosa”, sin que se hayan querellado o hayan hecho “el menor movimiento en defensa de su honor”.
En el escrito dirigido al fiscal del Estado se sugiere que “este gravísimo asunto no puede quedar en silencio ni cubierto por toneladas de papel mojado simplemente porque los implicados sean personas poderosas o temibles; tampoco si el denunciante fuera moralmente despreciable”.
En consecuencia plantean al presidente del Consejo General y al fiscal general este dilema, que enuncian así: “Una de dos: o es verdad lo que el libro relata o es mentira”. En el primer caso —dicen— se ha de intervenir desde las instancias correspondientes para depurar responsabilidades en las que habría incurrido el juez. En el segundo caso habrá que actuar para amparar el buen nombre de un juez que “pasa por ser para algunos el paradigma de la dignidad profesional”, además de intervenir la Justicia en orden a perseguir y castigar gravísimas calumnias”, especialmente contra un funcionario adornado por tal prestigio y aureola de honradez.
En el escrito al fiscal argumentan los denunciantes que en una sociedad democrática “no deben existir personas, por muy poderosas que sean, que estén por encima del bien y del mal, que se arroguen una patente de impunidad o que tengan permiso para delinquir”.
En la relación de firmantes de ambos escritos de denuncia figuran, además de los citados señores Acosta y Leguina, estos otros:
- Don Alfonso Guerra, diputado por Sevilla.
- Don Alfredo Arola, diputado por Zaragoza.
- Doña Clementina Torrado, diputada por Alicante.
- Doña Elvira Cortejarena, diputada por Guipúzcoa.
- Don Francisco Fernández Marugan, diputado por Badajoz.
- Don Luis Tomás García, diputado por Málaga.
- Doña María Pilar López, diputada por Albacete.
- Doña Rosario Velasco, diputada por León.
[Fuente: Por Lorenzo Contreras, Estrella Digital, Madrid, 22abr06]
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