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04oct19
El Gobierno asfixia la economía de los frailes del Valle de los Caídos
El Gobierno en funciones retendrá, por segundo año consecutivo, la asignación de 340.000 euros que está incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el mantenimiento de Cuelgamuros y cuyo destinatario es la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, organismo gestionado por la Abadía benedictina, según informaron fuentes gubernamentales a Vozpópuli.
La razón es la misma que el año pasado: la falta de claridad, a ojos del Ejecutivo en funciones, de las cuentas que gestionan los frailes benedictinos a través de esta fundación y que ya motivó en 2018 la congelación de esta partida, de la misma cuantía que este año ya que los PGE están prorrogados, así que el importe retenido hasta el momento asciende a 680.000 euros.
Patrimonio Nacional está al frente del patronato de dicha fundación y el año pasado tumbó los presupuestos presentados por la Abadía que dirige el prior Santiago Cantera por considerarlos deficitarios. Una decisión que no tenía precedentes y que el Gobierno de Pedro Sánchez adoptó tras varios requerimientos verbales y por escrito a la Abadía para que pusiese en orden las cuentas de Cuelgamuros.
La Fundación, por ejemplo, no tuvo CIF ni cuenta bancaria propia hasta hace unos años y desde el Gobierno se sospecha que los ingresos, en el que se incluyen las donaciones, no se corresponden a lo que declara esta entidad gestionada por la comunidad benedictina.
Información "insuficiente"
La asignación económica ahora bloqueada siempre ha estado incluida en los PGE, con un Gobierno de uno u otro signo, aunque fluctuaba en función de cada año. La subvención se ha destinado, básicamente, al sostenimiento de la escolanía benedictina que hay en el Valle de los Caídos, advierten a este medio fuentes de la Abadía. En 2017 ya hubo un "retraso notable" en la transferencia de la partida económica, según admitió el prior Cantera, y quedó bloqueada tanto en 2018 como ahora en 2019.
En Patrimonio reconocen que la comunidad religiosa ha entregado en los últimos meses información suplementaria sobre los ingresos y gastos de la Abadía, pero el Ejecutivo considera que las cifras son "insuficientes" y no desbloqueará en el último trimestre esta asignación incluída en los PGE. Así las cosas, sólo un cambio de Gobierno tras los comicios del 10-N podría levantar en diciembre el 'castigo económico' que pesa contra los frailes del Valle de los Caídos.
Otros fondos destinados al Valle
El pasado año se conoció a través de una respuesta parlamentaria que el Gobierno del PP invirtió 1,8 millones de euros en distintos trabajos de mantenimiento de la basílica y la cruz del Valle de los Caídos de 2012 a 2017, entre los que destacan la restauración de la portada de la basílica por 230.138 euros y el mantenimiento del funicular que sube a la cruz, que costó 189.353 euros.
Así constó en los datos de Patrimonio Nacional facilitados por el Gobierno al entonces senador de Compromís Carles Mulet, quien había pedido por escrito información detallada del coste que había tenido para las arcas públicas las reformas efectuadas en el conjunto del Valle de los Caídos desde la llegada del PP al poder.
Mulet obtuvo del Gobierno la información del coste habitual de este conjunto, incluidos los gastos de personal y corrientes. Por ejemplo, las reparaciones y obras de mantenimiento desde 2012 a 2017 fueron de 1.497.076 euros en el capítulo de inversiones y 308.047 euros en el de gastos corrientes. Estas cifras son distintas de la asignación anual que cada año se entregaba a la Fundación del Valle de los Caídos y que desde 2018 está bloqueada.
El Gobierno pide al TC que anule dos partes de una resolución del Parlament
El Gobierno ha pedido este viernes al Tribunal Constitucional (TC) que anule dos partes de una resolución aprobada recientemente por la mayoría separatista en el Parlament de Cataluña. Y ha pedido que se advierta nominalmente al presidente de la Cámara, Roger Torrent, y los miembros de la Mesa de sus eventualidades responsabilidades, incluso penales, si no cumplen con la suspensión.
El Consejo de Ministros ha planteado un incidente de ejecución de sentencia. Es decir, el Gobierno estima que la moción del Parlament ya incumple varias sentencias del Constitucional y por lo tanto no necesita un informe del Consejo de Estado para impugnarla. Esta vía, que el presidente Pedro Sánchez no había utilizado todavía, fue muy usada por el Gobierno de Mariano Rajoy durante el golpe separatista en 2017.
Los dos incidentes que llevará el Ejecutivo al TC se refieren a dos puntos de la resolución Propuestas para una Cataluña Real. El primero es el que "ratifica la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo catalán". El segundo es el que "reprueba" al rey Felipe VI.
"El Gobierno considera que la resolución incumple la sentencias del TC", ha dicho la ministra portavoz, Isabel Celaá.
"Pedimos la nulidad del contenido de las resoluciones. Hay una clara advertencia a los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña para que se abstengan de cualquier actuación contraria a la indicación del Tribunal Constitucional", ha añadido el ministro de Política Territorial, Luis Planas.
[Fuente: Por Jorge Sáinz, Vozpópuli, Madrid, 04oct10]
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