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14sep11
Trillo irrita a los juristas por la creciente influencia de su despacho de abogados
Federico Trillo, responsable de Justicia del PP y hombre de la máxima confianza de Mariano Rajoy en esa materia, tiene autorización del Congreso para compatibilizar su labor de diputado con el ejercicio de la abogacía, una prerrogativa de la que también gozan otros 34 parlamentarios. Pero el despacho de abogados del ex ministro de Defensa y ex presidente de la Cámara Baja, Estudio Jurídico Labor S. L., despierta profundos recelos en un amplio sector de los juristas, así como en las propias filas del PP, por la supuesta "confusión de intereses públicos y privados" en los asuntos que tramita, según señalan diversas fuentes consultadas por El Confidencial.
Estudio Jurídico Labor S. L. cuenta con un patrimonio neto de 1,9 millones de euros y un activo de dos millones, y en 2009 facturó 415.000 euros, según las cuentas de ese año depositadas en el Registro Mercantil de Madrid, las últimas disponibles. El despacho fue fundado en 2004, poco después de la primera derrota electoral del PP a manos de José Luis Rodríguez Zapatero, por Trillo y dos de sus hijos, Federico y María José, que figuran como administradores. El dirigente popular posee el 20% de la sociedad, valorado en casi 400.000 euros, tal y como él mismo declara en el registro de bienes y rentas de diputados y senadores hecho público el pasado jueves por el Congreso y el Senado.
"No parece ético, ni tampoco estético", sostiene un magistrado muy cercano al PP, "que uno de los políticos con mayor poder e influencia en la negociación de los proyectos legislativos que tramita el Congreso dirija a la vez una consultoría jurídica a la que llegan asuntos relacionados con importantes modificaciones legales que él, como portavoz de Justicia de su partido, puede condicionar en un sentido u otro".
Trillo, por designación directa de Rajoy, ha asumido en la legislatura que está a punto de acabar los galones de negociador del PP tanto en la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional como de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que los dos principales partidos -con algunas migajas para los minoritarios- se reparten por cuotas. "Algunos ocupan el cargo que ocupan gracias a Trillo", afirma un magistrado próximo al PSOE, que añade que el ex presidente del Congreso "podría sentir alguna vez la tentación de cobrarse esos favores a través de su despacho de abogados".
División de opiniones en el PP
Entre sus compañeros de filas hay división de opiniones. Algunos defienden la compatibilidad de su labor como diputado con su actividad en Estudio Jurídico Labor S. L. -"la Ley Electoral lo permite, y si otros diputados tienen permiso del Congreso para ejercer como abogados, no veo por qué Trillo debe ser una excepción", apunta una parlamentaria del PP-, pero no son pocos los que cuestionan abiertamente ese doble papel. "Si su bufete no es un lobby, se le parece bastante", dice un diputado popular. "Y lo más peligroso no es que Trillo lo utilice como un instrumento de presión", añade, "sino que otros puedan presionarle a él para tratar de condicionar su actuación política".
Las suspicacias vienen de lejos. Muchos dirigentes del PP no vieron con buenos ojos que Génova encargase al despacho jurídico de Trillo la defensa de varios imputados en el caso Gürtel. A finales del pasado año trascendió que la dirección del partido pagó en 2009 a Estudio Jurídico Labor S. L. una factura de casi 70.000 euros por la "coordinación de defensas" de algunos cargos públicos del PP procesados en la trama de corrupción presuntamente dirigida por Francisco Correa. Gran parte de ese malestar se debió al hecho de que Trillo ya cobra más de 5.000 euros mensuales como coordinador de Justicia del partido, aparte de su sueldo de diputado.
La polémica también salpicó a Estudio Jurídico Labor S. L. cuatro años antes. En mayo de 2005 el semanario Interviú reveló que Trillo asesoraba a la empresa de seguridad Prosegur a través de su despacho privado, pese a que la Ley de Incompatibilidades impide a los ex ministros "intervenir en actividades relacionadas con las competencias del cargo ocupado" durante los dos años posteriores a su cese. Durante su etapa como ministro de Defensa (2000-2004), Trillo adjudicó a Prosegur contratos por valor de 7,1 millones de euros.
[Fuente: Por José Luis Lobo, El Confidencial, Madrid, 14sep11]
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